Cuentos del tío: continúa la investigación en torno a la banda de la comunidad zíngara

Cuentos del tío: continúa la investigación en torno a la banda de la comunidad zíngara

Los dos hombres y la mujer del "Clan Castillo" se negaron a declarar y continúan detenidos. El fiscal Javier Pizzo ordenó la captura de otro sujeto y el secuestro de dos autos. Analizan en qué otros hechos pudieron haber participado.

Las tres personas de la comunidad gitana acusadas de ser parte de una banda dedicada a cometer estafas durante el aislamiento bajo distintas variantes del “cuento del tío” se negaron a declarar y continuarán detenidas mientras la Justicia intenta dar con un hombre que permanece prófugo y que pesa sobre él un pedido de captura.

Bruno Ariel Castillo (20), Andrés Fernando Castillo Yancovich (21) y Laura Brigitte Platón Ivanoff (22) están imputados por ser integrantes de una asociación ilícita que se dedicó a cometer diferentes tipos de estafa y a intentar realizar secuestros virtuales. Además, los dos hombres están imputados por “cohecho” por haber intentado “coimear” a policías de la Dirección Departamental de Investigaciones para que los dejaran en libertad.

Según explicó el fiscal de la unidad de Delitos Económicos, Javier Pizzo, hay un hombre que se encuentra prófugo y con pedido de captura por estar acusado de ser miembro de la banda de estafadores. Además, hay dos autos que están con pedido de secuestros, que los imputados habrían utilizada para cometer los delitos.

Además de estas cuatro personas identificadas del “Clan Castillo”, una familia de la comunidad gitana con numerosos antecedentes penales, el fiscal Pizzo considera que en la banda habrían al menos dos personas más, pero por fuera de Mar del Plata.

Los hechos que se le atribuyen a la banda de estafadores ocurrieron entre el 7 de abril y el 12 de mayo en viviendas de Santa Fe 3800, Urquiza 4900, Urquiza 4700, Dellepiane 900 y Brown 2500. En todas las ocasiones la pareja identificada como Laura Brigitte Platón Ivanoff (22) y Bruno Ariel Castillo (20). Cerca de 1 millón de pesos fue el monto calculado del dinero que obtuvieron los imputados, al cual se pudo llegar gracias a la labor de la DDI local y al seguimiento telefónico. También fue clave el aporte de las cámaras del COM.

En un operativo realizado la semana pasada en un departamento del octavo piso de Colón a 2200 y una casa de Gascón al 4400 la policía secuestró 16 celulares, 264.000 pesos, 7.000 dólares, 2 notebook, 1 Play Station y guías telefónicas.

Una banda multijurisdiccional

Una de las complejidades que tuvo la Fiscalía de Delitos económicos al encarar esta “titánica” investigación fue que este tipo de bandas operan en diferentes jurisdicciones. Si bien hay cuatro personas identificadas, para el fiscal Pizzo existen al menos dos personas más que podrían se parte de esta organización criminal, con residencia en las ciudades de Campana o Capital Federal.

El fiscal arribó a esta conclusión ya que se han encontrado que desde los celulares de los estafadores marplatenses se realizaron numerosos llamados a esas localidades, que podrían haber sido intentos de “cuento del tío”.

Para entender la mecánica, estas bandas operan con un “llamante”, quien se encarga de realizar los llamados hasta poder conseguir a una víctima en potencia -llega a realizar hasta 700 llamados por cada víctima- y un mensajero, que es la persona dedicada a registrar toda la información para pasarla al resto de la banda.

El llamante y el mensajero están juntos, generalmente en otra localidad distinta de donde se comete la estafa y operan junto con una pareja de recolectores, que son quienes reciben la información del mensajero y van hasta la dirección de la víctima para recibir el dinero de la estafa.
La otra dificultad en estas investigaciones es que los llamados, además de ser de otras localidades, se realizan con celulares prepagos que están a nombre de personas ajenas a la organización o que incluso no están registrados.

De los celulares secuestrados, la Fiscalía de Delitos Económicos encontró que cinco estaban a nombre de un jubilado que vive en otra ciudad, a quien le habían sustituido la identidad.

Antecedentes del “Clan Castillo”

El apellido Castillo no es nuevo para los investigadores. En el pasado miembros de este clan han estado involucrados en involucrados en robos a mano armada en casas, secuestros virtuales y estafas.

Bruno Ariel Castillo y Andrés Fernando Castillo Yancovich tienen antecedentes penales justamente por estafas. Uno de ellos fue liberado del penal de Marcos Paz en plena cuarentena, mientras que el otro obtuvo la libertad 8 meses atrás. Además, ambos jóvenes también cuentan con antecedentes de cuando eran menores de edad.

Otro miembro de la familia, David Castillo, fue detenido por asaltar el 22 de abril a una mujer de 96 años, a quien engañó al decirle que era su sobrino y así obtuvo 12.000 dólares, 70.000 pesos y alhajas. Por ese hecho, David Castillo está imputado por “robo calamitoso”.

El fiscal Pizzo pudo cotejar que desde los teléfonos en los que se hicieron los “cuento del tío” en el pasado se habían hecho llamados para intentar concretar “estafas virtuales”, es decir extorsiones. Al parecer, como en cuarentena los secuestros virtuales no son “exitosos”, el clan Castillo modificó forma de cometer delito hacia las estafas.

Con parte de la organización criminal detenida, los investigadores avanzan para intentar recolectar más información y analizan distintas causas, y así determinar si fueron responsables de otros hechos.

Desde el punto de vista judicial, el fiscal Pizzo solicitó las causas que llevan distintos jueces para que queden bajo la órbita de un solo magistrado y así poder ordenar la investigación y acelerar los tiempos procesales.

Fuente:
Diario La Capital.
https://www.lacapitalmdp.com/cuentos-del-tio-continua-la-investigacion-en-torno-a-la-banda-de-la-comunidad-zingara/ 

Elevación a Juicio de la Causa por Fraudes Inmobiliarios

La Sala II de la  Camara  Penal denegó los pedidos de las defensas y confirmo  la resolución de la  Jueza de Rosa Frende a cargo del Juzgado de Garantías Nro 3 que hizo lugar al Requerimiento de Elevación a Juicio formulado por los Fiscales a cargo de al UFI nro 10 de Delitos Económicos ,en relación a  26 imputados, por 52 hechos calificados como  Asociación ilícita (arts. 210 del CP) uno de ellos,  y el resto  Falsificación de documento público y uso de documento público falso en concurso ideal con estafa (arts. 54, 172, 293 y 296 del CP), 

* 16 de los imputados son acusados de integrar la organización criminal, y pesa sobre ellos prohibiciones de salida del país, y medidas cautelares. 

* En relación a los inmuebles todos fueron asegurados mediante medidas de no innovar. 

* La hipótesis acusatoria principal ; es que en el período comprendido entre los años 2013 y 2016,  formaron parte de una organización  con  sede principal en un  Estudio Jurídico ubicado en la ciudad de Miramar, destinada a elaborar y utilizar documentos privados y públicos falsos con el objeto de transferir ilegalmente la titularidad de inmuebles registrados ante la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, y obtener su disponibilidad jurídica para apoderarse en forma deliberada de ellos,  para sí o para eventuales compradores.

Asimismo el grupo tenía como objeto mediante la misma mecánica, obtener del Registro de la Propiedad mediante la presentación de instrumentos públicos apócrifos,  la inserción o levantamiento de providencias cautelares personales en perjuicio  del organismo oficial que las había dictado o solicitado oportunamente. 

Archivo relacionado:

Elevación a juicio - Confirmación de Camara de Apelaciones.

Requerimiento de elevación a juicio por Organizacion Criminal

Los agentes fiscales de Delitos Económicos Javier Pizzo y David Bruna solicitaron a la Jueza de Garantías Rosa Frende, la elevación a juicio con relación a 34 imputados (entre ellos 6 abogados; 2 escribanos; 1 funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble; 1 agrimensor, 1 imprentero, comerciantes y empresarios) en el marco de la importante causa en la que se desbarató una asociación ilícita dedicada a la transferencia ilegal de inmuebles.

 

La tarea investigativa se inició por la denuncia de un ciudadano que constató que en el certificado de domino de un bien propiedad de su familia surgía como titular un tercero desconocido. Posteriormente a esa denuncia se agregaron otras dos, formuladas por los jueces civiles del departamento judicial Mar del Plata Rodrigo Cataldo y Hernán Krzyszycha, quienes anoticiaban la presunta utilización de folios y sellos de su pertenencia en trámites que les resultaban ajenos.  

La pesquisa desplegada a la largo de un año por integrantes de la UFI 10 y que contó con la colaboración de Instructores Judiciales de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración y del Gabinete de delitos económicos de la DDI, permitió detectar que durante el período comprendido entre el 2014 y el 2016, fueron transferidas -mediante el uso de Folios de Seguridad y Sentencias judiciales falsos que se presentaban ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires- las titularidades de unos 50 inmuebles ubicados en las ciudades de Mar del Plata y Miramar. 

 

Considerando esa cifra, y teniendo en cuenta que el organismo provincial informó que en ese periodo ingresaron un total de 230 testimonios judiciales de subasta (Código 9) con relación a la Circunscripción de General Pueyrredon (045) y un total de 27 testimonios de subasta con relación al Partido de General Alvarado (033), puede concluirse que la organización intervino en aproximadamente el 20% del total de transferencias efectuadas.  

 

Asimismo y considerando las causas vinculadas (IPP 5124-15), se estima que el valor de los inmuebles transferidos o cuya titularidad pretendían obtener, alcanzaría la suma aproximada de 100 millones de pesos.

 

Para los Fiscales la organización criminal tenía su base en el Estudio Jurídico del abogado Adrian Bovati ubicado en la ciudad Miramar, y se dedicaba a la captación de interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaba información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas con el fin de tomar posesión de los mismos; esto es, principalmente inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello, o cuyos titulares registrales evidenciaban en organismos públicos desinterés en el inmueble mediante el incumplimiento del pago de impuestos o servicios, o aquellos en los cuales los titulares o adquirentes procuraban no informar la operación comercial ante los organismos fiscales, o bien poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.

 

En tanto que, para instrumentar las maniobras diseñadas, se elaboraban generalmente instrumentos públicos falsos consistentes en Folios de Seguridad utilizados por Organismos Jurisdiccionales, Testimonios y Oficios Judiciales y actuaciones notariales.

 

La investigación estableció la falsedad de firmas atribuidas a numerosos Jueces Civiles y secretarios del Departamento Judicial y de otros organismos, y de los sellos pertenecientes a los Juzgados a su cargo que se encontraban insertos en los documentos presentados al Registro en cada caso. Los soportes magnéticos empleados en la falsificación fueron secuestrados en el marco de los allanamientos efectuados durante el transcurso de la pesquisa.

 

Estos documentos simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien si existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en los obrados. En ellos, se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de Organismos Públicos y de Magistrados y Funcionarios Judiciales y Escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.

 

Una vez elaborados, los instrumentos falsos mediante los cuales los Jueces supuestamente ordenaban medidas que constituían, transmitían, declaraban, modificaban o extinguían derechos reales sobre inmuebles, o bien disponían el levantamiento o inscripción de medidas cautelares, eran presentados ante la sede principal de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires o sus delegaciones, con el fin que allí se efectuaran las inscripciones y las anotaciones necesarias para alterar la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y permitir que integrantes de la organización por sí o por interpuestas personas, o bien ocasionales cómplices convocados por otros miembros del grupo, obtuviesen su disponibilidad jurídica sin conocimiento de los legítimos propietarios, sus herederos, o el Fisco de la Provincia según el caso.

 

La presentación de la documentación falsa ante el Registro de la Propiedad Inmueble podía hacerla cualquiera de los integrantes del grupo, aunque generalmente para ello se utilizaban las labores del abogados o gestores con residencia en La Plata.

 

Medidas Cautelares: En relación a los imputados de Asociación Ilícita, el Juzgado interviniente decretó la prohibición de salida del país de todos ellos, y su inhibición general de bienes y, además, sobre los inmuebles transferidos de forma ilegítima pesan medidas cautelares ( medida de no innovar) que evitan su transferencia.

 

Asimismo y a partir de la detección de las irregularidades, las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble informaron a la Fiscalía que dispusieron un mecanismo interno de control obligatorio que permite constatar el eventual uso de folios falsos.

 

 

Fuente: Prensa Fiscalía General

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/2018/02/fiscalia-nro-10-delitos-economicos.html

 

 

Ofrecimiento de prueba - Causa "Ambulancias"

 

Luego de diversos planteos formulados desde 2013 por parte de la defensa y rechazados en su totalidad a través de las instancias correspondientes, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal confirmó la elevación a juicio de la causa 256788/08 realizada en el 2013 por el Ministerio Público y en la que, finalmente, la Fiscalía de Delitos Económicos imputó a 8 personas acusadas de integrar una asociación ilícita que brindó irregularmente servicios médicos y de traslado de ambulancias.

Además, algunos de los acusados fueron imputados por los delitos de falsificación de sellos y falsificación de instrumentos privados, tenencia de material destinado a la falsificación, lesiones graves dolosas, estafa continuada, defraudación contra la administración pública y falsificación ideológica de instrumento público.

Cabe señalar que las lesiones mencionadas se dieron por la aplicación de una droga por parte de personal que no era médico ni enfermero legalmente habilitado.

Por otra parte, las estafas continuadas fueron realizadas en perjuicio del EMDER y de escuelas privadas y públicas de esta ciudad, como así también de clínicas y otros centros de salud privados.

 

La investigación llevada adelante por el Agente Fiscal David Bruna, se inició el 29 de enero de 2008 y debido a la complejidad del caso -44 hechos cometidos- y la cantidad de personas involucradas tanto víctimas como imputados, fue a principios de 2013 que culminó dicha etapa por lo que, inmediatamente, realizó la solicitud de elevación a juicio el día 2 de febrero de ese año. 

De esta manera, la Fiscalía ya hizo el ofrecimiento de prueba para la realización del debate y se encuentra a la espera de la fijación de la fecha por parte del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4.

 

Fuente: Prensa Fiscalía General

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/2017/08/fiscalia-nro-10-delitos-economicos_10.html

Desarticulan organización criminal dedicada a la transferencia ilegal de inmuebles

Tras una nueva megacausa llevada adelante por la Fiscalía especializada en Delitos Económicos se logró desbaratar una organización criminal dedicada a elaborar y utilizar documentos privados y públicos falsos con el objeto de transferir ilegalmente la titularidad de inmuebles registrados ante la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, y obtener  su disponibilidad jurídica para apoderarse en forma deliberada de ellos, para sí o para eventuales compradores.

Sin poder precisarse fecha exacta, durante el período comprendido entre los años 2013 y 2016, al menos 16 sujetos y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada, formaron parte de esta organización.

Cabe señalar que entre los miembros de esta asociación ilícita se encontraban 8 abogados; 2 escribanos, 1 abogado del Registro de la Propiedad Inmueble, 1 agrimensor, un imprentero, comerciantes y empresarios.

El grupo tenía como objeto mediante la misma mecánica, obtener del Registro de la Propiedad mediante la presentación de instrumentos públicos apócrifos, la inserción o levantamiento de providencias cautelares personales en perjuicio del organismo oficial que las había dictado o solicitado oportunamente.

La organización era liderada por los abogados y en ella participaban entre otros un escribano, un agrimensor, un imprentero, gestores y comerciantes.

La investigación fue iniciada en setiembre de 2016 y cuenta a la fecha con 14 cuerpos y 2746 fojas, en la misma se efectuaron numerosos allanamientos en Mar del Plata, y la zona y asimismo en la ciudad de La Plata.

Hasta el momento se verificó la transferencia ilegal de 28 inmuebles (lotes, cocheras, departamentos y el intento de transferencia de un campo de 100 hectáreas valuado en 700 mil dólares), lo que da cuenta de las sumas millonarias comprometidas en las maniobras delictivas. Se infiere que pueden ser aún más los inmuebles que formen parte de las mismas.

Se sospecha asimismo de un abogado que cumple funciones en la Dirección Técnica del Departamento Jurídico del Registro de la Propiedad Inmueble con sede en la ciudad de La Plata quien desde su puesto de trabajo le aportaba información sobre las condiciones de los inmuebles y sus titulares, y respecto de los movimientos que generaban los expedientes impulsados por el grupo dentro de ese organismo estatal (resulta necesario poner de manifiesto que las autoridades actuales del Registro de la Propiedad Inmueble se encuentran colaborando con la investigación).

Los integrantes del grupo captaban interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaban información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas para tomar posesión de los mismos de un modo que no se ha determinado aún; esto es, principalmente inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello, o cuyos titulares registrales evidenciaban en organismos públicos desinterés en el inmueble mediante el incumplimiento del pago de impuestos o servicios, o aquellos en los cuales los titulares o adquirentes procuraban no informar la operación comercial ante los organismos fiscales, o bien poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.

Para instrumentar las maniobras diseñadas, se elaboraban generalmente instrumentos públicos falsos consistentes en Folios de Seguridad utilizados por Organismos Jurisdiccionales, Testimonios y Oficios Judiciales y actuaciones notariales.

Estos documentos simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien si existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en los obrados. En ellos, se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de Organismos Públicos y de Magistrados y Funcionarios Judiciales y Escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.

Una vez elaborados, los instrumentos falsos mediante los cuales los Jueces supuestamente ordenaban medidas que constituían, transmitían, declaraban, modificaban o extinguían derechos reales sobre inmuebles, o bien disponían el levantamiento o inscripción de medidas cautelares, eran presentados ante la sede principal de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires o sus delegaciones, con el fin que allí se efectuaran las inscripciones y las anotaciones necesarias para alterar la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y permitir que integrantes de la organización por sí o por interpuestas personas, o bien ocasionales cómplices convocados por otros miembros del grupo, obtuviesen su disponibilidad jurídica sin conocimiento de los legítimos propietarios, sus herederos, o el Fisco de la Provincia según el caso.

La presentación de la documentación falsa ante el Registro de la Propiedad Inmueble podía hacerla cualquiera de los integrantes del grupo, aunque generalmente para ello se utilizaban las labores del abogados o gestores con residencia en La Plata.

A su vez, para consumar otra de las mecánicas diseñadas, otros integrantes del grupo representados legalmente en todos los casos por los abogados del mismo, promovían juicios ejecutivos -generalmente por ante el Juzgado de Paz de Villa Gesell o bien el Juzgado Civil y Comercial Nro. 4 de Dolores-contra los titulares registrales de los inmuebles que interesaban, sentando las bases informativas sobre las cuales luego se confeccionarían los instrumentos públicos falsos.

Además de los imputados por formar parte de la Asociación Ilícita han sido procesadas otras 21 personas por los delitos de Falsificación de documentos Públicos y Privados falsos, y Estafas ( art. 292, 296 y 172 del C.P.) alcanzando el numero de Imputados hasta la fecha a 37.

No se descarta la participación de mas personas.

Desde el Juzgado de Garantías Nro. 3 a cargo de la Dra. Rosa Frende, interviniente se ha dictado haciendo lugar al pedido de los Fiscales, la prohibición de salida del País para los imputados de la asociación ilícita, la inhibición general de bienes para todos y asimismo la prohibición de innovar en relación a todos los inmuebles asegurando su indisponibilidad.

A su vez e ha dispuesto la comunicación al Sr. Ministro de Economía y al directora del Registro de la Propiedad Inmueble las irregularidades advertidas, sugiriendo asimismo ampliar auditorías en relación a la transferencia de inmuebles ordenadas por Juzgados de Paz y Juzgados Civiles en toda la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas que se disponen en la investigación.

Asimismo se ha puesto en conocimiento del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia la resolución de designación de audiencia a tenor del art. 308 del CPP toda vez que algunos de los inmuebles que fueran transferidos ilegalmente, serian titularidad de personas que han fallecido sin dejar herederos .

El Registro de la Propiedad Inmueble ha informado a esta Fiscalía, que en virtud de haberse advertido irregularidades en registraciones de documentos judiciales, que el 12 de diciembre de 2016 se dispuso que en forma obligatoria personal del Departamento de Registraciones y Publicidad debe constatar la autenticidad del Juzgado emisor del folio se seguridad para verificar si el mismo corresponde al juzgado de origen, y en los supuestos de inscripción provisional o definitiva remitirse la departamento de archivo de seguridad documental el oficio rogatorio den forma conjunta con fotocopia del folio de seguridad para que se proceda a su escaneo.

Con esta megacausa es la quinta organización criminal desarticulada en los últimos cuatro años por la fiscalía de delitos económicos.

Fuente: Prensa Fiscalía General

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/2017/02/fiscalia-nro-10-delitos-economicos_21.html