Montaron un local de cobro de servicios falso y estafaron a un barrio

Al menos 150 personas fueron estafadas en un polirrubro de Fortunato de la Plaza al 4600 en donde funcionó por 10 días un falso Provincia Net. El fraude superaría el millón de pesos.

Al menos 150 personas del barrio Cerrito se presentaron ante la Justicia como víctimas de una novedosa estafa al pagar sus servicios en un comercio que tenía un falso centro de cobros de Provincia Net.

“Se trata de una investigación compleja con múltiples víctimas“, explicó el fiscal de la unidad de Delitos Económicos Javier Pizzo al ser consultado por La Capital. Es que la “complejidad” radica en lo novedoso de la estafa y en su planificación.

En un local de Fortunato de la Plaza al 4600 funcionó durante años un centro de pagos de RapiPago. Allí, todos los días, las personas iban a pagar sus servicios ya que era uno de los únicos lugares de la zona.

El RapiPago cerró hace poco más de dos semanas y el local quedó vacío por unos días hasta que fue alquilado por otras personas y en su lugar abrieron un polirrubro el que aseguraron funcionaba un centro de cobros de Provincia Net.

La vida del barrio continuó, junto con la costumbre de las personas de pagar sus servicios en el local de Fortunato de la Plaza al 4600 donde, en vez de un Rapipago funcionaba un Provincia Net. Mismo servicio, en el mismo lugar, pero con diferente nombre. Quién podría dudar.

Los clientes que pagaban sus servicios en el supuesto Provincia Net recibían un ticket como comprobante, en el que figuraba incluso un 0800 de atención al cliente real.

Sin embargo, con el correr de los días, quienes pagaron sus servicios en el lugar fueron llamados por diferentes empresas que les avisaban que audedaban pagos. Compañías de seguro, Edea o Camuzzi, en todos los casos el mensaje se repetía: las facturas no habían sido pagadas.

Cuando las personas del barrio Cerrito llamaron al 0800 de Provincia Net que figuraba en su ticket para quejarse, les aseguraron que no existía ningún centro de pago oficial en su barrio y, al ir a reclamar al local donde habían pagado los servicio, el mismo estaba cerrado.

El polirrubro de Fortunato de la Plaza al 4600 estuvo abierto por tan solo 10 días, tiempo en el que más de 150 personas que fueron a pagar sus servicios fueron estafadas.

Durante esos 10 días, nunca fue ningún camión de caudales a llevarse a la recaudación del día, pero sí se vio al hombre que atendía el comercio irse en taxi con una mochilla llena del dinero estafado a las víctimas.

El jueves hubo una catarata de denuncias formales. El fiscal Javier Pizzo solicitó a la comisaría quinta que entrevistara a cada uno de los manifestantes y, en la medida de lo posible, que calmara los ánimos de la gente.

Durante este viernes, otras 100 personas fueron hasta la comisaría quinta, ubicada en Puan 2251, y también denunciaron la estafa.

El fiscal Pizzo considera que se trató de “una clara maniobra fraudulenta” y, si bien la suma de dinero aún no puede ser determinada, sería superior al millón de pesos.

La investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos se centra en identificar a las personas responsables de la estafa, quienes firmaron un contrato para alquilar el local e incluso habrían ofrecido garantías.

Independientemente de la investigación penal, desde el Municipio invitaron a afectados que pueden realizar su denuncia en las oficinas de Belgrano 3467 (de lunes a viernes de 8.15 a 13.30), para lo cual deberán adjuntar el comprobante de los pagos cuestionados a fin de citar a la empresa y que informe la situación del comercio frente a dicha entidad.

Fuente:

Diario La Capital
http://www.lacapitalmdp.com/montaron-un-local-de-cobro-de-servicios-falso-y-estafaron-a-un-barrio/
Noticia relacionada:
http://www.lacapitalmdp.com/allanaron-el-local-donde-funciono-un-falso-centro-de-cobros-de-provincia-net/

Escándalo de corrupción policial en el Comando de Patrullas Mar del Plata

El silencio que rodeaba el reemplazo del jefe del Comando de Patrullas y a toda la cúpula del Comando Sur tenía una explicación: se los acusó de robar el dinero destinado al combustible de los móviles. Usaban un sofisticado método. Una vergüenza de corrupción que atentaba contra el patrullaje y la seguridad de los vecinos.

Seis policías de Mar del Plata del Comando de Patrullas, entre ellos el ex jefe Flavio Casas, permanecen desde hace algunos días desafectados por haberse confirmado que se adulteraban los cuentakilómetros de los móviles para robar el dinero del combustible.

Como es una marca registrada de la policía bonaerense de los últimos años, la información fue mantenida en secreto incluso pese a las consultas de este medio a la Jefatura Departamental para explicar días atrás la remoción de Casas y de toda la cúpula del Comando Sur.

“Estamos investigando esto que es un escándalo no solo por la malversación que puede advertirse sino porque lo que también creemos que sucedía es que los móviles adulterados salían a patrullar menos las calles para poder justificar la maniobra”, señaló el jefe de Asuntos Internos de la policía, Guillermo Berra en un diálogo exclusivo con LA CAPITAL.

Además de Casas fueron separados de sus funciones el subcomisario Alejandro Bravo, que era jefe del Comando de Patrulla Zona Sur, el capitán Cristian González, el oficial subinspector David Domínguez, el teniente Gustavo Fugas y la oficial subayudante Victoria Campana, encargada de Logística.

La investigación se inició semanas atrás por medio de una denuncia que desde Asuntos Internos calificaron como “anónima”. Suele suceder en casos de denuncias contra corrupción policial que quienes la impulsan son otros miembros de la fuerza pero que piden reserva de identidad. No se trata de un llamado “anónimo” sin mayor sustento.

Berra ordenó una auditoría preventiva el 26 de abril pasado en dos domicilios, uno la sede del Comando de Patrullas Sur, de calle 20 de septiembre entre Juan B. Justo y Vieytes, y otra en la vivienda de uno de los policías.

“En el domicilio particular –dijo Berra- vimos a través de un alambrado, a simple vista, que había dos motos del Comando Sur sin ninguna justificación, pero además a las que les faltaban los odómetros. En el Comando Sur descubrimos la máquina que servía para adulterarlos, además de otros elementos para hacer el fraude”.

Vale decir que Casas, como Jefe del Comando (agrupa los distritos Sur, Norte y Centro), tenía su base de operaciones y oficina en el propio Comando Sur.

Lo que pudieron reconstruir los investigadores de Asuntos Internos –en un informe que de inmediato pasaron a la Fiscalía General de Mar del Plata para iniciar la causa penal- es que Bravo, con conocimiento y por lo tanto “autorización” de Casas, tenía montado un sistema para robar las partidas de dinero asignado para la carga de combustible a los móviles.

La estructura administrativa para llenar los tanques de los vehículos –sean motocicletas, automóviles o camionetas- consiste en la utilización de una tarjeta por cada móvil, que tiene cupos de plata para ir reabasteciendo el combustible que se gasta. Como el único control que permite saber si ese combustible se consumió es el cuentakilómetros, lo que este grupo de policías se sospecha que hacía era modificar mecánicamente los instrumentos de medición.

Probablemente, las motos y otros móviles iban muy poco a las estaciones de servicio, ya que tampoco podían “cargar” de más. Mantenían la frecuencia de gastos de la tarjeta pero sin llenar el tanque, lo que redundaba, naturalmente, en un menor patrullaje.

Para que esta maniobra se pudiera completar se necesitaba imperiosamente de playeros de estaciones de servicios que entregaran facturas con cargas sin siquiera tocar los surtidores. Por el momento se mencionan a empleados de una estación de la petrolera Shell, pero se creen que puede haber hasta otras tres estaciones más involucradas. Los playeros no lo hacían gratis y parte del dinero que facturaban, acordaban quedárselo.

“Cuando hicimos las primeras declaraciones pudimos entender que Casas estaba al tanto y por eso es que, sin ser integrante del Comando Sur, fue desafectado también”, dijo Berra.

Durante las inspecciones y auditorías se secuestraron libros contables del Comando y ahora la Justicia deberá estudiar los movimientos de todo el parque automotor para saber el alcance de la defraudación. Eso también determinará durante cuánto tiempo se ejecutó la maniobra.

Además de los seis desafectados, también se investiga como parte de esta organización al comisario José María Gentile sobre quien pesa una investigación patrimonial en Asuntos Internos. Gentile hasta hace algunos meses ocupaba la jefatura de la comisaría quinta, una de las más importantes de la zona sur de Mar del Plata. Declaró un patrimonio de 10 millones de pesos, con una casa de 1.200.000, una chacra de 2600 metros cuadrados y en un edificio de esta ciudad tiene dos departamentos, cochera y depósito. También tiene una moto Honda de 340.000 mil pesos y una camioneta BMW X6 de 1.600.000 pesos. Gentile, que fue trasladado a Chascomús, tiene un sueldo de 46 mil pesos.

Fuente:
Diario La Capital:
http://www.lacapitalmdp.com/escandalo-de-corrupcion-policial-en-el-comando-de-patrullas-mar-del-plata/

Estafas: La Liga Inmobiliaria

La “liga inmobiliaria”: el martillero declaró que se “equivocó” en una subasta

Está imputado por “partícipe de estafa procesal”. El fiscal Javier Pizzo está a días de cerrar la instrucción y pedir la elevación a juicio por las transacciones ocurridas en torno al edificio Semar XI, en Arenales 2329.

El martillero que está imputado en el marco de la investigación por la compra fraudulenta de cocheras y departamentos en subastas judiciales del edificio Semar XI dijo que se “equivocó” en esas operaciones y que no actuó en connivencia con ninguno de los compradores. Una de esas operaciones irregulares motivó al fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló la transacción y expuso la actividad de una supuesta “liga de compradores” que actúa como mafia a la vista de todos en los remates judiciales realizados en la ciudad.

El martillero, imputado por “partícipe de estafa procesal” declaró este lunes en la Fiscalía de Delitos Económicos y deslindó cualquier tipo de intencionalidad en el hecho que se investiga.

Sin embargo, para el fiscal Javier Pizzo el martillero está involucrado en cinco transacciones ya que considera que “el resultado de las maniobras fue posible a raíz de la colaboración prestada por el martillero, quien incumplió los deberes que le incumbían en carácter de auxiliar de la justicia”.

Además, para el fiscal Pizzo el martillero “no respetó el procedimiento de la subasta como dice la normativa y de ese modo permitió que se consumaran las maniobras y resultaran como beneficiarios compradores del mismo grupo familiar”.

En los próximos días, el fiscal Pizzo dará por finalizada la instrucción y solicitará que tanto el martillero, como otras seis personas, van a juicio oral por el delito de “estafas procesales”

Cocheras a subastas judiciales

Estas estafas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.

Para el fiscal Javier Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas, con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.

Basándose en la hipótesis de “estafas procesales” que perjudican principalmente a los propietarios de los inmuebles, el fiscal imputó al mandatario del consorcio y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a dos compradores.

El rol de martillero

La actividad del martillero es fundamental en toda subasta. La hipótesis del fiscal es que, durante estos hechos investigados el martillero favorecía a los otros imputadosdurante las subastas judiciales y permitía que compraran las cocheras a un precio muy por debajo del valor de mercado.

Según consta en la causa, el martillero permitía visibles amenazas que realizaban algunas personas a otros compradores durante la subasta y, además, dejaba que algunas personas realizaran “ridículas” ofertas solo para aumentar el valor de una propiedad y ahuyentar oferentes, para finalmente retirarse de la misma.

De esta manera, una propiedad que era subastada y que había alcanzado un valor elevado, luego era rematada a un valor mucho menor, en una nueva subasta de la que sólo participaban los imputados.

Según explicó el fiscal Pizzo, la irregularidad es que, cuando un oferente que ganó una subasta luego retira la oferta, no se puede comenzar un nuevo remate sin la autorización de un juez, algo que demora algunos días.

Si bien para la hipótesis fiscal, el martillero actuó con intención de esta manera, el imputado declaró que sólo se “equivocó”.

La Liga

El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en el fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente y ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.

“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descripto, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales.

Fuente: Diario "La Capital"
http://www.lacapitalmdp.com/la-liga-inmobiliaria-el-martillero-declaro-que-se-equivoco-en-una-subasta/