lunes, 25 de septiembre de 2017

La Liga: imputan a integrantes de un consorcio y compradores

La Fiscalía de Delitos Económicos investiga a seis personas por “estafas procesales” realizadas para adquirir cocheras del edificio Semar XI en remates judiciales. La práctica quedó expuesta en un fallo de la Cámara de Apelaciones que menciona una “liga de compradores”.
 
La Fiscalía de Delitos Económicos imputó a seis personas en el marco de una investigación por la compra fraudulenta de cocheras en subastas judiciales. Una de esas operaciones irregulares motivó al fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló la transacción y expuso la actividad de una “liga de compradores” que actúa como mafia en los remates judiciales realizados en la ciudad.
 
La investigación que lleva la fiscalía se centra en siete casos de estafas procesales para que cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- llegaran a remate judicial.
 
Estas estafas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.
 
Para el fiscal Javier Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas, con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.
 
Basándose en la hipótesis de “estafas procesales” que perjudican principalmente a los propietarios de los inmuebles, el fiscal imputó al mandatario del consorcio y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a dos compradores. Se espera que en los próximos días los imputados declaren en la Fiscalía de Delitos Económicos y no se descarta que se amplíen pruebas y se sumen otras declaraciones a la causa.
 
El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en el fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente y ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.
 
“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descripto, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales.
 
Fuente:
Diario La Capital

Elevación a Juicio - Estafas por Internet

 
Por una serie de 30 hechos cometidos entre 2011 y 2016, los agentes fiscales Javier Pizzo y David Bruna solicitaron a la Jueza de Garantías Rosa Frende, la elevación a juicio de Néstor Martín Giménez; María del Carmen Olalla; Bianca María Saborido y Adolfo Julio Rodríguez por surgir elementos de convicción que permitieron acreditar los delitos de estafas reiteradas.

Los 30 hechos delictivos cometidos se dieron en el marco de falsas operaciones inmobiliarias por parte de Giménez y demás partícipes de estas maniobras que consistieron en el armado de publicaciones de supuestos alquileres de inmuebles a turistas durante las temporadas estivales, a través de los sitios de internet OLX y Mercado Libre y con utilización de nombres y denominaciones falsas, a los fines de hacer incurrir en el pago de un depósito previo por cuenta bancaria a cada una de las víctimas que al momento de llegar a la ciudad de Mar del Plata para establecer contacto con el falso operador inmobiliario y obtener la llave de ingreso al inmueble esto nunca sucedería.
 
Por ejemplo, en uno de los hechos descriptos la hipótesis acusatoria sostiene que, el día 20 de diciembre de 2011, Giménez realizó una publicación en el sitio OLX.com bajo el lema "Dpto. Güemes 3 ambientes aproveche febrero" relativa al alquiler de un departamento situado en calle Güemes y Gascón de esta ciudad, por un costo total de tres mil cuatrocientos pesos (3.400) desde el 9 al 29 de febrero de 2012, empleando para ello el supuesto nombre de "Raúl Costa" de "Inmobiliarias del Este S.A." y como datos de contacto dos números de télefono y la dirección de correo electrónico murphypropiedades@hotmail.com.ar, recibiendo comunicación por parte de una interesada a fin de coordinar distintos aspectos de la operación comercial propuesta.
 
La víctima -en la creencia de que se trataba de un anuncio de operación comercial lícita- procedió el día 5 de febrero de 2012 a abonar la suma de mil setecientos pesos (1700) en concepto de reserva de alquiler del inmueble, en la Cuenta N° 121-368714/5 del Banco Santander Río cuya titularidad recae en Néstor Martín Giménez.
 
Al arribar a Mar del Plata la víctima junto a su esposo procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, al constituirse en el domicilio indicado por "Raúl Costa" (Giménez) como perteneciente a la Inmobiliaria, no halló local alguno ni pudo ubicar el departamento alquilado, no pudiendo tener respuesta positiva por parte del denunciado por lo que ella se vio perjudicada por la maniobra ocasionándole un perjuicio patrimonial.
 
En otras de las maniobras Olalla, Saborido y Rodríguez fueron partícipes necesarios para completar las falsas operaciones ejecutadas por Giménez, tanto en la facilitación de cuentas bancarias para el pago de depósitos como así también en la titularidad de los teléfonos que correspondían a supuestas inmobiliarias.
 
Cabe señalar que Giménez ya se encuentra detenido en el marco de otra causa que se tramita en la Fiscalía de Delitos Económicos a la espera del debate oral y público en el Juzgado Correccional N° 1, en la que se lo sindica de haber usurpado un inmueble que le pertenece a la Asociación de Cooperadoras de los Hospitales HIGA e HIEMI, para luego alquilarlos y/o venderlos a terceros de buena fe.
 
Fuente:
Prensa Fiscalía General
 
 
 
 

viernes, 8 de septiembre de 2017

Aumentan los casos de novedosas estafas informáticas en la ciudad

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos llevan a cabo en los últimos meses investigaciones que comprueban la existencia de nuevas modalidades delictivas mediante la extracción de información personal de entidades financieras y crediticias. El objetivo es la venta de esos datos por mercados negros en internet o bien hacer transferencias entre cuentas bancarias, para luego utilizar ese dinero en gastos online. Hay centenares de causas en Mar del Plata.
 
Los avances tecnológicos ponen a prueba a la justicia local a raíz de distintas causas que investigan nuevas y sofisticadas estafas informáticas que afectaron, y perjudican, a centenares de marplatenses.
La Fiscalía de Delitos Económicos trabaja en los últimos meses en novedosos casos, en los cuales se detecta a organizaciones criminales online que se dedican a llevar a cabo constantes delitos en las redes con el robo de datos personales. También corroboraron que esos hechos los pueden cometer también pequeños grupos de sujetos con amplios conocimientos en ciberataques.
En diálogo con El Marplatense, Javier Pizzo, fiscal de esa unidad temática, brindó detalles sobre las nuevas formas de cometer delitos por internet: “Esta fiscalía interviene en lo que son estafas informáticas que en los últimos años han crecido de manera sistemática y que realmente exigen que pongamos una determinada cantidad de recursos en esa materia puntual”.
 
“Las modalidades que la justicia tiene que encontrarse son varias, el Código Penal establece principalmente dos artículos para este tipo de modalidades: 173 inciso 15 y 16. Las modalidades principales son los ilícitos de tarjetas de crédito, que se caracteriza por las grandes dificultades que hay para su investigación”, contó el investigador, quien continuó: “Lo que se ha detectado es que los datos de las tarjetas de crédito pueden estar en grandes bases de datos y esta información se puede vender a la Dark Web (web oscura), que es el modo en el que las organizaciones criminales le brindan información a aquellos que las quieran comprar ilícitamente”.
 
Es decir, la justicia local ha verificado cómo bandas internacionales, o algunas del país, vulneran servidores de entidades bancarias, crediticias (entre otras) para apropiarse de cientos datos personales y así venderlos en mercados informales que existen en internet. De esa forma, el robo se concreta con la venta de esos paquetes de información financiera a otros grupos que lo comercializan a particulares que pretenden utilizar ese dinero para el consumo en los sitios de compra. Los ejemplos más comunes son viajes al exterior y productos electrónicos.
 
Sobre un caso ya desbaratado y que tuvo como víctima a “un reconocido perito”, Pizzo ejemplificó: “Los datos de su tarjeta habían sido utilizados para la compra de un producto en un lugar en Londres y logramos determinar que ese producto se había comprado desde Francia. Hay dificultades probatorias porque hay que realizar oficios internacionales, tener conocimientos en inglés y sobre ese tipo de comercio”. “Requiere bastantes desafíos desde el punto de vista investigativo. La empresa de servicios de esa tarjeta le reconoció al damnificado el momento que había sido sustraído”, concluyó con el caso.
“Nosotros no nos encargamos de resarcir, eso lo tendrá que hacer la persona con la empresa. Buscamos que se haga un acuerdo entre las partes y se finaliza la investigación. Nosotros licuamos las investigaciones, tratar de detectar de donde se hicieron las compras e identificar a los responsables. Son penas de uno a seis años”, explicó. “Las dificultades, en proporción a los recursos que tenemos y a los gastos que le demanda del Estado, son diversas”, reconoció.
 
Consultado sobre si hay formas de prevenir estos hechos, informó que “la prevención existe en cuanto a las empresas financieras que tienen que tomar medidas para proteger sus bases de datos y la persona lo que puede hacer es verificar bien cuando llegue un mail y los enlaces a los cuales se los invita a ingresar”. “Cuando se ingresa al home banking, por ejemplo, no escribir en el teclado físico sino usar el virtual. Si alguien es usuario de la página de una entidad bancaria que la ingrese en favoritos y utilice siempre la misma porque las organizaciones criminales lo que hacen es pagar para que aparezca en Google primero el aviso de una página clonada”, agregó.
Esta modalidad afecta a profesionales, a funcionarios de todo tipo, no hay ningún tipo de victima elegida, todo aquel que tenga tarjeta y maneje dinero puede ser víctima”, aseguró.
A su vez, Pizzo señaló que otra modalidad es “la transferencia ilícita de datos de cuentas bancarias a otras cuentas bancarias”. Contó que esa modalidad se denomina “Fishing” porque “es una pesca de un dato”. “Se roban los datos de la tarjeta de crédito, se transfiere a la cuenta de otra persona, víctima, y recién ahí se hacen compras”, precisó.
 
Al respecto, aclaró que “hay personas que reciben en su cuenta dinero y hacen la denuncia, pero otras no se dan cuenta porque ese dinero entro dos o tres días y luego desapareció”. “Hay víctimas temporales, porque las personas son utilizadas campo derivación lógica para seguir simulando la maniobra”, puntualizó el fiscal.
 
Para Pizzo, “son organizaciones criminales que tienen a personas con técnicas especializadas y que requieren de parte del ministerio Publico y Fiscal grandes esfuerzos investigativos y gente capacitada captando este tipo de criminalidad”. “No son tareas sencillas porque trabajan de manera rápida y profesional”, sostuvo.
Acerca del avance de las causas que interviene la fiscalía, respondió: “Tenemos una investigación que ha logrado determinar treinta diferencias y tenemos a siete imputados ya procesados. Vamos avanzando, pero hay cada vez mayor cantidad de denuncias que ingresan y tratamos de darle prioridad a las de mayor relevancia”. “Vamos avanzando, lo que ocurre que es cada vez mayor la cantidad de casos que ingresan a la fiscalía”, afirmó.
 
Por otra parte, dio cuenta de otra forma de estafa, una manera que en Mar del Plata se suele utilizar en verano con el alquiler de departamentos: “La tercera modalidad se da bajo estafas genéricas en donde alguien invita a alquilar un inmueble y cuando se realiza el pago se dan cuenta que la propiedad no existe”.
Hay más de 150 causas abiertas en Mar del Plata por estas estafas informáticas y una importante cantidad de investigaciones concluidas. Sin embargo, desde la fiscalía de Delitos Económicos se advierte un incremento de hechos que pone en jaque a un sistema judicial debilitado en cuanto a la proporción de recursos y a la creciente demanda de casos.
 
Nota relacionada:
 
Fuente: Nota en "El Marplatense":

Piden elevar a juicio una causa por estafas en Balcarce

Lo solicitó en las últimas horas la Fiscalía de Delitos Económicos. Se encuentran imputados el presidente de Auto Club Balcarce, José Antonio Martínez, y Maximiliano Martín Acuña, Néstor Alberto Sarlo y Walter Marcelo Calandra, otras personas ligadas a la entidad.
 
La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó en las últimas horas a la Justicia de Garantías que llegue a juicio oral y público la causa en la que se encuentran imputados el titular del Auto Club Balcarce, José Antonio Martínez, Maximiliano Martín Acuña, Néstor Alberto Sarlo y Walter Marcelo Calandra por los delitos de “Defraudación por Administración Fraudulenta e Insolvencia Fraudulenta.
 
Según explicó, de la investigación penal preparatoria que realizaron los fiscales especializados surgieron “elementos de convicción suficientes” como para tener por acreditado que durante el 20 de septiembre de 2012 y el 30 de abril de 2013 el presidente de la entidad realizó diversas maniobras ilícitas.
 
En septiembre de 2012 asentó en el libro de Actas del Auto Club Balcarce la Asamblea General Ordinaria mediante la cual se aprueba una cesión de trece hectáreas anexas al kartódromo a un grupo inversor para solucionar el inconveniente de la hipoteca que pesa sobre el predio. Esta asamblea con fecha 17 de diciembre de 2014 fue declarada irregular e ineficaz por parte de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, ello por no resultar válida la reunión de directores que la convoca y por no haberse consignado en el orden del día con exactitud el tema en tratamiento de tan relevante importancia. Esta acta asamblearia es suscripta por Martínez y el Secretario de la entidad Maximiliano Acuña, obrando asimismo cuatro firmas más ilegibles. Cabe referir que a simple vista surge que estas cuatro firmas fueron estampadas con una lapicera distinta.
 
En febrero de 2013, mediante Escritura ante el Escribano Néstor Sarlo, José Antonio Martínez -en su calidad de Presidente del Auto Club Balcarce- vendió la fracción de campo propiedad de la entidad a favor de la sociedad Faro La Providencia S.A., representada por Walter Marcelo Calandra en su calidad de Presidente de la misma (constituida por una superficie de más de 21 hectáreas) en la suma de $ 159.358, monto muy debajo de su valor real, e incluso de su valuación fiscal, la cual asciende a la suma de dos millones cincuenta y cinco mil ochocientos pesos ($ 2.055.800). Esta escritura traslativa de dominio fue realizada sin haberse mencionado en la misma las actas asamblearias que acrediten la conformidad de los asociados de la venta del bien en cuestión, pues solo se mencionan en el cuerpo de la escritura y adjuntan a ella como documentación anexa las actas realizadas por la Comisión Directiva, en las que se puede leer la firma de José Antonio Martínez y Maximiliano Acuña entre otras pocas.
 
De esta manera, Martínez hizo desaparecer el único bien que integraba el patrimonio de la entidad Auto Club Balcarce frustrando de esta manera las obligaciones civiles emergentes de diversos juicios entablados en contra de la entidad, perjudicando así los intereses de los actores en estos procesos en trámite, al haber sacado ese bien del patrimonio del club.
 
Según sostiene la investigación, Martínez pudo realizar estas maniobras gracias a la cooperación necesaria de Maximiliano Martín Acuña, quien en su calidad de Secretario del Auto Club Balcarce participó conjuntamente con el nombrado en la confección de las actas de la comisión directiva que fueron utilizadas en la Escritura traslativa de dominio; de Walter Marcelo Calandra, quien intervino en la operación de compraventa referida, en calidad de Presidente de la sociedad compradora Faro La Providencia S.A.; y de Néstor Alberto Sarlo, quien en su carácter de Notario autorizante posibilitó el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, que permitió el desprendimiento del bien en perjuicio de los acreedores del ente.
 
Para los fiscales, quedó probado que el principal referente del Auto Club Balcarce hizo “todos los actos tendientes a obtener el traspaso a su favor del único bien que conformaba el patrimonio del ente al que representa a través de engaños efectuados a los asociados del club”, además de abultar la cantidad de asociados del ente incorporando en el Libro de Asociados nombres y datos de personas que obtenía en otras circunstancias sin que estas tuvieran conocimiento alguno de ello.
 
Fuente: Nota en "El Marplatense"

Advierten a jubilados por reiteradas estafas telefónicas en la ciudad

 
Después de que fuera desbaratada una banda en la que estaban involucradas ocho personas de la comunidad gitana por cometer estafas telefónicas a personas mayores, desde la Fiscalía de Delitos Económicos advirtieron a jubilados por la reiterada cantidad de hechos que se enmarcan en esta modalidad delictiva, conocida como “cuento del tío”.
 
“Tenemos permanentemente denuncias sobre este hechos conocidos como ‘cuentos del tío, que se realizan a través de llamados telefónicos”, aseguró a El Marplatense el fiscal Fernando Berlingeri.
 
Al puntualizar en algunas recomendaciones y advertencias para no caer en este tipo de hechos, el representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que si hay temas vinculados al dinero, “no existe motivo alguno por el cual un funcionario de un banco o un contador vaya hasta a un domicilio y retire dinero”.
 
“Este tipo de operaciones no existen como tampoco esta venta de dólares apresurada por una supuesta devaluación”, sostuvo el agente fiscal, quien también reconoció que en este tipo de hechos, los estafadores colectan datos personales de las víctimas “a medida de que van hablando con las personas”.
 
Ante esa situación, Berlingeri instó a que si en el llamado la persona de la tercera edad “cree que está hablando con el sobrino o con el nieto, en vez de responder preguntas, debe hacerlas”. “Tiene que preguntarle a ese supuesto sobrino o nieto, referencias personales”.
 
Asimismo, el fiscal de Delitos Económicos señaló que bajo esta modalidad, los llamados, haciéndose pasar por presuntos familiares, siempre están dirigidos a teléfonos fijos ya que se efectúan a partir de una búsqueda en la guía telefónica. “Son muy parecidas las frases, las formas y los motivos que adjudican para realizar el cambio de dinero”, indicó.
 
“Antes de abrir la puerta a cualquier persona que no conocen, hay que llamar al 911 o a la empresa de la cual la persona dice venir en representación”, aconsejó, y concluyó: “Si es un edificio, no tienen problema en presentarse igual. El llamado por el portero eléctrico y que el abuelo baje, ya tienen el 80 por ciento de la operación cumplida”.
 
 
Fuente: Nota en "El Marplatense".