miércoles, 5 de diciembre de 2018

Se requirió a juicio la causa "Provincia Net"


IPP 08-00-11219-18- Causa denominada " Provincia Net"

En la causa de referencia, con fecha 23 de noviembre del corriente, los Fiscales dieron por terminada la primera etapa de la investigación y han requerido al Sr. Juez de Garantías interviniente, la citación a juicio de los imputados que continúan detenidos, Daniel Alberto Mendoza y Mario Antonio Ullaco en calidad de coautores, orden al delito de Estafas reiteradas en 323 hechos en concurso material. (Arts. 55 y 172 del código Penal). Asimismo continúa por separado la investigación tendiente a dar con otros partícipes de las maniobras.

Archivo relacionado: https://drive.google.com/open?id=1wgBcLFm3mWP54QlmDIdJsrR2HQkrPmR3



viernes, 21 de septiembre de 2018

Falsificación de Licencias de Conducir

INFORME DE GESTIÓN SOBRE INVESTIGACIONES DE FALSIFICACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR. 

Se informa que de un total de 1534 investigaciones penales ingresadas durante el año 2018 a esta Unidad Fiscal, aproximadamente 200 (es decir el 13%)  fueron iniciadas por  personal policial que en tareas de prevención en rutas y calles de la jurisdicción al solicitar la documentación obligatoria para circular en automotores, detectó que los conductores de los vehículos ( autos, motos y camiones) circulaban con licencias de conducir apócrifas emitidas supuestamente por distintas municipalidades del país. 

Por esa razón,  a la fecha han sido a la fecha procesadas  100 personas (se les ha recibido declaración del art. 308 CPPBA) y otro numero similar se encuentra en curso de hacerlo, imputadas de la comisión de los delitos de falsificación material de documento público y uso de documento público falso destinado a la habilitación para circular de vehículos automotores, previstos y reprimidos con pena de tres a ocho años de prisión por los  arts. 292 2° párrafo en función del 296 del Código Penal. 

En aquellos casos en los cuales las  investigaciones fueron agotadas (art. 282 del CPBBA), la Fiscalía ha solicitado la elevación a juicio de las mismas a los fines de impulsar los procesos a la etapa de debate oral.  

Es dable destacar ha podido  verificarse  que  gran parte de los imputados tenían con antelación al hecho que insta la causa penal, infracciones de tránsito incluso por alcoholemia positiva, tanto dentro del ámbito de la Municipalidad de General Pueyrredón como así también en otras jurisdicciones; o bien incapacidades físicas que impedirían la conducción de vehículos y la emisión de las correspondientes licencias.

Asimismo, las causas permitieron detectar un importante número de casos en que las personas exhibieron en el control policial licencias emitidas por municipios  del interior de país, que carecían de los requisitos de seguridad establecidos la Agencia Nacional de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. Estos ciudadanos  obtuvieron su licencia de conducir en ciudades distintas al lugar donde tienen  su verdadero domicilio real, aprovechando que en aquellos sitios los requisitos físicos o teóricos para obtener las licencias no existen o son sumamente flexibles en contraposición a los exigidos en  lugares  como Mar del Plata u otras ciudades adheridas al sistema nacional. 

En estos casos si bien las licencias tienen llamativas particularidades que hacen presumir su falsedad, tales como que están confeccionas en papeles comunes, blanco y negro y sin sellos de agua, lo cierto es que por haber sido legalmente emitidas no son materialmente falsas y  por lo tanto -mas allá de una eventual infracción de tránsito, los  hechos no constituyen -en principio-  delitos . 

En definitiva los datos estadísticos de la UFI  indican que en el transcurso del año  2018 en esta Jurisdicción, en promedio por día hábil fue aprehendida una persona  conduciendo automotores con licencia de conducir apócrifa,  lo que  exhibe un  cuadro de situación alarmante que permite inferir que  miles de vecinos sin perjuicio del riesgo que ello implica para la vida, la integridad física o el patrimonio de terceros o de ellos mismos, circulan por nuestras calles y rutas sin haber acreditado su capacidad física o técnica  para conducir.

Y todo debe ser analizado con una mirada que sin dudas excede lo jurídico penal, y en el contexto de la importantísima y dramática cantidad de  muertes o lesiones que se producen en siniestros viales, y a la luz de encuestasque indican que 9 de cada 10 personas entienden que la seguridad vial es un tema preocupante del cual el Estado no se encarga lo suficiente, y que la siniestralidad vial ocupa  en la opinión pública el segundo lugar luego de los robos entre las situaciones no deseadas que los argentinos consideran que tienen probabilidades de sufrir.    


martes, 18 de septiembre de 2018

Prisión en suspenso y tareas comunitarias para falsa enfermera de una empresa trucha de ambulancias



Prisión en suspenso y tareas comunitarias para falsa enfermera de una empresa trucha de ambulancias



Mientras que siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita que brindó irregularmente servicios médicos y de traslado de ambulancias aguardan ser juzgadas en julio de 2019 una mujer que se desempeñó como enfermera fue condenada a dos años y tres meses de prisión en suspenso luego de que se homologara en el Tribunal Oral en lo Criminal 3 un acuerdo de juicio abreviado. Flavia Sánchez fue hallada autora de los delitos de falsificación de instrumento privado y usurpación de título en concurso ideal y lesiones graves, ambos en concurso real entre sí y deberá realizar tres horas semanales de tareas comunitarias.
La investigación de la fiscalía de Delitos Económicos comenzó en enero de 2008 y debido a la complejidad del caso y la cantidad de personas involucradas -tanto víctimas como imputados- culminó en febrero de 2013 cuando se solicitó su elevación a juicioEl expediente a cargo del fiscal David Bruna consta de casi dos mil fojas de actuación, diez cuerpos de expediente y veinticinco anexos documentales en los que se detalla la manera en que se formó y ejecutó una organización estable y permanente, para lucrar y enriquecerse ilícitamente bajo el rubro comercial de empresas de emergencias médicas.
Si bien Sánchez estuvo en su momento acusada de integrar esa asociación ilícita, las pruebas recabadas derivaron en que el fiscal Carlos David Bruna y la defensora oficial Carla Ostachi coincidieran en que la mujer de 41 años era autora de los delitos de falsifiación de sellos, falsificación de instrumentos privados y usurpación de título además de lesiones graves. Tras acordar el monto de pena y luego de que la imputada lo firmara, se presentó para su validación.
Para el Juez Gustavo Fissore la fiscalía logró probar que al menos entre 2007 y 2008 Sánchez actuó como enfermera sin poseer ese título habilitante y que, “en al menos una ocasión -ocurrida el día 29 de enero de 2008, en el comercio "La Casa del Lobizón"- participó en una prestación médica en donde la persona que obraba como médico no poseía tal título habilitante”.
Esa noche Sánchez y otra persona se presentaron en el local ubicado en Moreno a 2400 y visualizaron al ciudadano Micael Horacio Mansilla quien sufrió un golpe sobre el codo izquierdo. Según la sentencia a la que tuvo acceso 0223 “prescribieron y aplicaron en una de las ramas arteriales de la bifurcación de la arteria humeral del brazo derecho, medicación consistente en Diclofenac por vía endovenosa, generando necrosis de músculos, que luego fueron resecados, acompañado de edema (hinchazón) e isquemia (falta de irrigación) con cambios de color de piel y partes blandas; lo que provocó una deformación en el antebrazo derecho en cara ventral con falta de tejidos en especial piel, suplantada por cicatriz consolidada, falta de tejido o masa muscular de flexores y trastornos de sensibilidad cutánea con hipersensibilidad dolorosa al tacto y al frío...".
A partir de los informes médicos posteriores y de la documentación secuestrada en la empresa se probó que “las lesiones sufridas por Micael Mansilla fueron causadas por la actuación conjunta de estas dos personas que obraron ilícitamente como médico y enfermera”.
Para el magistrado no hubo cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y valoró como atenuantes el buen concepto presunto y la carencia de antecedentes penales. En cuanto a las circunstancias agravantesconsideró la extensión del daño causado por la mala atención del paciente.
Flavia Mariela Sanchez fue hallada coautora de los delitos de falsificación de instrumento privado y usurpación de título en concurso ideal y lesiones graves, ambos en concurso real entre sí y condenada a la pena de dos años tres meses de prisión, con más las costas del proceso penal. Tal como acordaron las partes la ejecución de la pena será condicional mientras se fije un domicilio, se someta al control del Patronato de Liberados y se realicen tareas comunitarias en razón de tres horas semanales.


Fuente: https://www.0223.com.ar/nota/2018-9-17-15-30-0-prision-en-suspenso-y-tareas-comunitarias-para-falsa-enfermera-de-una-empresa-trucha-de-ambulancias

Procrear: la sentencia quedó firme y Aquino fue detenido


Procrear: la sentencia quedó firme y Aquino fue detenido


El constructor Pablo Aquino que en abril de este año fue condenado a seis años de prisión por el delito de estafas en 50 hechos de los que resultaron víctimas más de cien personas -que construían sus viviendas entre marzo del 2014 y enero de 2015 en el marco del programa Procrear- fue detenido la semana pasada y ya cumple su pena en la Unidad Penal de Batán luego de que quedara firme la sentencia del juez correccional Leonardo Celsi.
La semana pasada el juez dispuso la detención de Aquino para comenzar a cumplir la pena de seis años de prisión que le impuso en abril, luego de que la sentencia quedara firme. De esta manera, su pena vencerá en septiembre de 2024 y en 2022 estará en condiciones de acceder al beneficio de la libertad condicional.
Cabe recordar que en agosto la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la condena de seis años de prisión para Aquino en tanto que para su pareja, Natalia Vaccaro, fue revocada la absolución y la condenaron a tres años de prisión en suspenso, que aún no quedó firme a partir de la tramitación de un recurso extraordinario presentado por la defensa.
 EL CASO 
De acuerdo a la investigación llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Económicos que derivó en la condena, entre marzo del 2014 y enero de 2015, Aquino -mediante el ardid consistente en aparentar una empresa y simular la existencia de una organización destinada a la construcción de viviendas denominada “Modularq Empresa Constructora”- concretó estafas a quienes, de buena fe, contrataron sus servicios luego de haber sido beneficiarios del programa Procrear.
En cuanto al modus operandi, el constructor publicitaba su falsa empresa a través de Internet y la hacía responsable “civil, laboral y penalmente por las contingencias que pudieren surgir de los contratos” para cuya pantalla además instaló oficinas que mudó en diversas oportunidades.
En ese marco también, y según consta en la el expediente, Aquino aseguró en muchas oportunidades “poseer influencias para contratar cooperativas municipales con el fin de abaratar costos de construcción en razón de su condición de empleado municipal -ya que, además, en ese momento trabajaba para el Ente de Obras y Servicios Urbanos-, a sabiendas que no poseía solvencia ni infraestructura suficiente y por ello no cumpliría lo que pactaba en el contrato que suscribía”.
Sobre esto último, Aquino hizo incurrir en error a distintas personas, todas ellas beneficiarias del Procrear, “quienes firmaron con la inexistente empresa un contrato y abonaron grandes sumas de dinero, habiendo sido perjudicados, según el caso, desde el pilar de luz hasta el 30% de la obra”.

Fuente: Qué Digital.
http://quedigital.com.ar/policiales/estafas-en-el-procrear-la-sentencia-quedo-firme-y-aquino-fue-detenido/

lunes, 17 de septiembre de 2018

Dos años de prisión condicional para un abogado que estafó a sus clientes

Dos años de prisión condicional para un abogado que estafó a sus clientes


Un abogado de 44 años que estafó a tres clientes que contrataron sus servicios fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional tras la realización de un juicio en el Juzgado Correccional 4. Además de cumplir una serie de requisitos para mantener la condicionalidad de la pena, Carlos Gabriel Teper no podrá ejercer la profesión durante seis meses.
De acuerdo a la hipótesis del fiscal Javier Pizzo en agosto de 2009 el profesional patrocinaba a las víctimas en un expediente en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial 11. Allí mediante el ardid de sostener que el pago reclamado en el convenio de  pago arribado en el mismo era excesivo, y que en realidad debían abonar una suma menor, indujo a error a una de las víctimas que le entregó 38.100 pesos en efectivo sin que esa suma fuera depositada luego en el expediente.
No conforme con esa maniobra, Teper le dijo a la misma mujer que faltaba pagar los honorarios del abogado de la contraparte y le cobró otros 8.100 pesos, por lo que el perjuicio patrimonial ocasionado alcanzó a la suma total de 46.200 pesos. A lo largo del debate el fiscal Pizzo consideró que el hecho descripto era constitutivo del tipo penal de estafa.
Si bien el acuerdo de pago en el expediente civil firmado con la parte actora era por 61.000 pesos, la mujer explicó que Teper le manifestó que el monto de dicho convenio estaba "inflado", y que en realidad debían abonar un monto menor. El día 10 de agosto de 2009 el profesional le entregó un recibo en el que se indicó que el importe era a cuenta de liquidación final costas, intereses y capital en relación al expediente que se tramitaba en la Justicia.
Una de las singularidades del debate es que Teper ejerció su autodefensa y sostuvo que la valoración de la prueba esgrimida varía según las interpretaciones y que la cuestión ventilada pertenecía a un reclamo entre civiles que debe resolverse en el ámbito correspondiente.
El abogado dijo que siempre obró de buena fe, que no era un experto para conocer si las firmas eran falsas y solicitó su absolución y que no se lo inhabilitara porque esa medida no se ajustaba al fin resocializador de la pena y que le privaría de su medio de vida.
En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el Juez Pedro Hooft consideró probada la autoría de Teper, descartó cuestiones eximentes y valoro como atenuante la falta de antecedentes condenatorios  y el buen concepto vecinal. En cuanto a las circunstancias agravantes tuvo en cuenta la condición de profesional del derecho del acusado “quien abusó reiteradamente de la confianza conferida por sus clientes”, además de la extensión del daño causado en lo patrimonial y psicológico.
El magistrado consideró a Carlos Gabriel Teper como autor penalmente responsable del delito constitutivo de estafa y lo condenó dos años de prisión de ejecución condicional durante los cuales deberá mantener el domicilio denunciado, informar de cualquier cambio y concurrir mensualmente al Patronato de Liberados.   Tal lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal dispuso una inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado por el término de seis meses más las costas del proceso.

viernes, 3 de agosto de 2018

Estafas PROCREAR - confirmación de condenas

Estafas en Procrear: confirmaron la condena del constructor y revocaron la absolución de su pareja


En consonancia con los fundamentos planteados por el Ministerio Público Fiscal departamental y tras los recursos de apelación interpuestos por las partes, la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penalresolvió confirmar la condena dictada a un constructor y ex agente municipal acusado de cincuenta estafas a beneficiarios del plan Procrear con la construcción de sus viviendas. Además de mantener la pena de seis años de prisión para Pablo Augusto Aquino se revocó la absolución de su pareja y la condenaron a tres años de prisión en suspenso como partícipe necesaria.
La investigación a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos probó y llevó a juicio r una serie de hechos de similares características a través de firmas de contratos de una supuesta empresa de construcción denominada "Modularq" -representada por Aquino- con clientes del programa PROCREAR, durante 2014 y 2015.
El fiscal Javier Pizzo sostuvo en el debate que concluyó hace dos meses que Aquino fue el autor y Natalia Vaccaro la partícipe necesaria de la maniobra en la que solicitaba importantes sumas de dinero en efectivo a modo de anticipo, “perjudicándolos no sólo en la totalidad de esos montos por no realizar construcción alguna de sus viviendas sino también por la grave afectación patrimonial que las operaciones implicaban para todos los damnificados”.
El juez Leonardo Celsi condenó al constructor a seis años de prisión por el delito de estafas en cincuenta hechos cometidos entre marzo del 2014 y enero de 2015 y absolvió a Vaccaro. La decisión de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal estuvo en sintonía con el pedido que había planteado la fiscalía durante el debate.  

lunes, 21 de mayo de 2018

Montaron un local de cobro de servicios falso y estafaron a un barrio


Al menos 150 personas fueron estafadas en un polirrubro de Fortunato de la Plaza al 4600 en donde funcionó por 10 días un falso Provincia Net. El fraude superaría el millón de pesos.


Al menos 150 personas del barrio Cerrito se presentaron ante la Justicia como víctimas de una novedosa estafa al pagar sus servicios en un comercio que tenía un falso centro de cobros de Provincia Net.
Se trata de una investigación compleja con múltiples víctimas“, explicó el fiscal de la unidad de Delitos Económicos Javier Pizzo al ser consultado por La Capital. Es que la “complejidad” radica en lo novedoso de la estafa y en su planificación.
En un local de Fortunato de la Plaza al 4600 funcionó durante años un centro de pagos de RapiPago. Allí, todos los días, las personas iban a pagar sus servicios ya que era uno de los únicos lugares de la zona.
El RapiPago cerró hace poco más de dos semanas y el local quedó vacío por unos días hasta que fue alquilado por otras personas y en su lugar abrieron un polirrubro el que aseguraron funcionaba un centro de cobros de Provincia Net.
La vida del barrio continuó, junto con la costumbre de las personas de pagar sus servicios en el local de Fortunato de la Plaza al 4600 donde, en vez de un Rapipago funcionaba un Provincia Net. Mismo servicio, en el mismo lugar, pero con diferente nombre. Quién podría dudar.
Los clientes que pagaban sus servicios en el supuesto Provincia Net recibían un ticket como comprobante, en el que figuraba incluso un 0800 de atención al cliente real.
Sin embargo, con el correr de los días, quienes pagaron sus servicios en el lugar fueron llamados por diferentes empresas que les avisaban que audedaban pagos. Compañías de seguro, Edea o Camuzzi, en todos los casos el mensaje se repetía: las facturas no habían sido pagadas.
Cuando las personas del barrio Cerrito llamaron al 0800 de Provincia Net que figuraba en su ticket para quejarse, les aseguraron que no existía ningún centro de pago oficial en su barrio y, al ir a reclamar al local donde habían pagado los servicio, el mismo estaba cerrado.
El polirrubro de Fortunato de la Plaza al 4600 estuvo abierto por tan solo 10 días, tiempo en el que más de 150 personas que fueron a pagar sus servicios fueron estafadas.
Durante esos 10 días, nunca fue ningún camión de caudales a llevarse a la recaudación del día, pero sí se vio al hombre que atendía el comercio irse en taxi con una mochilla llena del dinero estafado a las víctimas.
El jueves hubo una catarata de denuncias formales. El fiscal Javier Pizzo solicitó a la comisaría quinta que entrevistara a cada uno de los manifestantes y, en la medida de lo posible, que calmara los ánimos de la gente.
Durante este viernes, otras 100 personas fueron hasta la comisaría quinta, ubicada en Puan 2251, y también denunciaron la estafa.
El fiscal Pizzo considera que se trató de “una clara maniobra fraudulenta” y, si bien la suma de dinero aún no puede ser determinada, sería superior al millón de pesos.
La investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos se centra en identificar a las personas responsables de la estafa, quienes firmaron un contrato para alquilar el local e incluso habrían ofrecido garantías.
Independientemente de la investigación penal, desde el Municipio invitaron a afectados que pueden realizar su denuncia en las oficinas de Belgrano 3467 (de lunes a viernes de 8.15 a 13.30), para lo cual deberán adjuntar el comprobante de los pagos cuestionados a fin de citar a la empresa y que informe la situación del comercio frente a dicha entidad.


Fuente:

Diario La Capital
http://www.lacapitalmdp.com/montaron-un-local-de-cobro-de-servicios-falso-y-estafaron-a-un-barrio/
Noticia relacionada:
http://www.lacapitalmdp.com/allanaron-el-local-donde-funciono-un-falso-centro-de-cobros-de-provincia-net/

Escándalo de corrupción policial en el Comando de Patrullas Mar del Plata


El silencio que rodeaba el reemplazo del jefe del Comando de Patrullas y a toda la cúpula del Comando Sur tenía una explicación: se los acusó de robar el dinero destinado al combustible de los móviles. Usaban un sofisticado método. Una vergüenza de corrupción que atentaba contra el patrullaje y la seguridad de los vecinos.

Seis policías de Mar del Plata del Comando de Patrullas, entre ellos el ex jefe Flavio Casas, permanecen desde hace algunos días desafectados por haberse confirmado que se adulteraban los cuentakilómetros de los móviles para robar el dinero del combustible.
Como es una marca registrada de la policía bonaerense de los últimos años, la información fue mantenida en secreto incluso pese a las consultas de este medio a la Jefatura Departamental para explicar días atrás la remoción de Casas y de toda la cúpula del Comando Sur.
“Estamos investigando esto que es un escándalo no solo por la malversación que puede advertirse sino porque lo que también creemos que sucedía es que los móviles adulterados salían a patrullar menos las calles para poder justificar la maniobra”, señaló el jefe de Asuntos Internos de la policía, Guillermo Berra en un diálogo exclusivo con LA CAPITAL.
Además de Casas fueron separados de sus funciones el subcomisario Alejandro Bravo, que era jefe del Comando de Patrulla Zona Sur, el capitán Cristian González, el oficial subinspector David Domínguez, el teniente Gustavo Fugas y la oficial subayudante Victoria Campana, encargada de Logística.
La investigación se inició semanas atrás por medio de una denuncia que desde Asuntos Internos calificaron como “anónima”. Suele suceder en casos de denuncias contra corrupción policial que quienes la impulsan son otros miembros de la fuerza pero que piden reserva de identidad. No se trata de un llamado “anónimo” sin mayor sustento.
Berra ordenó una auditoría preventiva el 26 de abril pasado en dos domicilios, uno la sede del Comando de Patrullas Sur, de calle 20 de septiembre entre Juan B. Justo y Vieytes, y otra en la vivienda de uno de los policías.
“En el domicilio particular –dijo Berra- vimos a través de un alambrado, a simple vista, que había dos motos del Comando Sur sin ninguna justificación, pero además a las que les faltaban los odómetros. En el Comando Sur descubrimos la máquina que servía para adulterarlos, además de otros elementos para hacer el fraude”.
Vale decir que Casas, como Jefe del Comando (agrupa los distritos Sur, Norte y Centro), tenía su base de operaciones y oficina en el propio Comando Sur.
Lo que pudieron reconstruir los investigadores de Asuntos Internos –en un informe que de inmediato pasaron a la Fiscalía General de Mar del Plata para iniciar la causa penal- es que Bravo, con conocimiento y por lo tanto “autorización” de Casas, tenía montado un sistema para robar las partidas de dinero asignado para la carga de combustible a los móviles.
La estructura administrativa para llenar los tanques de los vehículos –sean motocicletas, automóviles o camionetas- consiste en la utilización de una tarjeta por cada móvil, que tiene cupos de plata para ir reabasteciendo el combustible que se gasta. Como el único control que permite saber si ese combustible se consumió es el cuentakilómetros, lo que este grupo de policías se sospecha que hacía era modificar mecánicamente los instrumentos de medición.
Probablemente, las motos y otros móviles iban muy poco a las estaciones de servicio, ya que tampoco podían “cargar” de más. Mantenían la frecuencia de gastos de la tarjeta pero sin llenar el tanque, lo que redundaba, naturalmente, en un menor patrullaje.
Para que esta maniobra se pudiera completar se necesitaba imperiosamente de playeros de estaciones de servicios que entregaran facturas con cargas sin siquiera tocar los surtidores. Por el momento se mencionan a empleados de una estación de la petrolera Shell, pero se creen que puede haber hasta otras tres estaciones más involucradas. Los playeros no lo hacían gratis y parte del dinero que facturaban, acordaban quedárselo.
“Cuando hicimos las primeras declaraciones pudimos entender que Casas estaba al tanto y por eso es que, sin ser integrante del Comando Sur, fue desafectado también”, dijo Berra.
Durante las inspecciones y auditorías se secuestraron libros contables del Comando y ahora la Justicia deberá estudiar los movimientos de todo el parque automotor para saber el alcance de la defraudación. Eso también determinará durante cuánto tiempo se ejecutó la maniobra.
Además de los seis desafectados, también se investiga como parte de esta organización al comisario José María Gentile sobre quien pesa una investigación patrimonial en Asuntos Internos. Gentile hasta hace algunos meses ocupaba la jefatura de la comisaría quinta, una de las más importantes de la zona sur de Mar del Plata. Declaró un patrimonio de 10 millones de pesos, con una casa de 1.200.000, una chacra de 2600 metros cuadrados y en un edificio de esta ciudad tiene dos departamentos, cochera y depósito. También tiene una moto Honda de 340.000 mil pesos y una camioneta BMW X6 de 1.600.000 pesos. Gentile, que fue trasladado a Chascomús, tiene un sueldo de 46 mil pesos.

Fuente:
Diario La Capital:
http://www.lacapitalmdp.com/escandalo-de-corrupcion-policial-en-el-comando-de-patrullas-mar-del-plata/

Estafas: La Liga Inmobiliaria

La “liga inmobiliaria”: el martillero declaró que se “equivocó” en una subasta


Está imputado por “partícipe de estafa procesal”. El fiscal Javier Pizzo está a días de cerrar la instrucción y pedir la elevación a juicio por las transacciones ocurridas en torno al edificio Semar XI, en Arenales 2329.

El martillero que está imputado en el marco de la investigación por la compra fraudulenta de cocheras y departamentos en subastas judiciales del edificio Semar XI dijo que se “equivocó” en esas operaciones y que no actuó en connivencia con ninguno de los compradores. Una de esas operaciones irregulares motivó al fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló la transacción y expuso la actividad de una supuesta “liga de compradores” que actúa como mafia a la vista de todos en los remates judiciales realizados en la ciudad.
El martillero, imputado por “partícipe de estafa procesal” declaró este lunes en la Fiscalía de Delitos Económicos y deslindó cualquier tipo de intencionalidad en el hecho que se investiga.
Sin embargo, para el fiscal Javier Pizzo el martillero está involucrado en cinco transacciones ya que considera que “el resultado de las maniobras fue posible a raíz de la colaboración prestada por el martillero, quien incumplió los deberes que le incumbían en carácter de auxiliar de la justicia”.
Además, para el fiscal Pizzo el martillero “no respetó el procedimiento de la subasta como dice la normativa y de ese modo permitió que se consumaran las maniobras y resultaran como beneficiarios compradores del mismo grupo familiar”.
En los próximos días, el fiscal Pizzo dará por finalizada la instrucción y solicitará que tanto el martillero, como otras seis personas, van a juicio oral por el delito de “estafas procesales”
Cocheras a subastas judiciales
Estas estafas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.
Para el fiscal Javier Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas, con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.
Basándose en la hipótesis de “estafas procesales” que perjudican principalmente a los propietarios de los inmuebles, el fiscal imputó al mandatario del consorcio y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a dos compradores.
El rol de martillero
La actividad del martillero es fundamental en toda subasta. La hipótesis del fiscal es que, durante estos hechos investigados el martillero favorecía a los otros imputadosdurante las subastas judiciales y permitía que compraran las cocheras a un precio muy por debajo del valor de mercado.
Según consta en la causa, el martillero permitía visibles amenazas que realizaban algunas personas a otros compradores durante la subasta y, además, dejaba que algunas personas realizaran “ridículas” ofertas solo para aumentar el valor de una propiedad y ahuyentar oferentes, para finalmente retirarse de la misma.
De esta manera, una propiedad que era subastada y que había alcanzado un valor elevado, luego era rematada a un valor mucho menor, en una nueva subasta de la que sólo participaban los imputados.
Según explicó el fiscal Pizzo, la irregularidad es que, cuando un oferente que ganó una subasta luego retira la oferta, no se puede comenzar un nuevo remate sin la autorización de un juez, algo que demora algunos días.

Si bien para la hipótesis fiscal, el martillero actuó con intención de esta manera, el imputado declaró que sólo se “equivocó”.
La Liga
El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en el fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente y ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.
“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descripto, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales.
Fuente: Diario "La Capital"
http://www.lacapitalmdp.com/la-liga-inmobiliaria-el-martillero-declaro-que-se-equivoco-en-una-subasta/

viernes, 6 de abril de 2018

Estafas PROCREAR - Sentencia


En el día de la fecha el Sr. Juez titular del Juzgado en lo Correccional N° 5 Dptal. dictó sentencia en el marco del Juicio Oral y Público llevado a cabo en dicha sede, y que tiene como acusados a Pablo Aquino y Natalia Vaccaro por estafas en el marco de la "Causa PROCREAR".

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lunes, 26 de marzo de 2018

Importante cantidad de procesamientos por licencias de conducir falsas



En lo que va del año la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de los doctores Javier Pizzo y David Bruna procesó a más de 60 personas por el uso de licencias de conducir falsas provenientes de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, lo que representa un elevado promedio de imputaciones por esta modalidad delictiva.

En general los hechos son detectados cuando personal policial realiza controles viales de rutina en rutas y calles de la ciudad, circunstancias que ameritan que una vez detectada la falsedad el conductor del vehículo sea aprehendido y puesto a disposición de la fiscalía.

A aquellas personas que hicieron uso del documento falso se les imputó el delito de falsedad de documento público agravado por tratarse de registros que habilitan la circulación en vehículos, por lo que la pena podría ir de 3 a 8 años de prisión.

La particularidad que hace que estos delitos sean especialmente graves es que el uso de la licencia falsa indica que los conductores no han efectuado el trámite correspondiente ante los organismos de contralor y, por lo tanto, no han superado los exámenes físicos y teóricos que acreditan su idoneidad para el manejo de vehículos en las distintas categorías.

Esto conlleva un riesgo para toda la comunidad en cuanto a las responsabilidades derivadas de eventuales siniestros que pudieran ocurrir por vehículos conducidos por personas no aptas para el manejo, que incluye no sólo aquellas de naturaleza penal sino también civiles y administrativas frente a ocasionales víctimas.

Cabe recordar que la Fiscalía de Delitos Económicos logró en su momento desbaratar la organización delictiva que operaba en Mar del Plata y se dedicaba al otorgamiento de licencias falsas.



Fuente:
Prensa - Fiscalía General


jueves, 8 de febrero de 2018

Requerimiento de elevación a juicio por Organizacion Criminal

Los agentes fiscales de Delitos Económicos Javier Pizzo y David Bruna solicitaron a la Jueza de Garantías Rosa Frende, la elevación a juicio con relación a 34 imputados (entre ellos 6 abogados; 2 escribanos; 1 funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble; 1 agrimensor, 1 imprentero, comerciantes y empresarios) en el marco de la importante causa en la que se desbarató una asociación ilícita dedicada a la transferencia ilegal de inmuebles.
 
La tarea investigativa se inició por la denuncia de un ciudadano que constató que en el certificado de domino de un bien propiedad de su familia surgía como titular un tercero desconocido. Posteriormente a esa denuncia se agregaron otras dos, formuladas por los jueces civiles del departamento judicial Mar del Plata Rodrigo Cataldo y Hernán Krzyszycha, quienes anoticiaban la presunta utilización de folios y sellos de su pertenencia en trámites que les resultaban ajenos.  

La pesquisa desplegada a la largo de un año por integrantes de la UFI 10 y que contó con la colaboración de Instructores Judiciales de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración y del Gabinete de delitos económicos de la DDI, permitió detectar que durante el período comprendido entre el 2014 y el 2016, fueron transferidas -mediante el uso de Folios de Seguridad y Sentencias judiciales falsos que se presentaban ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires- las titularidades de unos 50 inmuebles ubicados en las ciudades de Mar del Plata y Miramar. 
 
Considerando esa cifra, y teniendo en cuenta que el organismo provincial informó que en ese periodo ingresaron un total de 230 testimonios judiciales de subasta (Código 9) con relación a la Circunscripción de General Pueyrredon (045) y un total de 27 testimonios de subasta con relación al Partido de General Alvarado (033), puede concluirse que la organización intervino en aproximadamente el 20% del total de transferencias efectuadas.  
 
Asimismo y considerando las causas vinculadas (IPP 5124-15), se estima que el valor de los inmuebles transferidos o cuya titularidad pretendían obtener, alcanzaría la suma aproximada de 100 millones de pesos.
 
Para los Fiscales la organización criminal tenía su base en el Estudio Jurídico del abogado Adrian Bovati ubicado en la ciudad Miramar, y se dedicaba a la captación de interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaba información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas con el fin de tomar posesión de los mismos; esto es, principalmente inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello, o cuyos titulares registrales evidenciaban en organismos públicos desinterés en el inmueble mediante el incumplimiento del pago de impuestos o servicios, o aquellos en los cuales los titulares o adquirentes procuraban no informar la operación comercial ante los organismos fiscales, o bien poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.
 
En tanto que, para instrumentar las maniobras diseñadas, se elaboraban generalmente instrumentos públicos falsos consistentes en Folios de Seguridad utilizados por Organismos Jurisdiccionales, Testimonios y Oficios Judiciales y actuaciones notariales.
 
La investigación estableció la falsedad de firmas atribuidas a numerosos Jueces Civiles y secretarios del Departamento Judicial y de otros organismos, y de los sellos pertenecientes a los Juzgados a su cargo que se encontraban insertos en los documentos presentados al Registro en cada caso. Los soportes magnéticos empleados en la falsificación fueron secuestrados en el marco de los allanamientos efectuados durante el transcurso de la pesquisa.
 
Estos documentos simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien si existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en los obrados. En ellos, se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de Organismos Públicos y de Magistrados y Funcionarios Judiciales y Escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.
 
Una vez elaborados, los instrumentos falsos mediante los cuales los Jueces supuestamente ordenaban medidas que constituían, transmitían, declaraban, modificaban o extinguían derechos reales sobre inmuebles, o bien disponían el levantamiento o inscripción de medidas cautelares, eran presentados ante la sede principal de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires o sus delegaciones, con el fin que allí se efectuaran las inscripciones y las anotaciones necesarias para alterar la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y permitir que integrantes de la organización por sí o por interpuestas personas, o bien ocasionales cómplices convocados por otros miembros del grupo, obtuviesen su disponibilidad jurídica sin conocimiento de los legítimos propietarios, sus herederos, o el Fisco de la Provincia según el caso.
 
La presentación de la documentación falsa ante el Registro de la Propiedad Inmueble podía hacerla cualquiera de los integrantes del grupo, aunque generalmente para ello se utilizaban las labores del abogados o gestores con residencia en La Plata.
 
Medidas Cautelares: En relación a los imputados de Asociación Ilícita, el Juzgado interviniente decretó la prohibición de salida del país de todos ellos, y su inhibición general de bienes y, además, sobre los inmuebles transferidos de forma ilegítima pesan medidas cautelares ( medida de no innovar) que evitan su transferencia.
 
Asimismo y a partir de la detección de las irregularidades, las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble informaron a la Fiscalía que dispusieron un mecanismo interno de control obligatorio que permite constatar el eventual uso de folios falsos.
 
 
Fuente: Prensa Fiscalía General
 
 

Causa contra el SOEME en Mar del Plata

Afiliaciones compulsivas al SOEME: los antecedentes en Mar del Plata del gremio manejado por Marcelo Balcedo

Entre 2013 y 2014, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y de la Minoridad afilió con solicitudes falsas a 231 auxiliares docentes, a quienes les descontó cada mes sumas desde los 140 pesos. La misma maniobra se registró en toda la provincia de Buenos Aires.
 
 
La detención del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y de la Minoridad (SOEME), Marcelo Balcedo, en Uruguay visibilizó el lado más obsceno de la corrupción sindical: una mansión en Punta del Este, autos de lujo, armas, y fajos de billetes con cerca de 500 mil dólares.
 
Balcedo, quien es director del Diario Hoy de La Plata y está vinculado a empresas periodísticas como Emisiones Platenses y revista La Tecla, está acusado de lavado de dinero y evasión tributaria, se encuentra detenido y tiene sus bienes y cuentas inhibidas mientras avanza la investigación en su contra.
 
Marcelo Balcedo “heredó” el puesto de secretario general del SOEME en 2012 tras la muerte de su padre, Antonio Balcedo y a los pocos meses de estar al frente, el sindicato implementó una estrategia para sumar afiliado: registrar compulsivamente y con planillas falsas a trabajadores en la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
 
Según consta en una investigación judicial iniciada en Mar del Plata por el fiscal Javier Pizzo de la Fiscalía de Delitos Económico, sólo en la ciudad entre noviembre de 2013 y enero de 2014, el SOEME afilió con solicitudes falsas a 231 trabajadores de la ciudad, que fueron registrados en la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires – Delegación La Plata.
Los casos de estafas a auxiliares docentes comenzaron a los pocos meses que Marcelo Balcedo, detenido por lavado de dinero y evasión, ocupara el cargo de secretario general del SOEME.
De ese modo, el organismo autorizo y procedió a partir noviembre de 2013 a efectivizar -a través del Código 1830- descuentos en los sueldos de 231 auxiliares docentes, en el convencimiento que estos se habían afiliado al SOEME, girando posteriormente el dinero al sindicato, perjudicando el patrimonio de los trabajadores.
 
Para el fiscal Pizzo, la maniobra estaba encuadrada en el delito de “estafas reiteradas en concurso ideal con uso de Instrumento Privado Falso, en doscientos treinta y un hechos que concurren en forma real”.
 
En la denuncia iniciada por una trabajadora que se desempeñaba por auxiliar portera en la Escuela de Educación Media N°3, la mujer explicó al fiscal que ella, sin haberse afiliado nunca al SOEME, le estaban descontando $144,45 por mes por el código 1830.
 
Si bien esta víctima fue la que inició la denuncia, su caso es ejemplo de los otros 230 trabajadores que también sufrieron la misma estafa, el mismo descuento sin haberse afiliado al SOEME y sin haber recibido a cambio ningún tipo de servicio o prestación.
 
En algunas declaraciones testimoniales de víctimas que tuvieron acceso a las copias de las solicitudes de afiliación que se encuentran en la Dirección General en La Plata, aseguraron que las firmas utilizadas no eran de ellas y que en ningún momento habían tenido intención de afiliarse al sindicato.
 
“Ello permitió suponer la falsedad de las restantes solicitudes de afiliación al SOEME que fueran remitidas por este Sindicato a la Dirección General de Cultura y Educación, teniendo en cuenta el expreso desconocimiento formulado por los testigos en todas las importante cantidad de testimoniales recogidas en la pesquisa”, concluyó Pizzo durante la investigación.
 
En la documentación que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires aportó a la investigación, el fiscal Pizzo corroboró la existencia de estos descuentos sufridos por las víctimas a favor del sindicato.
En Mar del Plata el SOEME estafó a 231 trabajadores al afiliarlos de manera compulsiva y descontarles dinero de sus salarios. Estiman que en la provincia, en total, podrían ser 8000 las víctimas de estafas.
Ya con la investigación avanzada, en abril de 2014 se presentó en la Fiscalía de Delitos Económicos el apoderado del SOEME, Guillermo Chaves, quien aseguró en su momento que la entidad gremial “ha sido víctima de una defraudación por parte de delegados y/o empleados infieles”. Este hecho denunciado ante la Fiscalía N°11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta.
 
En la causa, el fiscal Pizzo consideró que pudo acreditarse -porque así la burocracia lo requiere- que el lugar de presentación de los documentos apócrifos fue la Subdirección de Subsidios, Certificaciones y Retenciones dependiente de la Dirección de Liquidaciones y Haberes y Retribuciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires ubicada en La Plata, que es la oficina encargada posteriormente de remitir la información a la Dirección Provincial de Tecnología con el objeto de efectivizar los descuentos supuestamente autorizados por los afiliados.
 
De esta manera, la conclusión es que los delitos de estafa investigados, con víctimas en Mar del Plata, fueron realizados La Plata, lugar donde se produce la presentación de la documentación apócrifa por parte de responsables del SOEME, que provocó el perjuicio patrimonial provocado por descuentos en los sueldos de los trabajadores, y posterior depósito de las sumas en las cuentas del sindicato.
 
Ante esta situación, de entender que si bien existen víctimas en Mar del Plata el delito se originó en La Plata, el fiscal Pizzo declinó competencia para que el fiscal platense Álvaro Garganta uniera las causas y se hiciera cargo él de la investigación.
 
Si bien Marcelo Balcedo no figura como imputado en la causa, todos los casos de estafa a trabajadores se dieron a los pocos meses que él ocupó el cargo de secretario general del SOEME y fue justamente bajo su conducción que el gremio comenzó a afiliar de manera irregular a auxiliares docentes.
 
Una estafa repetida en toda la provincia de Buenos Aires
La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a raíz de esta denuncia se comunicó a todas las asociaciones involucradas en la afiliación gremial correspondiente al SOEME y encontró que en diciembre de 2013 comenzaron a recibir reclamos de distintos distritos en los que los agentes aducían no haber prestado consentimiento para que se efectivicen los descuentos a favor del sindicato, retenidos a partir de sueldos de noviembre de 2013.
 
Finalmente, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos decidió suspender los descuentos que se les hacían a los trabajadores que por escrito habían dejado por sentado su reclamo sin tener una respuesta satisfactoria de parte del SOEME.
 
Según surge en informes del Sistema del Ministerio Público Fiscal, en 2014 comenzaron causas contra el SOEME por el mismo tipo de estafas en los departamentos judiciales de toda la provincia, como el de Pergamino, Mercedes, Dolores y Lomas de Zamora.
 
Si bien en Mar del Plata se registraron 231 casos, fuentes no oficiales estiman que fueron cerca de 8000 los auxiliares docentes afiliados de manera compulsiva en toda la provincia de Buenos Aires sin su consentimiento, a quienes les descontaron dinero de su sueldo que pasó a las cuentas del SOEME.
 
 
Fuente: Diario La Capital de Mar del Plata