Traslado del Dr. Berlingeri - Reasignación de investigaciones

INFORMAMOS

Que el Fiscal Fernando Berlingeri, ha sido designado para cumplir funciones en otra Unidad Fiscal, razón por la cual las investigaciones penales que lo tenían como titular (aproximadamente unas 700) serán reasignadas a los Fiscales Roberto Javier Pizzo y Carlos David Bruna.

A dicha tarea se debe sumar la de asumir la agenda de audiencias en juicio y etapa intermedia del Fiscal mencionado, y asimismo analizar y distribuir las investigaciones que ingresan mensualmente.

"El paradigma cambia y el sistema judicial todavía va a trote"

“Las carencias de recursos afectan directamente a la Justicia”

Así lo aseguró el fiscal de delitos económicos, Javier Pizzo, en un mano a mano en los estudios de Radio Mitre Mar del Plata. En este marco, reflejó las dificultades que presenta la falta de herramientas propicias para realizar las investigaciones.

 

 

El Fiscal de Delitos Económicos, Javier Pizzo, brindó un panorama de la actividad judicial en Mar del Plata y criticó la falta de recursos con las que cuenta el poder jurídico. Entre otras problemáticas, apuntó que las carencias presupuestarias y de infraestructura “afectan directamente a la Justicia”.

 

“Las estafas son múltiples, no es lo mismo una por internet, que una inmobiliaria o de automotores. Tenemos la carencia de recursos crónica conocida del Ministerio Público Fiscal. Esta competencia era abarcada por 6 fiscales, hoy somos 3, las obligaciones fueron en crescendo durante el tiempo. La dinámica social es más complejo y la necesidad de resultados de la gente es inmediata. El paradigma cambia y el sistema judicial todavía va a trote”, afirmó Pizzo en un mano a mano en los estudios de Radio Mitre Mar del Plata.

 

En este sentido, aseguró que se debe “poner arriba de la mesa los recursos que tiene una fiscalía para ver si es eficiente o no y evaluar si los objetivos se cumplen”, algo que “a veces al Poder Judicial no le gusta”.

 

Una de las problemáticas que tiene la fiscalía de delitos económicos es que “tiene una carga administrativa mayor” y pocos agentes. “Se atienden a 80 personas por día. Al mismo funcionario que está contestando una nulidad técnica, en una causa importante, después tengo que enviarlo a hacer un oficio o cartas por correo”, dijo el fiscal.

 

“Esto afecta directamente a la justicia. A las carencias que tenemos nosotros, que son muy importantes (falta de capacitación en algunos casos, no rendir cuentas) se suma a las carencias propias de una organización y a las otras presupuestarias”, aseveró Pizzo.

 

Asimismo, criticó las pocas herramientas con las que cuenta la Justicia:”Es necesario otorgarle recursos al poder judicial. En los delitos económicos tenemos un solo contador, que hace pericias contables (difícil explicarle a la gente que una pericia va a demanda un año)… A veces hago pasar a la gente que viene a reclamar para que mire, que conozca la dinámica, porque es difícil.  No podemos recoger pruebas por que sí, no es una serie americana”.

 

“La necesidad pasa por formar en gestión a los funcionarios y dinamizar las causas importantes. No podemos delegar en los cuerpos investigativos de la policía la investigación de funcionarios públicos, por lo que necesito mayor infraestrucutra”, detalló.

“Es imposible atender todos los casos”

En relación al trabajo cotidiano de la fiscalía, Javier Pizzo precisó que se enfocan en las organizaciones criminales, que son estructura que dañan más que las estafas. Además, apuntó que “es imposible que un operador judicial investigue 200 casos”.

 

“Lo que estamos tratando de hacer es dar respuesta a partir de organizaciones criminales. La fiscalía elevó a juicio a verdaderas organizaciones criminales, estructuras que dañan más que los 50 casos de la flagrancia que atendemos por fin de semana. El perjuicio económico de una defraudación es muchísimo mayor en las estafas. No podemos atender todos los casos, es literalmente imposible, siempre fue así. Hay muchas cosas que están ahí y es imposible que un operador judicial investigue 200 casos. Más en nosotros que no podemos delegar la investigación”, aclaró el fiscal.

 

Los delitos informáticos están en crecimiento y refleja distintos desafíos permanentes para el poder judicial. “Un francés compra en una tienda inglesa por internet con una tarjeta de un marplatense. Le gastan 1000 dólares y la investigación es más costosa que eso. Además, es difícil que terminemos arrestando al ciudadano francés”, ejemplificó.

 

“Nos preocupan las organizaciones. Que la gente sepa que si no puedo resolver el caso concreto, estoy detrás de una organización que puedo cortar un tema fuerte”, afirmó Pizzo y agregó que todo el tiempo tienen la mirada puesta sobre el funcionario público.

 

“Tenemos que hacer es ser prudentes cuando afectamos a cualquier ciudadanos. La mayoría de nuestros imputados son profesionales y tratamos de agilizar la causa en la medida de lo posible para que esa persona ejerza el derecho de defensa. Los intereses que promueven los delitos económicos también pueden ser políticos. Casi siempre son profesionales que aprovechan eso para ganar un beneficio, gente pensante, técnicamente preparada”, describió el fiscal.

Fuente:
https://elmarplatense.com/2017/11/14/las-carencias-de-recursos-afectan-directamente-a-la-justicia/

La “liga inmobiliaria”: investigan la participación de más personas

La Fiscalía de Delitos Económicos suspendió las audiencias indagatorias a los imputados por adquirir cocheras del edificio Semar XI en remates judiciales ya que el análisis de nuevos videos podría ampliar las responsabilidades.

 

La Fiscalía de Delitos Económicos suspendió las audiencias indagatorias de los siete imputados por la compra fraudulenta de cocheras del edificio Semar XI en subastas judiciales ya que los análisis de nuevos videos y la recolección de pruebas podría ampliar las responsabilidades y la cantidad de personas que participaron de las supuestas maniobras ilícitas.

 

En un primer momento, la investigación que lleva el fiscal Javier Pizzo se había centrado en siete casos de estafas procesales para que cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- llegaran a remate judicial. Sin embargo, con el correr de los días, se detectaron nuevas situaciones similares que podrían estar enmarcadas en los mismos delitos y con participantes que se repiten.

 

Hasta el momento, el fiscal Pizzo imputó por “estafas procesales” al mandatario del consorcio que administra el edificio Semar XI y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a tres compradores.

 

La causa fue sumando pruebas y, tras el análisis de videos por el desarrollo de otros remates judiciales en los que se habría desarrollado la actividad de manera irregular, el fiscal Pizzo evalúa imputar a otras personas e incluso ampliar la calificación del hecho.

 

La necesidad de una investigación integral

 

Como ya publicó LA CAPITAL, existieron antecedentes de esta supuesta “liga de compradores” que opera en remates judiciales y que fue denunciada en más de una oportunidad por personas que quisieron participar de esos remates y se sintieron coaccionadas para ejercer su derecho de comprador con libertad.

 

Esas causas fueron desestimadas en su momento ya que, para los fiscales competentes, no hubo un hecho delictivo que mereciera una investigación.

 

Sin embargo, y a raíz de la investigación iniciada por la Fiscalía de Delitos Económicos por “estafas procesales”, Pizzo en un escrito le manifestó al fiscal general Fabián Fernández Garello la posibilidad real de la existencia de una organización delictiva dedicada a adquirir bienes en las subastas judiciales, conocida públicamente bajo el nombre de “La liga”.

 

Es que, para el fiscal Pizzo, lo que advirtió en los videos y en su investigación excede a “actitudes coactivas independientes” y podrían estar enmarcadas en una actividad de una sociedad ilícita que perdura en el tiempo.

 

Pero, como la coacción durante una compra en un remate judicial ya fue desestimada en su momento por un fiscal independiente, Pizzo le manifestó a al fiscal general Fernández Garello la “necesidad de englobar las acciones en una investigación con una mirada integral” para poder desenmascarar a una organización delictiva que opera a la vista de toda una ciudad y el sistema judicial.

 

Estafas en el edificio Semar XI

 

Las estafas investigadas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras del edificio Semar XI tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.

 

Para el fiscal Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez civil y comercial, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.

 

El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en un fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente a ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.

 

“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descrito, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales en Mar del Plata.

 

Fuente: Diario La Capital de Mar del Plata

http://www.lacapitalmdp.com/la-liga-inmobiliaria-investigan-la-participacion-de-mas-personas/

La Liga: imputan a integrantes de un consorcio y compradores

La Fiscalía de Delitos Económicos investiga a seis personas por “estafas procesales” realizadas para adquirir cocheras del edificio Semar XI en remates judiciales. La práctica quedó expuesta en un fallo de la Cámara de Apelaciones que menciona una “liga de compradores”.

 

La Fiscalía de Delitos Económicos imputó a seis personas en el marco de una investigación por la compra fraudulenta de cocheras en subastas judiciales. Una de esas operaciones irregulares motivó al fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló la transacción y expuso la actividad de una “liga de compradores” que actúa como mafia en los remates judiciales realizados en la ciudad.

 

La investigación que lleva la fiscalía se centra en siete casos de estafas procesales para que cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- llegaran a remate judicial.

 

Estas estafas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.

 

Para el fiscal Javier Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas, con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.

 

Basándose en la hipótesis de “estafas procesales” que perjudican principalmente a los propietarios de los inmuebles, el fiscal imputó al mandatario del consorcio y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a dos compradores. Se espera que en los próximos días los imputados declaren en la Fiscalía de Delitos Económicos y no se descarta que se amplíen pruebas y se sumen otras declaraciones a la causa.

 

El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en el fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente y ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.

 

“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descripto, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales.

 

Fuente:

Diario La Capital

http://www.lacapitalmdp.com/la-liga-imputan-a-integrantes-de-un-consorcio-y-compradores/

Elevación a Juicio - Estafas por Internet

 

Por una serie de 30 hechos cometidos entre 2011 y 2016, los agentes fiscales Javier Pizzo y David Bruna solicitaron a la Jueza de Garantías Rosa Frende, la elevación a juicio de Néstor Martín Giménez; María del Carmen Olalla; Bianca María Saborido y Adolfo Julio Rodríguez por surgir elementos de convicción que permitieron acreditar los delitos de estafas reiteradas.

Los 30 hechos delictivos cometidos se dieron en el marco de falsas operaciones inmobiliarias por parte de Giménez y demás partícipes de estas maniobras que consistieron en el armado de publicaciones de supuestos alquileres de inmuebles a turistas durante las temporadas estivales, a través de los sitios de internet OLX y Mercado Libre y con utilización de nombres y denominaciones falsas, a los fines de hacer incurrir en el pago de un depósito previo por cuenta bancaria a cada una de las víctimas que al momento de llegar a la ciudad de Mar del Plata para establecer contacto con el falso operador inmobiliario y obtener la llave de ingreso al inmueble esto nunca sucedería.

 

Por ejemplo, en uno de los hechos descriptos la hipótesis acusatoria sostiene que, el día 20 de diciembre de 2011, Giménez realizó una publicación en el sitio OLX.com bajo el lema "Dpto. Güemes 3 ambientes aproveche febrero" relativa al alquiler de un departamento situado en calle Güemes y Gascón de esta ciudad, por un costo total de tres mil cuatrocientos pesos (3.400) desde el 9 al 29 de febrero de 2012, empleando para ello el supuesto nombre de "Raúl Costa" de "Inmobiliarias del Este S.A." y como datos de contacto dos números de télefono y la dirección de correo electrónico murphypropiedades@hotmail.com.ar, recibiendo comunicación por parte de una interesada a fin de coordinar distintos aspectos de la operación comercial propuesta.

 

La víctima -en la creencia de que se trataba de un anuncio de operación comercial lícita- procedió el día 5 de febrero de 2012 a abonar la suma de mil setecientos pesos (1700) en concepto de reserva de alquiler del inmueble, en la Cuenta N° 121-368714/5 del Banco Santander Río cuya titularidad recae en Néstor Martín Giménez.

 

Al arribar a Mar del Plata la víctima junto a su esposo procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, al constituirse en el domicilio indicado por "Raúl Costa" (Giménez) como perteneciente a la Inmobiliaria, no halló local alguno ni pudo ubicar el departamento alquilado, no pudiendo tener respuesta positiva por parte del denunciado por lo que ella se vio perjudicada por la maniobra ocasionándole un perjuicio patrimonial.

 

En otras de las maniobras Olalla, Saborido y Rodríguez fueron partícipes necesarios para completar las falsas operaciones ejecutadas por Giménez, tanto en la facilitación de cuentas bancarias para el pago de depósitos como así también en la titularidad de los teléfonos que correspondían a supuestas inmobiliarias.

 

Cabe señalar que Giménez ya se encuentra detenido en el marco de otra causa que se tramita en la Fiscalía de Delitos Económicos a la espera del debate oral y público en el Juzgado Correccional N° 1, en la que se lo sindica de haber usurpado un inmueble que le pertenece a la Asociación de Cooperadoras de los Hospitales HIGA e HIEMI, para luego alquilarlos y/o venderlos a terceros de buena fe.

 

Fuente:

Prensa Fiscalía General

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/2017/09/fiscalia-nro-10-delitos-economicos_22.html

 

 

 

 

Aumentan los casos de novedosas estafas informáticas en la ciudad

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos llevan a cabo en los últimos meses investigaciones que comprueban la existencia de nuevas modalidades delictivas mediante la extracción de información personal de entidades financieras y crediticias. El objetivo es la venta de esos datos por mercados negros en internet o bien hacer transferencias entre cuentas bancarias, para luego utilizar ese dinero en gastos online. Hay centenares de causas en Mar del Plata.

 

Los avances tecnológicos ponen a prueba a la justicia local a raíz de distintas causas que investigan nuevas y sofisticadas estafas informáticas que afectaron, y perjudican, a centenares de marplatenses.

La Fiscalía de Delitos Económicos trabaja en los últimos meses en novedosos casos, en los cuales se detecta a organizaciones criminales online que se dedican a llevar a cabo constantes delitos en las redes con el robo de datos personales. También corroboraron que esos hechos los pueden cometer también pequeños grupos de sujetos con amplios conocimientos en ciberataques.

En diálogo con El Marplatense, Javier Pizzo, fiscal de esa unidad temática, brindó detalles sobre las nuevas formas de cometer delitos por internet: “Esta fiscalía interviene en lo que son estafas informáticas que en los últimos años han crecido de manera sistemática y que realmente exigen que pongamos una determinada cantidad de recursos en esa materia puntual”.

 

“Las modalidades que la justicia tiene que encontrarse son varias, el Código Penal establece principalmente dos artículos para este tipo de modalidades: 173 inciso 15 y 16. Las modalidades principales son los ilícitos de tarjetas de crédito, que se caracteriza por las grandes dificultades que hay para su investigación”, contó el investigador, quien continuó: “Lo que se ha detectado es que los datos de las tarjetas de crédito pueden estar en grandes bases de datos y esta información se puede vender a la Dark Web (web oscura), que es el modo en el que las organizaciones criminales le brindan información a aquellos que las quieran comprar ilícitamente”.

 

Es decir, la justicia local ha verificado cómo bandas internacionales, o algunas del país, vulneran servidores de entidades bancarias, crediticias (entre otras) para apropiarse de cientos datos personales y así venderlos en mercados informales que existen en internet. De esa forma, el robo se concreta con la venta de esos paquetes de información financiera a otros grupos que lo comercializan a particulares que pretenden utilizar ese dinero para el consumo en los sitios de compra. Los ejemplos más comunes son viajes al exterior y productos electrónicos.

 

Sobre un caso ya desbaratado y que tuvo como víctima a “un reconocido perito”, Pizzo ejemplificó: “Los datos de su tarjeta habían sido utilizados para la compra de un producto en un lugar en Londres y logramos determinar que ese producto se había comprado desde Francia. Hay dificultades probatorias porque hay que realizar oficios internacionales, tener conocimientos en inglés y sobre ese tipo de comercio”. “Requiere bastantes desafíos desde el punto de vista investigativo. La empresa de servicios de esa tarjeta le reconoció al damnificado el momento que había sido sustraído”, concluyó con el caso.

“Nosotros no nos encargamos de resarcir, eso lo tendrá que hacer la persona con la empresa. Buscamos que se haga un acuerdo entre las partes y se finaliza la investigación. Nosotros licuamos las investigaciones, tratar de detectar de donde se hicieron las compras e identificar a los responsables. Son penas de uno a seis años”, explicó. “Las dificultades, en proporción a los recursos que tenemos y a los gastos que le demanda del Estado, son diversas”, reconoció.

 

Consultado sobre si hay formas de prevenir estos hechos, informó que “la prevención existe en cuanto a las empresas financieras que tienen que tomar medidas para proteger sus bases de datos y la persona lo que puede hacer es verificar bien cuando llegue un mail y los enlaces a los cuales se los invita a ingresar”. “Cuando se ingresa al home banking, por ejemplo, no escribir en el teclado físico sino usar el virtual. Si alguien es usuario de la página de una entidad bancaria que la ingrese en favoritos y utilice siempre la misma porque las organizaciones criminales lo que hacen es pagar para que aparezca en Google primero el aviso de una página clonada”, agregó.

“Esta modalidad afecta a profesionales, a funcionarios de todo tipo, no hay ningún tipo de victima elegida, todo aquel que tenga tarjeta y maneje dinero puede ser víctima”, aseguró.

A su vez, Pizzo señaló que otra modalidad es “la transferencia ilícita de datos de cuentas bancarias a otras cuentas bancarias”. Contó que esa modalidad se denomina “Fishing” porque “es una pesca de un dato”. “Se roban los datos de la tarjeta de crédito, se transfiere a la cuenta de otra persona, víctima, y recién ahí se hacen compras”, precisó.

 

Al respecto, aclaró que “hay personas que reciben en su cuenta dinero y hacen la denuncia, pero otras no se dan cuenta porque ese dinero entro dos o tres días y luego desapareció”. “Hay víctimas temporales, porque las personas son utilizadas campo derivación lógica para seguir simulando la maniobra”, puntualizó el fiscal.

 

Para Pizzo, “son organizaciones criminales que tienen a personas con técnicas especializadas y que requieren de parte del ministerio Publico y Fiscal grandes esfuerzos investigativos y gente capacitada captando este tipo de criminalidad”. “No son tareas sencillas porque trabajan de manera rápida y profesional”, sostuvo.

Acerca del avance de las causas que interviene la fiscalía, respondió: “Tenemos una investigación que ha logrado determinar treinta diferencias y tenemos a siete imputados ya procesados. Vamos avanzando, pero hay cada vez mayor cantidad de denuncias que ingresan y tratamos de darle prioridad a las de mayor relevancia”. “Vamos avanzando, lo que ocurre que es cada vez mayor la cantidad de casos que ingresan a la fiscalía”, afirmó.

 

Por otra parte, dio cuenta de otra forma de estafa, una manera que en Mar del Plata se suele utilizar en verano con el alquiler de departamentos: “La tercera modalidad se da bajo estafas genéricas en donde alguien invita a alquilar un inmueble y cuando se realiza el pago se dan cuenta que la propiedad no existe”.

Hay más de 150 causas abiertas en Mar del Plata por estas estafas informáticas y una importante cantidad de investigaciones concluidas. Sin embargo, desde la fiscalía de Delitos Económicos se advierte un incremento de hechos que pone en jaque a un sistema judicial debilitado en cuanto a la proporción de recursos y a la creciente demanda de casos.

 

Nota relacionada:

Reportaje para Canal 8: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-3mLzdLD5MQ

 

Fuente: Nota en "El Marplatense":

https://elmarplatense.com/2017/09/03/crecen-los-casos-novedosas-estafas-informaticas-la-ciudad/

Piden elevar a juicio una causa por estafas en Balcarce

Lo solicitó en las últimas horas la Fiscalía de Delitos Económicos. Se encuentran imputados el presidente de Auto Club Balcarce, José Antonio Martínez, y Maximiliano Martín Acuña, Néstor Alberto Sarlo y Walter Marcelo Calandra, otras personas ligadas a la entidad.

 

La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó en las últimas horas a la Justicia de Garantías que llegue a juicio oral y público la causa en la que se encuentran imputados el titular del Auto Club Balcarce, José Antonio Martínez, Maximiliano Martín Acuña, Néstor Alberto Sarlo y Walter Marcelo Calandra por los delitos de “Defraudación por Administración Fraudulenta e Insolvencia Fraudulenta.

 

Según explicó, de la investigación penal preparatoria que realizaron los fiscales especializados surgieron “elementos de convicción suficientes” como para tener por acreditado que durante el 20 de septiembre de 2012 y el 30 de abril de 2013 el presidente de la entidad realizó diversas maniobras ilícitas.

 

En septiembre de 2012 asentó en el libro de Actas del Auto Club Balcarce la Asamblea General Ordinaria mediante la cual se aprueba una cesión de trece hectáreas anexas al kartódromo a un grupo inversor para solucionar el inconveniente de la hipoteca que pesa sobre el predio. Esta asamblea con fecha 17 de diciembre de 2014 fue declarada irregular e ineficaz por parte de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, ello por no resultar válida la reunión de directores que la convoca y por no haberse consignado en el orden del día con exactitud el tema en tratamiento de tan relevante importancia. Esta acta asamblearia es suscripta por Martínez y el Secretario de la entidad Maximiliano Acuña, obrando asimismo cuatro firmas más ilegibles. Cabe referir que a simple vista surge que estas cuatro firmas fueron estampadas con una lapicera distinta.

 

En febrero de 2013, mediante Escritura ante el Escribano Néstor Sarlo, José Antonio Martínez -en su calidad de Presidente del Auto Club Balcarce- vendió la fracción de campo propiedad de la entidad a favor de la sociedad Faro La Providencia S.A., representada por Walter Marcelo Calandra en su calidad de Presidente de la misma (constituida por una superficie de más de 21 hectáreas) en la suma de $ 159.358, monto muy debajo de su valor real, e incluso de su valuación fiscal, la cual asciende a la suma de dos millones cincuenta y cinco mil ochocientos pesos ($ 2.055.800). Esta escritura traslativa de dominio fue realizada sin haberse mencionado en la misma las actas asamblearias que acrediten la conformidad de los asociados de la venta del bien en cuestión, pues solo se mencionan en el cuerpo de la escritura y adjuntan a ella como documentación anexa las actas realizadas por la Comisión Directiva, en las que se puede leer la firma de José Antonio Martínez y Maximiliano Acuña entre otras pocas.

 

De esta manera, Martínez hizo desaparecer el único bien que integraba el patrimonio de la entidad Auto Club Balcarce frustrando de esta manera las obligaciones civiles emergentes de diversos juicios entablados en contra de la entidad, perjudicando así los intereses de los actores en estos procesos en trámite, al haber sacado ese bien del patrimonio del club.

 

Según sostiene la investigación, Martínez pudo realizar estas maniobras gracias a la cooperación necesaria de Maximiliano Martín Acuña, quien en su calidad de Secretario del Auto Club Balcarce participó conjuntamente con el nombrado en la confección de las actas de la comisión directiva que fueron utilizadas en la Escritura traslativa de dominio; de Walter Marcelo Calandra, quien intervino en la operación de compraventa referida, en calidad de Presidente de la sociedad compradora Faro La Providencia S.A.; y de Néstor Alberto Sarlo, quien en su carácter de Notario autorizante posibilitó el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, que permitió el desprendimiento del bien en perjuicio de los acreedores del ente.

 

Para los fiscales, quedó probado que el principal referente del Auto Club Balcarce hizo “todos los actos tendientes a obtener el traspaso a su favor del único bien que conformaba el patrimonio del ente al que representa a través de engaños efectuados a los asociados del club”, además de abultar la cantidad de asociados del ente incorporando en el Libro de Asociados nombres y datos de personas que obtenía en otras circunstancias sin que estas tuvieran conocimiento alguno de ello.

 

Fuente: Nota en "El Marplatense"

https://elmarplatense.com/2017/09/07/piden-elevar-juicio-una-causa-estafas-balcarce/

Advierten a jubilados por reiteradas estafas telefónicas en la ciudad

 

Después de que fuera desbaratada una banda en la que estaban involucradas ocho personas de la comunidad gitana por cometer estafas telefónicas a personas mayores, desde la Fiscalía de Delitos Económicos advirtieron a jubilados por la reiterada cantidad de hechos que se enmarcan en esta modalidad delictiva, conocida como “cuento del tío”.
 

“Tenemos permanentemente denuncias sobre este hechos conocidos como ‘cuentos del tío, que se realizan a través de llamados telefónicos”, aseguró a El Marplatense el fiscal Fernando Berlingeri.
 

Al puntualizar en algunas recomendaciones y advertencias para no caer en este tipo de hechos, el representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que si hay temas vinculados al dinero, “no existe motivo alguno por el cual un funcionario de un banco o un contador vaya hasta a un domicilio y retire dinero”.
 

“Este tipo de operaciones no existen como tampoco esta venta de dólares apresurada por una supuesta devaluación”, sostuvo el agente fiscal, quien también reconoció que en este tipo de hechos, los estafadores colectan datos personales de las víctimas “a medida de que van hablando con las personas”.
 

Ante esa situación, Berlingeri instó a que si en el llamado la persona de la tercera edad “cree que está hablando con el sobrino o con el nieto, en vez de responder preguntas, debe hacerlas”. “Tiene que preguntarle a ese supuesto sobrino o nieto, referencias personales”.
 

Asimismo, el fiscal de Delitos Económicos señaló que bajo esta modalidad, los llamados, haciéndose pasar por presuntos familiares, siempre están dirigidos a teléfonos fijos ya que se efectúan a partir de una búsqueda en la guía telefónica. “Son muy parecidas las frases, las formas y los motivos que adjudican para realizar el cambio de dinero”, indicó.
 

“Antes de abrir la puerta a cualquier persona que no conocen, hay que llamar al 911 o a la empresa de la cual la persona dice venir en representación”, aconsejó, y concluyó: “Si es un edificio, no tienen problema en presentarse igual. El llamado por el portero eléctrico y que el abuelo baje, ya tienen el 80 por ciento de la operación cumplida”.

 

 

Fuente: Nota en "El Marplatense".

https://elmarplatense.com/2017/06/15/advierten-jubilados-por-reiteradas-estafas-telefonicas-en-la-ciudad/

Ofrecimiento de prueba - Causa "Ambulancias"

 

Luego de diversos planteos formulados desde 2013 por parte de la defensa y rechazados en su totalidad a través de las instancias correspondientes, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal confirmó la elevación a juicio de la causa 256788/08 realizada en el 2013 por el Ministerio Público y en la que, finalmente, la Fiscalía de Delitos Económicos imputó a 8 personas acusadas de integrar una asociación ilícita que brindó irregularmente servicios médicos y de traslado de ambulancias.

Además, algunos de los acusados fueron imputados por los delitos de falsificación de sellos y falsificación de instrumentos privados, tenencia de material destinado a la falsificación, lesiones graves dolosas, estafa continuada, defraudación contra la administración pública y falsificación ideológica de instrumento público.

Cabe señalar que las lesiones mencionadas se dieron por la aplicación de una droga por parte de personal que no era médico ni enfermero legalmente habilitado.

Por otra parte, las estafas continuadas fueron realizadas en perjuicio del EMDER y de escuelas privadas y públicas de esta ciudad, como así también de clínicas y otros centros de salud privados.

 

La investigación llevada adelante por el Agente Fiscal David Bruna, se inició el 29 de enero de 2008 y debido a la complejidad del caso -44 hechos cometidos- y la cantidad de personas involucradas tanto víctimas como imputados, fue a principios de 2013 que culminó dicha etapa por lo que, inmediatamente, realizó la solicitud de elevación a juicio el día 2 de febrero de ese año. 

De esta manera, la Fiscalía ya hizo el ofrecimiento de prueba para la realización del debate y se encuentra a la espera de la fijación de la fecha por parte del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4.

 

Fuente: Prensa Fiscalía General

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/2017/08/fiscalia-nro-10-delitos-economicos_10.html

Elevación a Juicio - Causa Viglione

El fiscal Fernando Berlingeri solicitó que se juzgue al "analista" y a María Larsen. Pidió el sobreseimiento de la esposa del periodista y de Mariano Román.

 

Por 87 casos de estafa registrados entre 2008 y 2015 en los que se valió "de la credibilidad y popularidad que le otorgaba la conducción de un programa radial" para obtener el dinero de sus víctimas, el fiscal Fernando Berlingeri pidió la elevación a juicio de la causa que se le sigue a Daniel Viglione. La medida también alcanza a María Larsen pero no a Claudia Fernández y Mariano Román para quienes solicitó el sobreseimiento.

 

A nueve meses de su detención, la fiscalía cerró esta etapa de investigación al considerar probada la veracidad de 87 denuncias mientras otras que se incorporaron más tarde forman parte de otro expediente. En el pedido a la Justicia de Garantías se ubica temporalmente a los hechos entre 2008 y 2015.

 

En el requerimiento se considera al "analista de mercados a futuro" como autor de todos los casos mientras que Larsen figura en tres hechos como coautora y en otros cincuenta y dos como partícipe primaria.

 

En virtud de las resoluciones de la Procuración General  de la Suprema Corte de Justicia, la fiscalía estimó procedente aplicar la celebración de un juicio abreviado.

 

Fuente: 0223.com.ar

https://www.0223.com.ar/nota/2017-8-10-8-41-8-caso-viglione-pidieron-la-elevacion-a-juicio-por-87-casos-de-estafa

Confirman Elevación a Juicio en Causa "PROCREAR"

La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal no dio lugar a la oposición formulada por la Defensa al rechazar la solicitud de sobreseimiento de los coimputados y aceptar los fundamentos previstos por la Fiscalía de Delitos Económicos en la denominada causa "PROCREAR".

De esta manera quedó confirmada la elevación a juicio de Pablo Augusto Aquino y de Natalia Vaccaro, imputados como autor y partícipe necesario, respectivamente, en los delitos de Estafa (52 hechos en concurso real) de los que resultaron víctimas más de cien personas.

 

Por su parte el Agente Fiscal Javier Pizzo realizó el ofrecimiento de prueba correspondiente al Juzgado Correccional N° 5 de este Departamento Judicial por lo que se espera que a la brevedad se fije la fecha de debate oral.

 

Cabe recordar que, entre los meses de marzo del año 2014 y enero de 2015, Pablo Augusto Aquino, mediante el ardid consistente en aparentar empresa, simulando la existencia de una organización destinada a la construcción de viviendas denominada "Modularq Empresa Constructora" que publicitaba a través de internet y a la que hacía responsable civil, laboral y penalmente por las contingencias que pudieren surgir de los contratos, para cuya pantalla además instaló oficinas que mudó en diversas oportunidades, y manifestando poseer influencias para contratar cooperativas municipales con el fin de abaratar costos de construcción en razón de su condición de empleado municipal, a sabiendas que no poseía solvencia ni infraestructura suficiente y por ello que no cumpliría lo que pactaba en el contrato que suscribía, hizo incurrir en error a distintas personas, todas ellas beneficiarias del plan (Procrear), quienes firmaron con la inexistente empresa "Modularq Empresa Constructora" representada por Aquino, un contrato a los fines que la misma construyera una vivienda unifamiliar para lo cual abonaron a este último grandes sumas de dinero, habiendo sido perjudicados, casi en la totalidad de dichas sumas por haberse cumplimentado, según el caso, desde el pilar de luz hasta el 30% de la obra.

 

La conducta señalada anteriormente contó con la participación secundaria de Natalia Vaccaro quien se presentaba como vicepresidente de la falsa firma, y se reiteró en 52 oportunidades, resultando víctimas más de cien personas.

 

Fuente: Prensa Fiscalía General

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/2017/08/fiscalia-nro-10-delitos-economicos.html

 

Detenido tras ofrecer rodados por Internet, estafando a los interesados

Un hombre de 51 años acusado de estafar a varias personas simulando la venta de un camión que publicaba en distintos sitios de internet fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán mientras avanza la causa para identificar a algunos de sus cómplices. En el marco de la misma investigación se analizan una docena de hechos similares ocurridos en Mar del Plata por un monto cercano a los tres millones de pesos.

La detención de Alejandro Ferri ocurrió el jueves pasado a las nueve de la mañana luego de que concertara una reunión en Constitución y Ruta 2. En el lugar secuestraron un camión Mercedes Benz de color blanco y un vehículo Chevrolet Atra. El imputado de estafa quedó a disposición de la fiscalía de Delitos Económicos.

La investigación avanzó a partir del compromiso de una de las víctimas de esta operatoria tras advertir que el mismo vehículo con el que había sido engañado estaba nuevamente publicado a la venta. El denunciante se acercó al Gabinete de Delitos Económicos de la Dirección Departamental de Investigaciones quienes comenzaron las tareas para neutralizar a una pieza fundamental de la banda.

Ferri y sus cómplices actuaban de la misma manera: publicaban vehículos –especialmente de gran porte- a través de internet y al ser contactados por los damnificados generaban un encuentro en la vía pública. Allí acudían en dos rodados y solicitaban la entrega de dinero en efectivo o cheques como adelanto de precio. 

Los sujetos dejaban el camión en el lugar y convencían a las víctimas de seguirlos hacia una escribanía o gestoría para confeccionar la documentación relacionada a la operación. En ese viaje evadían a los compradores y cuando estos regresaban al lugar de encuentro inicial, se percataban que el “rodado adquirido” ya no estaba allí.

Con esa “mecánica de trabajo” ocurrieron más de una docena de hechos en Mar del Plata y se estima que, sumando el dinero en efectivo mencionado por las víctimas, las operaciones superan los tres millones de pesos.

Declinatoria de competencia en la causa de "choferes fantasmas"

En el marco del trámite de la causa sobre la presunta defraudación cometida por las empresas de micros de Mar del Plata, investigadas por haber contratado a decenas de “choferes fantasma” con la aparente intención de cobrar de manera indebida millonarios subsidios de parte del Estado nacional, la Fiscalía solicitó la declinatoria de competencia a la Justicia Federal.

La causa, iniciada en abril del año pasado, estuvo a cargo del fiscal de Delitos Económicos Fernando Berlingeri, quien luego de haber acumulado una gran cantidad de testimonios y de elementos de prueba consideró que, por su naturaleza, a partir de ahora el tema debería seguir siendo investigado por el fuero federal, debido a que esta supuesta defraudación se realizó afectando fondos de la administración pública nacional.

El planteo realizado por la Fiscalía, fue convalidado por la titular del juzgado de Garantías Nº 3, Rosa Amanda Frende, quien ya requirió que el expediente pase a manos del fuero federal penal, desde donde se espera que en los próximos días sea adoptada una decisión.

La investigación se inició a partir de una denuncia del abogado Julio Hikkilo, integrante de la Casa de Trabajador, una ONG que había recibido testimonios de varias personas sorprendidas al descubrir que figuraban en registros de la Anses y la AFIP como choferes de las empresas 25 de Mayo, 12 de Octubre, El Libertador y Peralta Ramos.

Los autores de esas denuncias aseguraban nunca haber trabajado en esas compañías y afirmaban haber descubierto su situación cuando en ciertos casos tuvieron dificultades para percibir la Asignación Universal por Hijo.

Se llegó a la conclusión que la maniobra podría estar dirigida a lograr que el Estado nacional les aportara a las empresas una mayor cantidad de subsidios de los correspondientes, luego de haber incrementado de manera ficticia las nóminas de personal.

En la causa consta que por ejemplo la empresa 12 de Octubre contaba en diciembre de 2015 con 122 empleados declarados, cifra que en enero se elevó a un total de 253.

La 25 de Mayo, en tanto, declaró tener 578 empleados en diciembre de 2015 y en enero, 753. Durante la investigación, Berlingeri identificó en los formularios presentados por las empresas ante AFIP tres firmas: la de los empresarios Juan Inza y Diego Basílico y la del contador Federico Pomero.

Para el fiscal, la presencia de los “choferes fantasmas” tuvo como objetivo elevar el monto de los subsidios percibidos entre enero y marzo de 2016 por las empresas, permitiendo que todas ellas cobraran de manera indebida una suma estimada de 11,4 millones de pesos.

Desarticulan organización criminal dedicada a la transferencia ilegal de inmuebles

Tras una nueva megacausa llevada adelante por la Fiscalía especializada en Delitos Económicos se logró desbaratar una organización criminal dedicada a elaborar y utilizar documentos privados y públicos falsos con el objeto de transferir ilegalmente la titularidad de inmuebles registrados ante la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, y obtener  su disponibilidad jurídica para apoderarse en forma deliberada de ellos, para sí o para eventuales compradores.

Sin poder precisarse fecha exacta, durante el período comprendido entre los años 2013 y 2016, al menos 16 sujetos y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada, formaron parte de esta organización.

Cabe señalar que entre los miembros de esta asociación ilícita se encontraban 8 abogados; 2 escribanos, 1 abogado del Registro de la Propiedad Inmueble, 1 agrimensor, un imprentero, comerciantes y empresarios.

El grupo tenía como objeto mediante la misma mecánica, obtener del Registro de la Propiedad mediante la presentación de instrumentos públicos apócrifos, la inserción o levantamiento de providencias cautelares personales en perjuicio del organismo oficial que las había dictado o solicitado oportunamente.

La organización era liderada por los abogados y en ella participaban entre otros un escribano, un agrimensor, un imprentero, gestores y comerciantes.

La investigación fue iniciada en setiembre de 2016 y cuenta a la fecha con 14 cuerpos y 2746 fojas, en la misma se efectuaron numerosos allanamientos en Mar del Plata, y la zona y asimismo en la ciudad de La Plata.

Hasta el momento se verificó la transferencia ilegal de 28 inmuebles (lotes, cocheras, departamentos y el intento de transferencia de un campo de 100 hectáreas valuado en 700 mil dólares), lo que da cuenta de las sumas millonarias comprometidas en las maniobras delictivas. Se infiere que pueden ser aún más los inmuebles que formen parte de las mismas.

Se sospecha asimismo de un abogado que cumple funciones en la Dirección Técnica del Departamento Jurídico del Registro de la Propiedad Inmueble con sede en la ciudad de La Plata quien desde su puesto de trabajo le aportaba información sobre las condiciones de los inmuebles y sus titulares, y respecto de los movimientos que generaban los expedientes impulsados por el grupo dentro de ese organismo estatal (resulta necesario poner de manifiesto que las autoridades actuales del Registro de la Propiedad Inmueble se encuentran colaborando con la investigación).

Los integrantes del grupo captaban interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaban información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas para tomar posesión de los mismos de un modo que no se ha determinado aún; esto es, principalmente inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello, o cuyos titulares registrales evidenciaban en organismos públicos desinterés en el inmueble mediante el incumplimiento del pago de impuestos o servicios, o aquellos en los cuales los titulares o adquirentes procuraban no informar la operación comercial ante los organismos fiscales, o bien poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.

Para instrumentar las maniobras diseñadas, se elaboraban generalmente instrumentos públicos falsos consistentes en Folios de Seguridad utilizados por Organismos Jurisdiccionales, Testimonios y Oficios Judiciales y actuaciones notariales.

Estos documentos simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien si existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en los obrados. En ellos, se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de Organismos Públicos y de Magistrados y Funcionarios Judiciales y Escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.

Una vez elaborados, los instrumentos falsos mediante los cuales los Jueces supuestamente ordenaban medidas que constituían, transmitían, declaraban, modificaban o extinguían derechos reales sobre inmuebles, o bien disponían el levantamiento o inscripción de medidas cautelares, eran presentados ante la sede principal de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires o sus delegaciones, con el fin que allí se efectuaran las inscripciones y las anotaciones necesarias para alterar la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y permitir que integrantes de la organización por sí o por interpuestas personas, o bien ocasionales cómplices convocados por otros miembros del grupo, obtuviesen su disponibilidad jurídica sin conocimiento de los legítimos propietarios, sus herederos, o el Fisco de la Provincia según el caso.

La presentación de la documentación falsa ante el Registro de la Propiedad Inmueble podía hacerla cualquiera de los integrantes del grupo, aunque generalmente para ello se utilizaban las labores del abogados o gestores con residencia en La Plata.

A su vez, para consumar otra de las mecánicas diseñadas, otros integrantes del grupo representados legalmente en todos los casos por los abogados del mismo, promovían juicios ejecutivos -generalmente por ante el Juzgado de Paz de Villa Gesell o bien el Juzgado Civil y Comercial Nro. 4 de Dolores-contra los titulares registrales de los inmuebles que interesaban, sentando las bases informativas sobre las cuales luego se confeccionarían los instrumentos públicos falsos.

Además de los imputados por formar parte de la Asociación Ilícita han sido procesadas otras 21 personas por los delitos de Falsificación de documentos Públicos y Privados falsos, y Estafas ( art. 292, 296 y 172 del C.P.) alcanzando el numero de Imputados hasta la fecha a 37.

No se descarta la participación de mas personas.

Desde el Juzgado de Garantías Nro. 3 a cargo de la Dra. Rosa Frende, interviniente se ha dictado haciendo lugar al pedido de los Fiscales, la prohibición de salida del País para los imputados de la asociación ilícita, la inhibición general de bienes para todos y asimismo la prohibición de innovar en relación a todos los inmuebles asegurando su indisponibilidad.

A su vez e ha dispuesto la comunicación al Sr. Ministro de Economía y al directora del Registro de la Propiedad Inmueble las irregularidades advertidas, sugiriendo asimismo ampliar auditorías en relación a la transferencia de inmuebles ordenadas por Juzgados de Paz y Juzgados Civiles en toda la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas que se disponen en la investigación.

Asimismo se ha puesto en conocimiento del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia la resolución de designación de audiencia a tenor del art. 308 del CPP toda vez que algunos de los inmuebles que fueran transferidos ilegalmente, serian titularidad de personas que han fallecido sin dejar herederos .

El Registro de la Propiedad Inmueble ha informado a esta Fiscalía, que en virtud de haberse advertido irregularidades en registraciones de documentos judiciales, que el 12 de diciembre de 2016 se dispuso que en forma obligatoria personal del Departamento de Registraciones y Publicidad debe constatar la autenticidad del Juzgado emisor del folio se seguridad para verificar si el mismo corresponde al juzgado de origen, y en los supuestos de inscripción provisional o definitiva remitirse la departamento de archivo de seguridad documental el oficio rogatorio den forma conjunta con fotocopia del folio de seguridad para que se proceda a su escaneo.

Con esta megacausa es la quinta organización criminal desarticulada en los últimos cuatro años por la fiscalía de delitos económicos.

Fuente: Prensa Fiscalía General

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/2017/02/fiscalia-nro-10-delitos-economicos_21.html

Elevación a juicio contra ex intendente municipal

Causa: Pulti – IPP N° 08-00-0066-16

En el marco de la investigación mencionada, se requirió la elevación a juicio por un total de cinco hechos calificados como Malversación de caudales públicos e Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Hecho I) e Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Hechos III, IV, V y VI), siendo imputados en todos ello funcionarios municipales (ex intendente, contador, etc).

Se puede ver la resolución en el siguiente archivo adjunto.