miércoles, 15 de noviembre de 2017

Las carencias de recursos afectan directamente a la Justicia

"El paradigma cambia y el sistema judicial todavía va a trote"

“Las carencias de recursos afectan directamente a la Justicia”

Así lo aseguró el fiscal de delitos económicos, Javier Pizzo, en un mano a mano en los estudios de Radio Mitre Mar del Plata. En este marco, reflejó las dificultades que presenta la falta de herramientas propicias para realizar las investigaciones.
 
 
El Fiscal de Delitos Económicos, Javier Pizzo, brindó un panorama de la actividad judicial en Mar del Plata y criticó la falta de recursos con las que cuenta el poder jurídico. Entre otras problemáticas, apuntó que las carencias presupuestarias y de infraestructura “afectan directamente a la Justicia”.
 
“Las estafas son múltiples, no es lo mismo una por internet, que una inmobiliaria o de automotores. Tenemos la carencia de recursos crónica conocida del Ministerio Público Fiscal. Esta competencia era abarcada por 6 fiscales, hoy somos 3, las obligaciones fueron en crescendo durante el tiempo. La dinámica social es más complejo y la necesidad de resultados de la gente es inmediata. El paradigma cambia y el sistema judicial todavía va a trote”, afirmó Pizzo en un mano a mano en los estudios de Radio Mitre Mar del Plata.
 
En este sentido, aseguró que se debe “poner arriba de la mesa los recursos que tiene una fiscalía para ver si es eficiente o no y evaluar si los objetivos se cumplen”, algo que “a veces al Poder Judicial no le gusta”.
 
Una de las problemáticas que tiene la fiscalía de delitos económicos es que “tiene una carga administrativa mayor” y pocos agentes. “Se atienden a 80 personas por día. Al mismo funcionario que está contestando una nulidad técnica, en una causa importante, después tengo que enviarlo a hacer un oficio o cartas por correo”, dijo el fiscal.
 
“Esto afecta directamente a la justicia. A las carencias que tenemos nosotros, que son muy importantes (falta de capacitación en algunos casos, no rendir cuentas) se suma a las carencias propias de una organización y a las otras presupuestarias”, aseveró Pizzo.
 
Asimismo, criticó las pocas herramientas con las que cuenta la Justicia:”Es necesario otorgarle recursos al poder judicial. En los delitos económicos tenemos un solo contador, que hace pericias contables (difícil explicarle a la gente que una pericia va a demanda un año)… A veces hago pasar a la gente que viene a reclamar para que mire, que conozca la dinámica, porque es difícil.  No podemos recoger pruebas por que sí, no es una serie americana”.
 
“La necesidad pasa por formar en gestión a los funcionarios y dinamizar las causas importantes. No podemos delegar en los cuerpos investigativos de la policía la investigación de funcionarios públicos, por lo que necesito mayor infraestrucutra”, detalló.

“Es imposible atender todos los casos”

En relación al trabajo cotidiano de la fiscalía, Javier Pizzo precisó que se enfocan en las organizaciones criminales, que son estructura que dañan más que las estafas. Además, apuntó que “es imposible que un operador judicial investigue 200 casos”.
 
“Lo que estamos tratando de hacer es dar respuesta a partir de organizaciones criminales. La fiscalía elevó a juicio a verdaderas organizaciones criminales, estructuras que dañan más que los 50 casos de la flagrancia que atendemos por fin de semana. El perjuicio económico de una defraudación es muchísimo mayor en las estafas. No podemos atender todos los casos, es literalmente imposible, siempre fue así. Hay muchas cosas que están ahí y es imposible que un operador judicial investigue 200 casos. Más en nosotros que no podemos delegar la investigación”, aclaró el fiscal.
 
Los delitos informáticos están en crecimiento y refleja distintos desafíos permanentes para el poder judicial. “Un francés compra en una tienda inglesa por internet con una tarjeta de un marplatense. Le gastan 1000 dólares y la investigación es más costosa que eso. Además, es difícil que terminemos arrestando al ciudadano francés”, ejemplificó.
 
“Nos preocupan las organizaciones. Que la gente sepa que si no puedo resolver el caso concreto, estoy detrás de una organización que puedo cortar un tema fuerte”, afirmó Pizzo y agregó que todo el tiempo tienen la mirada puesta sobre el funcionario público.
 
“Tenemos que hacer es ser prudentes cuando afectamos a cualquier ciudadanos. La mayoría de nuestros imputados son profesionales y tratamos de agilizar la causa en la medida de lo posible para que esa persona ejerza el derecho de defensa. Los intereses que promueven los delitos económicos también pueden ser políticos. Casi siempre son profesionales que aprovechan eso para ganar un beneficio, gente pensante, técnicamente preparada”, describió el fiscal.


Fuente:
https://elmarplatense.com/2017/11/14/las-carencias-de-recursos-afectan-directamente-a-la-justicia/

lunes, 6 de noviembre de 2017

La “liga inmobiliaria”: investigan la participación de más personas



La Fiscalía de Delitos Económicos suspendió las audiencias indagatorias a los imputados por adquirir cocheras del edificio Semar XI en remates judiciales ya que el análisis de nuevos videos podría ampliar las responsabilidades.
 
La Fiscalía de Delitos Económicos suspendió las audiencias indagatorias de los siete imputados por la compra fraudulenta de cocheras del edificio Semar XI en subastas judiciales ya que los análisis de nuevos videos y la recolección de pruebas podría ampliar las responsabilidades y la cantidad de personas que participaron de las supuestas maniobras ilícitas.
 
En un primer momento, la investigación que lleva el fiscal Javier Pizzo se había centrado en siete casos de estafas procesales para que cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- llegaran a remate judicial. Sin embargo, con el correr de los días, se detectaron nuevas situaciones similares que podrían estar enmarcadas en los mismos delitos y con participantes que se repiten.
 
Hasta el momento, el fiscal Pizzo imputó por “estafas procesales” al mandatario del consorcio que administra el edificio Semar XI y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a tres compradores.
 
La causa fue sumando pruebas y, tras el análisis de videos por el desarrollo de otros remates judiciales en los que se habría desarrollado la actividad de manera irregular, el fiscal Pizzo evalúa imputar a otras personas e incluso ampliar la calificación del hecho.
 
La necesidad de una investigación integral
 
Como ya publicó LA CAPITAL, existieron antecedentes de esta supuesta “liga de compradores” que opera en remates judiciales y que fue denunciada en más de una oportunidad por personas que quisieron participar de esos remates y se sintieron coaccionadas para ejercer su derecho de comprador con libertad.
 
Esas causas fueron desestimadas en su momento ya que, para los fiscales competentes, no hubo un hecho delictivo que mereciera una investigación.
 
Sin embargo, y a raíz de la investigación iniciada por la Fiscalía de Delitos Económicos por “estafas procesales”, Pizzo en un escrito le manifestó al fiscal general Fabián Fernández Garello la posibilidad real de la existencia de una organización delictiva dedicada a adquirir bienes en las subastas judiciales, conocida públicamente bajo el nombre de “La liga”.
 
Es que, para el fiscal Pizzo, lo que advirtió en los videos y en su investigación excede a “actitudes coactivas independientes” y podrían estar enmarcadas en una actividad de una sociedad ilícita que perdura en el tiempo.
 
Pero, como la coacción durante una compra en un remate judicial ya fue desestimada en su momento por un fiscal independiente, Pizzo le manifestó a al fiscal general Fernández Garello la “necesidad de englobar las acciones en una investigación con una mirada integral” para poder desenmascarar a una organización delictiva que opera a la vista de toda una ciudad y el sistema judicial.
 
Estafas en el edificio Semar XI
 
Las estafas investigadas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras del edificio Semar XI tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.
 
Para el fiscal Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez civil y comercial, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.
 
El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en un fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente a ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.
 
“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descrito, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales en Mar del Plata.
 
Fuente: Diario La Capital de Mar del Plata