La Fiscalía de Delitos Económicos de la ciudad recibe una denuncia por día contra policías

Entre enero y abril se iniciaron 129 causas contra funcionarios públicos, en su gran mayoría policías. Además existen 22 investigaciones avanzadas con unos 45 efectivos imputados de diferentes dependencias.

La Fiscalía de Delitos Económicos recibe prácticamente una denuncia por día contra policías por diferentes irregularidades que van desde supuestos pedidos de “coimas” callejeras, a uso indebido de horas extras y estafas con la carga de combustibles.

Entre enero y abril se registraron 129 denuncias contra funcionarios públicos en Mar del Plata, siendo, según fuentes judiciales, la gran mayoría contra miembros de las fuerzas policiales.

Por otra parte, si bien se registra en promedio una denuncia por día contra algún policía, muchas son desestimadas en poco tiempo ya que no terminan siendo delitos, como pueden ser malos tratos o actitudes indebidas.

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos consideran que estas causas se han incrementado en los últimos años por la existencia de mayores canales para realizar denuncias anónimas, como el la línea telefónica gratuita de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad (0800-999-8358).

El fiscal Javier Pizzo destacó el trabajo en conjunto con Asuntos Internos, ya que si bien desde allí no surgen las denuncias contra los miembros de la fuerza, sí acompañan en las investigaciones y en brindar información.

“No se puede englobar a toda la policía”, expresó el fiscal Pizzo, quien aseguró que las denuncias contra policías son “un tema complejo” y que generan una situación difícil de investigar.

La dificultad que presenta para los fiscales de la Fiscalía de Delitos Económicos, es que cada denuncia contra un policía debe ser abordado sin contar con el trabajo de miembros de la fuerza, por lo que tienen que solicitar la colaboración de agentes de otras áreas, como la Unidad de Investigación de la Procuración General y sus peritos contables y miembros del Cuerpo de Apoyo Técnico a la Instrucción (CATI).

Una veintena de causas avanzadas

La Fiscalía de Delitos Económicos tramita 22 investigaciones penales avanzadas con al menos 45 policías imputados de diferentes dependencias de la ciudad. “Las tres distritales están comprometidas en causas de corrupción”, expresó una fuente consultada.

Las causas investigadas encuadran a diferentes delitos como enriquecimiento ilícito, falsedad documental, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de un funcionario público.

Entre las investigaciones principales se encuentran las referidas a la distribución irregular de horas extras dentro de la fuerza -horas Cores y Polad- y la carga de combustibles en patrulleros.

¿Cómo denunciar?

La línea telefónica gratuita del Ministerio de Seguridad es 0800-999-8358 y funciona de manera gratuita. Además, la denuncia puede ser anónima.

Desde Asuntos Internos piden la mayor cantidad posible, como aportar detalles, especificar, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el hecho sucedió; informar la mayor cantidad de datos personales referentes al efectivo involucrado; aclarar si se encontraba uniformado al momento del hecho y aportar características del uniforme; adjuntar a la denuncia, en caso de poseerla, toda documentación que complemente la misma y mencionar e identificar, de ser posible, la existencia de testigos que puedan brindar datos concretos.

Fuente:
https://www.lacapitalmdp.com/la-fiscalia-de-delitos-economicos-de-la-ciudad-recibe-una-denuncia-por-dia-contra-policias/

Penas condicionales e inhabilitación para los policías que no denunciaron el hallazgo de más de dos kilos de marihuana

Claudio Boriani y Leonardo Pinto Garandan recibieron penas de uno y dos años. La subinspectora María Baigorria fue absuelta del delito de omisión de promoción de la persecución penal

El hallazgo de cinco ladrillos de marihuana en una playa cercana al Torreón del Monje, las dudas acerca del destino que se le dio a parte de ese material y el incumplimiento de diversas medidas que les correspondía realizar a tres policías de la sub comisaría Casino terminó poco más de dos años después con dos penas de ejecución condicional e inhabilitación y una absolución tras el juicio que se hizo en el Tribunal Oral en lo Criminal 3.

Los tres imputados que llegaron a juicio por los hechos registrados el 31 de diciembre de 2016 fueron el entonces segundo jefe de la dependencia Claudio Boriani, el jefe de calle de la dependencia Leonardo Pinto Garandan y la oficial de servicio María Baigorria.

Tal como lo planteó la investigación de la fiscalía de Delitos Económicos en su elevación a juicio el hallazgo de la droga en la playa estuvo a cargo de personal de la Policía Local que llegó a la playa y halló varios paquetes –algunos enteros y otros partidos- con lo que aparentaba ser droga en su interior. Los efectivos entregaron el material al personal de la sub comisaría Casino que arribó al lugar.

Boriani –que decidió no prestar declaración en el juicio- había señalado durante la investigación haber corroborado que la droga estaba podrida porque tenía mal olor y que arrojó los paquetes en un contenedor que estaba cerca de la dependencia. Para la fiscalía Pinto Garandan incumplió en sus deberes ya que no formalizó el acta ni avisó al fiscal competente del hallazgo de droga, mientras que acusó a Boriani y a Baigorria de haber incumplido su deber ya que luego de conocer que se secuestró material que podría ser droga no promovieron una investigación.

En su alegato final el fiscal Javier Pizzo le solicitó a los jueces Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquert y Mariana Irianni una pena de tres años y ocho meses de prisión para el primer efectivo y dos años de inhabilitación para los otros dos.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 el Tribunal condenó a Leonardo Ariel Pinto Garandan a las penas de dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público; y a Claudio Adrián Boriani a las penas de un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por último, los magistrados decidieron absolver a María Helvecia Nélida Baigorria del delito de omisión de promoción de la persecución penal por el que fuera acusada.

Fuente: 0223. 

https://www.0223.com.ar/nota/2019-3-20-8-6-0-penas-condicionales-e-inhabilitacion-para-los-policias-que-no-denunciaron-el-hallazgo-de-mas-de-dos-kilos-de-marihuana

Escándalo de corrupción policial en el Comando de Patrullas Mar del Plata

El silencio que rodeaba el reemplazo del jefe del Comando de Patrullas y a toda la cúpula del Comando Sur tenía una explicación: se los acusó de robar el dinero destinado al combustible de los móviles. Usaban un sofisticado método. Una vergüenza de corrupción que atentaba contra el patrullaje y la seguridad de los vecinos.

Seis policías de Mar del Plata del Comando de Patrullas, entre ellos el ex jefe Flavio Casas, permanecen desde hace algunos días desafectados por haberse confirmado que se adulteraban los cuentakilómetros de los móviles para robar el dinero del combustible.

Como es una marca registrada de la policía bonaerense de los últimos años, la información fue mantenida en secreto incluso pese a las consultas de este medio a la Jefatura Departamental para explicar días atrás la remoción de Casas y de toda la cúpula del Comando Sur.

“Estamos investigando esto que es un escándalo no solo por la malversación que puede advertirse sino porque lo que también creemos que sucedía es que los móviles adulterados salían a patrullar menos las calles para poder justificar la maniobra”, señaló el jefe de Asuntos Internos de la policía, Guillermo Berra en un diálogo exclusivo con LA CAPITAL.

Además de Casas fueron separados de sus funciones el subcomisario Alejandro Bravo, que era jefe del Comando de Patrulla Zona Sur, el capitán Cristian González, el oficial subinspector David Domínguez, el teniente Gustavo Fugas y la oficial subayudante Victoria Campana, encargada de Logística.

La investigación se inició semanas atrás por medio de una denuncia que desde Asuntos Internos calificaron como “anónima”. Suele suceder en casos de denuncias contra corrupción policial que quienes la impulsan son otros miembros de la fuerza pero que piden reserva de identidad. No se trata de un llamado “anónimo” sin mayor sustento.

Berra ordenó una auditoría preventiva el 26 de abril pasado en dos domicilios, uno la sede del Comando de Patrullas Sur, de calle 20 de septiembre entre Juan B. Justo y Vieytes, y otra en la vivienda de uno de los policías.

“En el domicilio particular –dijo Berra- vimos a través de un alambrado, a simple vista, que había dos motos del Comando Sur sin ninguna justificación, pero además a las que les faltaban los odómetros. En el Comando Sur descubrimos la máquina que servía para adulterarlos, además de otros elementos para hacer el fraude”.

Vale decir que Casas, como Jefe del Comando (agrupa los distritos Sur, Norte y Centro), tenía su base de operaciones y oficina en el propio Comando Sur.

Lo que pudieron reconstruir los investigadores de Asuntos Internos –en un informe que de inmediato pasaron a la Fiscalía General de Mar del Plata para iniciar la causa penal- es que Bravo, con conocimiento y por lo tanto “autorización” de Casas, tenía montado un sistema para robar las partidas de dinero asignado para la carga de combustible a los móviles.

La estructura administrativa para llenar los tanques de los vehículos –sean motocicletas, automóviles o camionetas- consiste en la utilización de una tarjeta por cada móvil, que tiene cupos de plata para ir reabasteciendo el combustible que se gasta. Como el único control que permite saber si ese combustible se consumió es el cuentakilómetros, lo que este grupo de policías se sospecha que hacía era modificar mecánicamente los instrumentos de medición.

Probablemente, las motos y otros móviles iban muy poco a las estaciones de servicio, ya que tampoco podían “cargar” de más. Mantenían la frecuencia de gastos de la tarjeta pero sin llenar el tanque, lo que redundaba, naturalmente, en un menor patrullaje.

Para que esta maniobra se pudiera completar se necesitaba imperiosamente de playeros de estaciones de servicios que entregaran facturas con cargas sin siquiera tocar los surtidores. Por el momento se mencionan a empleados de una estación de la petrolera Shell, pero se creen que puede haber hasta otras tres estaciones más involucradas. Los playeros no lo hacían gratis y parte del dinero que facturaban, acordaban quedárselo.

“Cuando hicimos las primeras declaraciones pudimos entender que Casas estaba al tanto y por eso es que, sin ser integrante del Comando Sur, fue desafectado también”, dijo Berra.

Durante las inspecciones y auditorías se secuestraron libros contables del Comando y ahora la Justicia deberá estudiar los movimientos de todo el parque automotor para saber el alcance de la defraudación. Eso también determinará durante cuánto tiempo se ejecutó la maniobra.

Además de los seis desafectados, también se investiga como parte de esta organización al comisario José María Gentile sobre quien pesa una investigación patrimonial en Asuntos Internos. Gentile hasta hace algunos meses ocupaba la jefatura de la comisaría quinta, una de las más importantes de la zona sur de Mar del Plata. Declaró un patrimonio de 10 millones de pesos, con una casa de 1.200.000, una chacra de 2600 metros cuadrados y en un edificio de esta ciudad tiene dos departamentos, cochera y depósito. También tiene una moto Honda de 340.000 mil pesos y una camioneta BMW X6 de 1.600.000 pesos. Gentile, que fue trasladado a Chascomús, tiene un sueldo de 46 mil pesos.

Fuente:
Diario La Capital:
http://www.lacapitalmdp.com/escandalo-de-corrupcion-policial-en-el-comando-de-patrullas-mar-del-plata/

Elevación a juicio contra ex intendente municipal

Causa: Pulti – IPP N° 08-00-0066-16

En el marco de la investigación mencionada, se requirió la elevación a juicio por un total de cinco hechos calificados como Malversación de caudales públicos e Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Hecho I) e Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Hechos III, IV, V y VI), siendo imputados en todos ello funcionarios municipales (ex intendente, contador, etc).

Se puede ver la resolución en el siguiente archivo adjunto.

Requieren elevación a juicio por incumplimiento de deberes y coacción

REQUIEREN ELEVACIÓN A JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y COACCIÓN

Tras una investigación llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Económicos, los agentes fiscales Javier Pizzo y David Bruna, solicitaron la elevación a juicio de la causa seguida al ex Director de Inspección General de la Municipalidad, Eduardo Gustavo Bruzetta por los delitos de Incumplimiento de deberes y Coacción.

De la investigación penal preparatoria surgieron elementos de convicción suficientes para tener por acreditado que a principios del mes de mayo de 2014,  Eduardo Bruzetta, en la sede de su publico despacho amenazó a M.C. con dictar una resolución que perjudicara su posición de permisionario en la venta de pochoclos y garrapiñadas  si este no renunciaba a la continuidad de un expediente iniciado contra la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, de trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 Departamental. 

M.C no desistió de la acción y el derecho en la causa que lo tenia como actor, siendo dicha conminación posteriormente ejecutada.

Posteriormente pudo comprobarse que el día 16 de Septiembre de 2014, ejerciendo su cargo de Director General de Inspección General de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón -pese a la afectación de derechos subjetivos y constitucionales que su disposición conllevaría-, Bruzzetta ordenó verbalmente proceder a la demolición de un inmueble ubicado en la calle 11 de Septiembre 3507 de la ciudad de Mar del Plata, omitiendo exteriorizar la voluntad de la administración, toda vez que no formalizó el correspondiente acto administrativo o resolución escrita conforme lo dispuesto por  los arts. 104 y cdtes. del decreto 7647/70 y la Ordenanza General 267/80 que contemplan el procedimiento administrativo de la Provincia de Buenos Aires y los Municipios que la integran. 

Asimismo en el marco de la decisión asumida, en contraposición a lo indicado por el art. 108 inc. c  del régimen legal citado en el párrafo que antecede, Bruzetta soslayó sin fundamento alguno el dictamen jurídico emitido por abogados que integran  la Procuración del  Municipio de General Pueyrredón -pese a que el mismo era quien lo había requerido a fin de saber si estaban dadas las condiciones para demoler el inmueble- mediante el cual aquellos le habían sugerido que previo a disponer  la demolición  conforme lo dispuesto por el art. 2.6.12.4 del Reglamento General de Construcciones (Ordenanza 6997) se emitiese a través de la Dirección de Obras Privadas un informe técnico con el objeto de precisar si los riesgos de derrumbe podían ser neutralizados mediante apuntalamiento o directamente era necesaria la demolición, y asimismo para que conforme lo dispuesto por el art. 2.6.12.3 del Reglamento citado, antes de proceder se precisara el nombre del titular dominial del bien mediante oficio expedido al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia. 

Fuente:

Prensa - Fiscalía General Departamental.

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/2016/11/fiscalia-nro-10-delitos-economicos_21.html

Funcionarios públicos - Juicio Oral

Causa: " Dardo Molina II" : "Dte.: U.F.I.J N° 5 en I.P.P 08-00-018020-10 s/ Falsedad de Instrumento Público, Falso Testimonio Agravado, Privación ilegal de la libertad, allanamiento ilegal de morada, Incumplimiento de los deberes de funcionario público, etc" (I.P.P 08-00-003827-11)

Entre el 4 y 12 de abril se llevará a cabo en la sede del Tribunal Oral Criminal N° 3 Departamental, el debate oral en la Causa N° 5219 vinculada a las irregularidades presuntamente cometidas por funcionarios policiales en la investigación por la muerte de Dardo Molina ocurrida en el año 2010.

Imputados: nueve (9) funcionarios policiales.

Hechos: la investigación consta de V cuerpos y se han tenido por acreditados un total de 11 hechos cometidos en el marco de un procedimiento llevado a cabo en la I.P.P 08-00-018020-10 caratulada "S/ Homicidio. Vict.: Dardo Molina" de trámite ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 Dptal. (causa 4699 Y 4719 T.O.C N° 3), en los que se vieron involucrados en su totalidad funcionarios policiales, resultando imputados por los delitos de Falsedad Ideológica de Instrumento Público agravada (art. 293 y 298 del C.P.), Falso Testimonio agravado (art. 275 del C.P.) en 7 hechos, Allanamiento ilegal de morada (art. 151 del C.P.), Privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por Funcionario Público e Incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del C.P).

Los tiempos de la causa: Los hechos datan del 27 de septiembre de 2010, habiendo sido requerida a juicio la investigación, luego de haberse recibido 9 declaraciones a tenor del art. 308 del C.P.P, el 17 de diciembre de 2013.

Funcionarios públicos - Recursos

Causa: “Secretaría de Seguridad” . (I.P.P 08-00-016571-13) 

Imputados: 3 funcionarios municipales. Gustavo Armando Tonello, Monica Margarita Bargas, Adrian Luis Alveolite.

Hechos: la investigación constó de V cuerpos y VI anexos documentales y se inició a raíz de la denuncia de oficio formulada por el Agente Fiscal Dr. Alejandro Pelegrinelli, habiéndose finalmente requerido a juicio por un hecho calificado como Abuso de Autoridad y Falsedad Ideológica de instrumento Público en concurso ideal (art. 55, 248 y 292 del C.P.). 

Investigación: a cargo de integrantes de la Fiscalía e instructores del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción de Fiscalía General. 

Actualidad: Con fecha 7 de mayo de 2015, la titular del Juzgado del Garantías N° 6 rechazó elevar a juicio la causa y sobreseyó a todos los imputados. La fiscalía interpuso recurso de apelación contra dicha resolución. La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías Dptal. el día 16 de febrero de 2016 resolvió revocar parcialmente la resolución de la Sra. Jueza de Garantías, disponiendo la elevación a juicio respecto de Mónica Bargas y Gustavo A. Tonello, y confirmando el sobreseimiento de Adrián Luis Alveolite. Contra dicha pronunciación el Sr. Fiscal General de Cámaras hizo reserva de recurrir en Casación.

Funcionarios Públicos - Condenas

Causa: "Comisaría Quinta" (I.P.P 08-00-006337-12)

La sala I de la Excma. Cámara Departamental integrada por los Dres. Esteban Viñas, Javier G. Mendoza y Marcelo Riquert el día 5 de Noviembre de 2015 revocó parcialmemte la resolución de 1° instancia, condenando a Jorge A. Matias como coautor jurídicamente responsable de los delitos de Encubrimiento, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y violación de deberes, inponiéndole la pena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitacion absoluta con mas tres años de inhabilitación para ejercer la función con costas. 

La misma Sala en fecha 3 de febrero de 2016, resolvió confirmar la sentencia dictada por el Juez Correccional Dr. Jorge Rodriguez, y decidió condenar a Patricia Ines Sandaliche y Cristian Hernan Quintás a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional mas el doble de tiempo de la condena; a Matias A. Sanchez a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena, con costas. Y a Emiliano Jesis Ludvik a la pena de un año de prisión por el doble del tiempo de condena, con costas. 

HECHOS: 

En el hecho principal se les imputó, que el día lunes 19 de marzo del año 2012, siendo alrededor de las 2:20 horas, con motivo de un llamado recibido en la Central de Emergencias 911, los funcionarios policiales se constituyeron en la vivienda sita en Av. Jacinto Peralta Ramos Nº 2000 de esta ciudad. Una vez allí, previo constatar que los accesos a la finca se encontraban violentados, ingresaron al inmueble aprehendiendo en su interior a Javier Matías Ubiría y Cristian Daniel Gonzalez en momentos en que los mismos se hallaban sustrayendo los bienes existentes en el lugar. Dicha circunstancia también fue constatada por otros los preventores pertenecientes a la dotación del móvil Nº 12290, quienes ingresaron a la vivienda momentos después de sus colegas. Los funcionarios mencionados sin realizar ningún tipo de pesquisa y/o procurar recabar datos tendientes a individualizar a tercer o terceros participantes del robo como así también del vehículo en que se movilizaban, decidieron el traslado de los detenidos en el movil 12366 a la comisaría distrital quinta en calidad de demorados por averiguaciones de identidad, omitiendo así darle inmediata intervención y comunicación del hecho acontecido en la finca de J. Peralta Ramos Nº 2656 de esta ciudad a sus superiores jerárquicos, al Fiscal y Juez de Garantías en turno y redactar las actuaciones por el robo acaecido, permitiendo de tal forma, también, a los autores del ilícito, asegurar el producto del delito.

Los tiempos de la causa: los hechos datan del 19 de marzo de 2012, habiéndose designado audiencias a tenor del art. 308 del C.P.P el 30 de noviembre del mismo año y requerido a juicio con fecha 1 de febrero de 2013. 

Investigación: Integrantes de la Fiscalía e instructores del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción de la Fiscalía General.