En el marco del trámite de la causa sobre la presunta defraudación cometida por las empresas de micros de Mar del Plata, investigadas por haber contratado a decenas de “choferes fantasma” con la aparente intención de cobrar de manera indebida millonarios subsidios de parte del Estado nacional, la Fiscalía solicitó la declinatoria de competencia a la Justicia Federal.
La causa, iniciada en abril del año pasado, estuvo a cargo del fiscal de Delitos Económicos Fernando Berlingeri, quien luego de haber acumulado una gran cantidad de testimonios y de elementos de prueba consideró que, por su naturaleza, a partir de ahora el tema debería seguir siendo investigado por el fuero federal, debido a que esta supuesta defraudación se realizó afectando fondos de la administración pública nacional.
El planteo realizado por la Fiscalía, fue convalidado por la titular del juzgado de Garantías Nº 3, Rosa Amanda Frende, quien ya requirió que el expediente pase a manos del fuero federal penal, desde donde se espera que en los próximos días sea adoptada una decisión.
La investigación se inició a partir de una denuncia del abogado Julio Hikkilo, integrante de la Casa de Trabajador, una ONG que había recibido testimonios de varias personas sorprendidas al descubrir que figuraban en registros de la Anses y la AFIP como choferes de las empresas 25 de Mayo, 12 de Octubre, El Libertador y Peralta Ramos.
Los autores de esas denuncias aseguraban nunca haber trabajado en esas compañías y afirmaban haber descubierto su situación cuando en ciertos casos tuvieron dificultades para percibir la Asignación Universal por Hijo.
Se llegó a la conclusión que la maniobra podría estar dirigida a lograr que el Estado nacional les aportara a las empresas una mayor cantidad de subsidios de los correspondientes, luego de haber incrementado de manera ficticia las nóminas de personal.
En la causa consta que por ejemplo la empresa 12 de Octubre contaba en diciembre de 2015 con 122 empleados declarados, cifra que en enero se elevó a un total de 253.
La 25 de Mayo, en tanto, declaró tener 578 empleados en diciembre de 2015 y en enero, 753. Durante la investigación, Berlingeri identificó en los formularios presentados por las empresas ante AFIP tres firmas: la de los empresarios Juan Inza y Diego Basílico y la del contador Federico Pomero.
Para el fiscal, la presencia de los “choferes fantasmas” tuvo como objetivo elevar el monto de los subsidios percibidos entre enero y marzo de 2016 por las empresas, permitiendo que todas ellas cobraran de manera indebida una suma estimada de 11,4 millones de pesos.
