Irá a juicio una banda dedicada al traspaso ilegal de inmuebles

Hay 27 personas imputadas, entre las que se encuentran comerciantes, empresarios, abogados, un escribano, un agrimensor, un imprentero y un funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble.

La Justicia de Garantías elevó a juicio la megacausa contra una organización acusada de haber transferido ilegalmente inmuebles y compuesta por empresarios, comerciantes, abogados, un escribano, un agrimensor, un imprentero y un funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble.

La jueza de garantías Rosa Frende aceptó el planteo de los fiscales de Delitos Económicos, Javier Pizzo y David Bruna, para que 27 imputados fueran a juicio.

En total, se estima que esta organización estuvo involucrada en el traspaso fraudulento de unos 50 inmuebles -de Mar del Plata, Miramar y Pinamar- entre el 2014 y 2016, mediante el uso de folios de seguridad y sentencias judiciales falsos que se presentaban ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.

En relación a los imputados, el juzgado interviniente decretó la prohibición de salida del país de todos ellos, y su inhibición general de bienes y, además, sobre los inmuebles transferidos de forma ilegítima pesan medidas cautelares que evitan su transferencia.

Asimismo y a partir de la detección de las irregularidades, las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble informaron a la Fiscalía que dispusieron un mecanismo interno de control obligatorio que permite constatar el eventual uso de folios falsos.

La causa

La tarea investigativa se inició por una denuncia, en la que una persona aseguraba que en el certificado de dominio de un bien propiedad de su familia surgía como titular un tercero desconocido. Posteriormente a esa denuncia se agregaron otras dos, formuladas por los jueces civiles del departamento judicial Mar del Plata Rodrigo Cataldo y Hernán Krzyszycha, quienes anoticiaban la presunta utilización de folios y sellos de su pertenencia en trámites que les resultaban ajenos.

Según la investigación desarrollada por Bruna y Pizzo, se pudo comprobar que entre 2014 y 2016 ingresaron un total de 230 testimonios judiciales de subasta con relación a la Circunscripción de General Pueyrredon y un total de 27 testimonios de subasta con relación al partido de General Alvarado. De esta manera, se concluye que la organización delictiva intervino en aproximadamente el 20% del total de transferencias efectuadas.

Para los fiscales la organización criminal tenía su base en el Estudio Jurídico del abogado Adrián Bovati ubicado en Miramar, y se dedicaba a la captación de interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaba información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas con el fin de tomar posesión de los mismos; esto es, principalmente inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello, o cuyos titulares registrales evidenciaban en organismos públicos desinterés en el inmueble mediante el incumplimiento del pago de impuestos o servicios, o aquellos en los cuales los titulares o adquirentes procuraban no informar la operación comercial ante los organismos fiscales, o bien poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.

En tanto que, para instrumentar las maniobras diseñadas, gracias al imprentero que formaba parte de la organización, elaboraban instrumentos públicos falsos consistentes en folios de seguridad utilizados por organismos jurisdiccionales, testimonios y oficios judiciales y actuaciones notariales.

La investigación estableció la falsedad de firmas atribuidas a numerosos jueces civiles y secretarios del departamento judicial y de otros organismos, y de los sellos pertenecientes a los juzgados a su cargo que se encontraban insertos en los documentos presentados al registro en cada caso. Los soportes magnéticos empleados en la falsificación fueron secuestrados en el marco de los allanamientos efectuados durante el transcurso de la pesquisa.

Estos documentos simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien sí existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en los obrados. En ellos, se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de organismos públicos y de magistrados y funcionarios judiciales y escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.

Cazadores de propiedades

Una vez elaborados, los instrumentos falsos mediante los cuales los jueces supuestamente ordenaban medidas que constituían, transmitían, declaraban, modificaban o extinguían derechos reales sobre inmuebles, o bien disponían el levantamiento o inscripción de medidas cautelares, eran presentados ante la sede principal de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires o sus delegaciones, con el fin que allí se efectuaran las inscripciones y las anotaciones necesarias para alterar la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y permitir que integrantes de la organización por sí o por interpuestas personas, o bien ocasionales cómplices convocados por otros miembros del grupo, obtuviesen su disponibilidad jurídica sin conocimiento de los legítimos propietarios, sus herederos, o el Fisco de la Provincia según el caso.

La presentación de la documentación falsa ante el Registro de la Propiedad Inmueble podía hacerla cualquiera de los integrantes del grupo, aunque generalmente para ello se utilizaban las labores del abogados o gestores con residencia en La Plata.

Fuente:
Diario La Capital.
https://www.lacapitalmdp.com/ira-a-juicio-una-banda-dedicada-al-traspaso-ilegal-de-inmuebles/

Estafas: La Liga Inmobiliaria

La “liga inmobiliaria”: el martillero declaró que se “equivocó” en una subasta

Está imputado por “partícipe de estafa procesal”. El fiscal Javier Pizzo está a días de cerrar la instrucción y pedir la elevación a juicio por las transacciones ocurridas en torno al edificio Semar XI, en Arenales 2329.

El martillero que está imputado en el marco de la investigación por la compra fraudulenta de cocheras y departamentos en subastas judiciales del edificio Semar XI dijo que se “equivocó” en esas operaciones y que no actuó en connivencia con ninguno de los compradores. Una de esas operaciones irregulares motivó al fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló la transacción y expuso la actividad de una supuesta “liga de compradores” que actúa como mafia a la vista de todos en los remates judiciales realizados en la ciudad.

El martillero, imputado por “partícipe de estafa procesal” declaró este lunes en la Fiscalía de Delitos Económicos y deslindó cualquier tipo de intencionalidad en el hecho que se investiga.

Sin embargo, para el fiscal Javier Pizzo el martillero está involucrado en cinco transacciones ya que considera que “el resultado de las maniobras fue posible a raíz de la colaboración prestada por el martillero, quien incumplió los deberes que le incumbían en carácter de auxiliar de la justicia”.

Además, para el fiscal Pizzo el martillero “no respetó el procedimiento de la subasta como dice la normativa y de ese modo permitió que se consumaran las maniobras y resultaran como beneficiarios compradores del mismo grupo familiar”.

En los próximos días, el fiscal Pizzo dará por finalizada la instrucción y solicitará que tanto el martillero, como otras seis personas, van a juicio oral por el delito de “estafas procesales”

Cocheras a subastas judiciales

Estas estafas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.

Para el fiscal Javier Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas, con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.

Basándose en la hipótesis de “estafas procesales” que perjudican principalmente a los propietarios de los inmuebles, el fiscal imputó al mandatario del consorcio y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a dos compradores.

El rol de martillero

La actividad del martillero es fundamental en toda subasta. La hipótesis del fiscal es que, durante estos hechos investigados el martillero favorecía a los otros imputadosdurante las subastas judiciales y permitía que compraran las cocheras a un precio muy por debajo del valor de mercado.

Según consta en la causa, el martillero permitía visibles amenazas que realizaban algunas personas a otros compradores durante la subasta y, además, dejaba que algunas personas realizaran “ridículas” ofertas solo para aumentar el valor de una propiedad y ahuyentar oferentes, para finalmente retirarse de la misma.

De esta manera, una propiedad que era subastada y que había alcanzado un valor elevado, luego era rematada a un valor mucho menor, en una nueva subasta de la que sólo participaban los imputados.

Según explicó el fiscal Pizzo, la irregularidad es que, cuando un oferente que ganó una subasta luego retira la oferta, no se puede comenzar un nuevo remate sin la autorización de un juez, algo que demora algunos días.

Si bien para la hipótesis fiscal, el martillero actuó con intención de esta manera, el imputado declaró que sólo se “equivocó”.

La Liga

El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en el fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente y ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.

“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descripto, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales.

Fuente: Diario "La Capital"
http://www.lacapitalmdp.com/la-liga-inmobiliaria-el-martillero-declaro-que-se-equivoco-en-una-subasta/

La “liga inmobiliaria”: investigan la participación de más personas

La Fiscalía de Delitos Económicos suspendió las audiencias indagatorias a los imputados por adquirir cocheras del edificio Semar XI en remates judiciales ya que el análisis de nuevos videos podría ampliar las responsabilidades.

 

La Fiscalía de Delitos Económicos suspendió las audiencias indagatorias de los siete imputados por la compra fraudulenta de cocheras del edificio Semar XI en subastas judiciales ya que los análisis de nuevos videos y la recolección de pruebas podría ampliar las responsabilidades y la cantidad de personas que participaron de las supuestas maniobras ilícitas.

 

En un primer momento, la investigación que lleva el fiscal Javier Pizzo se había centrado en siete casos de estafas procesales para que cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- llegaran a remate judicial. Sin embargo, con el correr de los días, se detectaron nuevas situaciones similares que podrían estar enmarcadas en los mismos delitos y con participantes que se repiten.

 

Hasta el momento, el fiscal Pizzo imputó por “estafas procesales” al mandatario del consorcio que administra el edificio Semar XI y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a tres compradores.

 

La causa fue sumando pruebas y, tras el análisis de videos por el desarrollo de otros remates judiciales en los que se habría desarrollado la actividad de manera irregular, el fiscal Pizzo evalúa imputar a otras personas e incluso ampliar la calificación del hecho.

 

La necesidad de una investigación integral

 

Como ya publicó LA CAPITAL, existieron antecedentes de esta supuesta “liga de compradores” que opera en remates judiciales y que fue denunciada en más de una oportunidad por personas que quisieron participar de esos remates y se sintieron coaccionadas para ejercer su derecho de comprador con libertad.

 

Esas causas fueron desestimadas en su momento ya que, para los fiscales competentes, no hubo un hecho delictivo que mereciera una investigación.

 

Sin embargo, y a raíz de la investigación iniciada por la Fiscalía de Delitos Económicos por “estafas procesales”, Pizzo en un escrito le manifestó al fiscal general Fabián Fernández Garello la posibilidad real de la existencia de una organización delictiva dedicada a adquirir bienes en las subastas judiciales, conocida públicamente bajo el nombre de “La liga”.

 

Es que, para el fiscal Pizzo, lo que advirtió en los videos y en su investigación excede a “actitudes coactivas independientes” y podrían estar enmarcadas en una actividad de una sociedad ilícita que perdura en el tiempo.

 

Pero, como la coacción durante una compra en un remate judicial ya fue desestimada en su momento por un fiscal independiente, Pizzo le manifestó a al fiscal general Fernández Garello la “necesidad de englobar las acciones en una investigación con una mirada integral” para poder desenmascarar a una organización delictiva que opera a la vista de toda una ciudad y el sistema judicial.

 

Estafas en el edificio Semar XI

 

Las estafas investigadas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras del edificio Semar XI tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.

 

Para el fiscal Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez civil y comercial, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.

 

El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en un fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente a ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.

 

“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descrito, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales en Mar del Plata.

 

Fuente: Diario La Capital de Mar del Plata

http://www.lacapitalmdp.com/la-liga-inmobiliaria-investigan-la-participacion-de-mas-personas/

La Liga: imputan a integrantes de un consorcio y compradores

La Fiscalía de Delitos Económicos investiga a seis personas por “estafas procesales” realizadas para adquirir cocheras del edificio Semar XI en remates judiciales. La práctica quedó expuesta en un fallo de la Cámara de Apelaciones que menciona una “liga de compradores”.

 

La Fiscalía de Delitos Económicos imputó a seis personas en el marco de una investigación por la compra fraudulenta de cocheras en subastas judiciales. Una de esas operaciones irregulares motivó al fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló la transacción y expuso la actividad de una “liga de compradores” que actúa como mafia en los remates judiciales realizados en la ciudad.

 

La investigación que lleva la fiscalía se centra en siete casos de estafas procesales para que cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- llegaran a remate judicial.

 

Estas estafas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.

 

Para el fiscal Javier Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas, con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.

 

Basándose en la hipótesis de “estafas procesales” que perjudican principalmente a los propietarios de los inmuebles, el fiscal imputó al mandatario del consorcio y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a dos compradores. Se espera que en los próximos días los imputados declaren en la Fiscalía de Delitos Económicos y no se descarta que se amplíen pruebas y se sumen otras declaraciones a la causa.

 

El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en el fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente y ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.

 

“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descripto, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales.

 

Fuente:

Diario La Capital

http://www.lacapitalmdp.com/la-liga-imputan-a-integrantes-de-un-consorcio-y-compradores/