martes, 13 de agosto de 2019


Cinco años y seis meses de prisión a Viglione y absolución para María Larsen


Lo condenaron por el delito de estafa continuida. El "analista" seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán. 

El "analista de mercados a futuro" Daniel Viglione fue condenado este viernes a cinco años y medio de prisión como autor del delito de estafacontinuada mientras que María Larsen -acusada de ser su socia- fue absuelta por la Jueza Correccional Ana Fernández
Tras aclarar que haría una lectura extractada de las 167 fojas de la sentencia, la jueza Fernández explicó que respondería a los planteos de las partes y no repetiría cada una de las testimoniales escuchadas durante los dos meses y medio de debate.
La jueza sostuvo que la puesta en escena de Viglione fue en aumento tal como lo explicaron varios testigos a lo largo del debate y que la magistrada refirió en la sentencia. En el mismo sentido calificó a las publicaciones de viajes que el imputado hacia en sus redes sociales y al funcionamiento de la página web que había armado para tal sentido.
El otro punto clave para la difusión de la operatoria de Viglione fue el "boca a boca". Tal como se contó a lo largo del desarrollo del debate, la recomendación que los primeros clientes hicieron a su grupo de amigos y conocidos fue fundamental para que más personas entregaran sumas de dinero al imputado.

La Jueza también se refirió a las condiciones macroeconómicas reinantes a partir de 2011, especialmente el cepo cambiario que hizo a que muchas personas buscaran algunas alternativas de inversión. "No se bancarizaban los depósitos, se entregaban en efectivo en las oficinas y se retiraba en un maletín del lugar", indicó. 
Para la magistrada "ninguno de los damnificados analizó los formularios firmados porque las víctimas ya tenían consolidada la decisión de afectar sus patrimonios". Sostuvo que la entrega de valores se basó en la confianza que dio Viglione a partir de sus programas de radio y conferencias.
"Se utilizó la mentira de decir que se usaría Forex y se abriría una cuenta en el Bank of América y eso no se hizo", dijo la jueza antes de recordar los documentos que confirmaron que Viglione no operó con esa modalidad y nunca envió nada con esos formularios.
La Jueza habló de las características diferentes de los inversores, de la falta de averiguaciones que hicieron al momento de entregar el dinero "en el convencimiento y confianza que les daba Viglione" por su experiencia en radio y una mayor seguridad que les dio cuando pasó a Radio Mitre.
Para la Jueza si bien Viglione no dijo directamente que utilizaba el esquema Ponzi y hablaba de supuestas inversiones "con el conocimientos de no estar matriculado en la Comisión de Valores, siguió tomando en 2016 dinero sabiendo que no iba a devolverlo".
Además de la condena a cinco años y seis meses de prisión, Fernández dio lugar a las acciones civiles que en algunos de los casos planteó el abogado Julio Razona por el monto que logró probarse durante el debate más una suma no precisada por los daños infringidos y los intereses correspondientes por ley. A la espera de esa devolución mantendrá la inhibición total de los bienes del "analista".

El rol de María Larsen


La Jueza dio por probado que María Larsen se incorporó a las tareas de Viglione hacia 2011 como dijo en su declaración y se confirmó con las testimoniales de algunos de los damnificados.
El punto central fue -tal lo planteado por los defensores Sergio FernándezLuz Alonso Proto- tanto la fiscalía como los particulares damnificados "no probaron con certeza el conocimiento del carácter perjudicial de la conducta de la mujer".
En base a distintos testimonios y la prueba traída a debate la magistrada ubicó a la mujer en un rol de empleada y no de responsable de la oficinadonde los inversores dejaron parte o la totalidad de sus ahorros durante varios años hasta la huída de Viglione cuando los reclamos de los ahorristas se hicieron cada vez más grandes.
Para Fernández si bien Larsen pudo sospechar que el dinero no iba a una cuenta en el exterior, la mayoría de los testigos -tal como sostuvieron sus defensores- no denunciaron a Larsen en su primera exposición y lo hicieron a partir de reunirse con otros damnificados en el estudio del abogado Julio Razona.

Fuente: 0223

lunes, 12 de agosto de 2019

Irá a juicio una banda dedicada al traspaso ilegal de inmuebles



Irá a juicio una banda dedicada al traspaso ilegal de inmuebles



Hay 27 personas imputadas, entre las que se encuentran comerciantes, empresarios, abogados, un escribano, un agrimensor, un imprentero y un funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble.


La Justicia de Garantías elevó a juicio la megacausa contra una organización acusada de haber transferido ilegalmente inmuebles y compuesta por empresarios, comerciantes, abogados, un escribano, un agrimensor, un imprentero y un funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble.
La jueza de garantías Rosa Frende aceptó el planteo de los fiscales de Delitos Económicos, Javier Pizzo y David Bruna, para que 27 imputados fueran a juicio.
En total, se estima que esta organización estuvo involucrada en el traspaso fraudulento de unos 50 inmuebles -de Mar del Plata, Miramar y Pinamar- entre el 2014 y 2016, mediante el uso de folios de seguridad y sentencias judiciales falsos que se presentaban ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.
En relación a los imputados, el juzgado interviniente decretó la prohibición de salida del país de todos ellos, y su inhibición general de bienes y, además, sobre los inmuebles transferidos de forma ilegítima pesan medidas cautelares que evitan su transferencia.
Asimismo y a partir de la detección de las irregularidades, las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble informaron a la Fiscalía que dispusieron un mecanismo interno de control obligatorio que permite constatar el eventual uso de folios falsos.
La causa
La tarea investigativa se inició por una denuncia, en la que una persona aseguraba que en el certificado de dominio de un bien propiedad de su familia surgía como titular un tercero desconocido. Posteriormente a esa denuncia se agregaron otras dos, formuladas por los jueces civiles del departamento judicial Mar del Plata Rodrigo Cataldo y Hernán Krzyszycha, quienes anoticiaban la presunta utilización de folios y sellos de su pertenencia en trámites que les resultaban ajenos.
Según la investigación desarrollada por Bruna y Pizzo, se pudo comprobar que entre 2014 y 2016 ingresaron un total de 230 testimonios judiciales de subasta con relación a la Circunscripción de General Pueyrredon y un total de 27 testimonios de subasta con relación al partido de General Alvarado. De esta manera, se concluye que la organización delictiva intervino en aproximadamente el 20% del total de transferencias efectuadas.
Para los fiscales la organización criminal tenía su base en el Estudio Jurídico del abogado Adrián Bovati ubicado en Miramar, y se dedicaba a la captación de interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaba información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas con el fin de tomar posesión de los mismos; esto es, principalmente inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello, o cuyos titulares registrales evidenciaban en organismos públicos desinterés en el inmueble mediante el incumplimiento del pago de impuestos o servicios, o aquellos en los cuales los titulares o adquirentes procuraban no informar la operación comercial ante los organismos fiscales, o bien poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.
En tanto que, para instrumentar las maniobras diseñadas, gracias al imprentero que formaba parte de la organización, elaboraban instrumentos públicos falsos consistentes en folios de seguridad utilizados por organismos jurisdiccionales, testimonios y oficios judiciales y actuaciones notariales.
La investigación estableció la falsedad de firmas atribuidas a numerosos jueces civiles y secretarios del departamento judicial y de otros organismos, y de los sellos pertenecientes a los juzgados a su cargo que se encontraban insertos en los documentos presentados al registro en cada caso. Los soportes magnéticos empleados en la falsificación fueron secuestrados en el marco de los allanamientos efectuados durante el transcurso de la pesquisa.
Estos documentos simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien sí existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en los obrados. En ellos, se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de organismos públicos y de magistrados y funcionarios judiciales y escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.
Cazadores de propiedades
Una vez elaborados, los instrumentos falsos mediante los cuales los jueces supuestamente ordenaban medidas que constituían, transmitían, declaraban, modificaban o extinguían derechos reales sobre inmuebles, o bien disponían el levantamiento o inscripción de medidas cautelares, eran presentados ante la sede principal de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires o sus delegaciones, con el fin que allí se efectuaran las inscripciones y las anotaciones necesarias para alterar la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y permitir que integrantes de la organización por sí o por interpuestas personas, o bien ocasionales cómplices convocados por otros miembros del grupo, obtuviesen su disponibilidad jurídica sin conocimiento de los legítimos propietarios, sus herederos, o el Fisco de la Provincia según el caso.
La presentación de la documentación falsa ante el Registro de la Propiedad Inmueble podía hacerla cualquiera de los integrantes del grupo, aunque generalmente para ello se utilizaban las labores del abogados o gestores con residencia en La Plata.


Fuente:
Diario La Capital.
https://www.lacapitalmdp.com/ira-a-juicio-una-banda-dedicada-al-traspaso-ilegal-de-inmuebles/