Procrear: la sentencia quedó firme y Aquino fue detenido

Procrear: la sentencia quedó firme y Aquino fue detenido

El constructor Pablo Aquino que en abril de este año fue condenado a seis años de prisión por el delito de estafas en 50 hechos de los que resultaron víctimas más de cien personas -que construían sus viviendas entre marzo del 2014 y enero de 2015 en el marco del programa Procrear- fue detenido la semana pasada y ya cumple su pena en la Unidad Penal de Batán luego de que quedara firme la sentencia del juez correccional Leonardo Celsi.

La semana pasada el juez dispuso la detención de Aquino para comenzar a cumplir la pena de seis años de prisión que le impuso en abril, luego de que la sentencia quedara firme. De esta manera, su pena vencerá en septiembre de 2024 y en 2022 estará en condiciones de acceder al beneficio de la libertad condicional.

Cabe recordar que en agosto la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la condena de seis años de prisión para Aquino en tanto que para su pareja, Natalia Vaccaro, fue revocada la absolución y la condenaron a tres años de prisión en suspenso, que aún no quedó firme a partir de la tramitación de un recurso extraordinario presentado por la defensa.

 EL CASO 

De acuerdo a la investigación llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Económicos que derivó en la condena, entre marzo del 2014 y enero de 2015, Aquino -mediante el ardid consistente en aparentar una empresa y simular la existencia de una organización destinada a la construcción de viviendas denominada “Modularq Empresa Constructora”- concretó estafas a quienes, de buena fe, contrataron sus servicios luego de haber sido beneficiarios del programa Procrear.

En cuanto al modus operandi, el constructor publicitaba su falsa empresa a través de Internet y la hacía responsable “civil, laboral y penalmente por las contingencias que pudieren surgir de los contratos” para cuya pantalla además instaló oficinas que mudó en diversas oportunidades.

En ese marco también, y según consta en la el expediente, Aquino aseguró en muchas oportunidades “poseer influencias para contratar cooperativas municipales con el fin de abaratar costos de construcción en razón de su condición de empleado municipal -ya que, además, en ese momento trabajaba para el Ente de Obras y Servicios Urbanos-, a sabiendas que no poseía solvencia ni infraestructura suficiente y por ello no cumpliría lo que pactaba en el contrato que suscribía”.

Sobre esto último, Aquino hizo incurrir en error a distintas personas, todas ellas beneficiarias del Procrear, “quienes firmaron con la inexistente empresa un contrato y abonaron grandes sumas de dinero, habiendo sido perjudicados, según el caso, desde el pilar de luz hasta el 30% de la obra”.

Fuente: Qué Digital.
http://quedigital.com.ar/policiales/estafas-en-el-procrear-la-sentencia-quedo-firme-y-aquino-fue-detenido/

Dos años de prisión condicional para un abogado que estafó a sus clientes

Dos años de prisión condicional para un abogado que estafó a sus clientes

Un abogado de 44 años que estafó a tres clientes que contrataron sus servicios fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional tras la realización de un juicio en el Juzgado Correccional 4. Además de cumplir una serie de requisitos para mantener la condicionalidad de la pena, Carlos Gabriel Teper no podrá ejercer la profesión durante seis meses.

De acuerdo a la hipótesis del fiscal Javier Pizzo en agosto de 2009 el profesional patrocinaba a las víctimas en un expediente en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial 11. Allí mediante el ardid de sostener que el pago reclamado en el convenio de  pago arribado en el mismo era excesivo, y que en realidad debían abonar una suma menor, indujo a error a una de las víctimas que le entregó 38.100 pesos en efectivo sin que esa suma fuera depositada luego en el expediente.

No conforme con esa maniobra, Teper le dijo a la misma mujer que faltaba pagar los honorarios del abogado de la contraparte y le cobró otros 8.100 pesos, por lo que el perjuicio patrimonial ocasionado alcanzó a la suma total de 46.200 pesos. A lo largo del debate el fiscal Pizzo consideró que el hecho descripto era constitutivo del tipo penal de estafa.

Si bien el acuerdo de pago en el expediente civil firmado con la parte actora era por 61.000 pesos, la mujer explicó que Teper le manifestó que el monto de dicho convenio estaba "inflado", y que en realidad debían abonar un monto menor. El día 10 de agosto de 2009 el profesional le entregó un recibo en el que se indicó que el importe era a cuenta de liquidación final costas, intereses y capital en relación al expediente que se tramitaba en la Justicia.

Una de las singularidades del debate es que Teper ejerció su autodefensa y sostuvo que la valoración de la prueba esgrimida varía según las interpretaciones y que la cuestión ventilada pertenecía a un reclamo entre civiles que debe resolverse en el ámbito correspondiente.

El abogado dijo que siempre obró de buena fe, que no era un experto para conocer si las firmas eran falsas y solicitó su absolución y que no se lo inhabilitara porque esa medida no se ajustaba al fin resocializador de la pena y que le privaría de su medio de vida.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el Juez Pedro Hooft consideró probada la autoría de Teper, descartó cuestiones eximentes y valoro como atenuante la falta de antecedentes condenatorios  y el buen concepto vecinal. En cuanto a las circunstancias agravantes tuvo en cuenta la condición de profesional del derecho del acusado “quien abusó reiteradamente de la confianza conferida por sus clientes”, además de la extensión del daño causado en lo patrimonial y psicológico.

El magistrado consideró a Carlos Gabriel Teper como autor penalmente responsable del delito constitutivo de estafa y lo condenó dos años de prisión de ejecución condicional durante los cuales deberá mantener el domicilio denunciado, informar de cualquier cambio y concurrir mensualmente al Patronato de Liberados.   Tal lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal dispuso una inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado por el término de seis meses más las costas del proceso.

Fuente: 
https://www.0223.com.ar/nota/2018-9-8-17-26-0-dos-anos-de-prision-condicional-para-un-abogado-que-estafo-a-sus-clientes

Estafas PROCREAR - confirmación de condenas

Estafas en Procrear: confirmaron la condena del constructor y revocaron la absolución de su pareja

En consonancia con los fundamentos planteados por el Ministerio Público Fiscal departamental y tras los recursos de apelación interpuestos por las partes, la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penalresolvió confirmar la condena dictada a un constructor y ex agente municipal acusado de cincuenta estafas a beneficiarios del plan Procrear con la construcción de sus viviendas. Además de mantener la pena de seis años de prisión para Pablo Augusto Aquino se revocó la absolución de su pareja y la condenaron a tres años de prisión en suspenso como partícipe necesaria.

La investigación a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos probó y llevó a juicio r una serie de hechos de similares características a través de firmas de contratos de una supuesta empresa de construcción denominada "Modularq" -representada por Aquino- con clientes del programa PROCREAR, durante 2014 y 2015.

El fiscal Javier Pizzo sostuvo en el debate que concluyó hace dos meses que Aquino fue el autor y Natalia Vaccaro la partícipe necesaria de la maniobra en la que solicitaba importantes sumas de dinero en efectivo a modo de anticipo, “perjudicándolos no sólo en la totalidad de esos montos por no realizar construcción alguna de sus viviendas sino también por la grave afectación patrimonial que las operaciones implicaban para todos los damnificados”.

El juez Leonardo Celsi condenó al constructor a seis años de prisión por el delito de estafas en cincuenta hechos cometidos entre marzo del 2014 y enero de 2015 y absolvió a Vaccaro. La decisión de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal estuvo en sintonía con el pedido que había planteado la fiscalía durante el debate.  

Fuente: Portal 0223 - https://www.0223.com.ar/nota/2018-8-2-19-54-0-estafas-en-procrear-confirmaron-la-condena-del-constructor-y-revocaron-la-absolucion-de-su-pareja 

Montaron un local de cobro de servicios falso y estafaron a un barrio

Al menos 150 personas fueron estafadas en un polirrubro de Fortunato de la Plaza al 4600 en donde funcionó por 10 días un falso Provincia Net. El fraude superaría el millón de pesos.

Al menos 150 personas del barrio Cerrito se presentaron ante la Justicia como víctimas de una novedosa estafa al pagar sus servicios en un comercio que tenía un falso centro de cobros de Provincia Net.

“Se trata de una investigación compleja con múltiples víctimas“, explicó el fiscal de la unidad de Delitos Económicos Javier Pizzo al ser consultado por La Capital. Es que la “complejidad” radica en lo novedoso de la estafa y en su planificación.

En un local de Fortunato de la Plaza al 4600 funcionó durante años un centro de pagos de RapiPago. Allí, todos los días, las personas iban a pagar sus servicios ya que era uno de los únicos lugares de la zona.

El RapiPago cerró hace poco más de dos semanas y el local quedó vacío por unos días hasta que fue alquilado por otras personas y en su lugar abrieron un polirrubro el que aseguraron funcionaba un centro de cobros de Provincia Net.

La vida del barrio continuó, junto con la costumbre de las personas de pagar sus servicios en el local de Fortunato de la Plaza al 4600 donde, en vez de un Rapipago funcionaba un Provincia Net. Mismo servicio, en el mismo lugar, pero con diferente nombre. Quién podría dudar.

Los clientes que pagaban sus servicios en el supuesto Provincia Net recibían un ticket como comprobante, en el que figuraba incluso un 0800 de atención al cliente real.

Sin embargo, con el correr de los días, quienes pagaron sus servicios en el lugar fueron llamados por diferentes empresas que les avisaban que audedaban pagos. Compañías de seguro, Edea o Camuzzi, en todos los casos el mensaje se repetía: las facturas no habían sido pagadas.

Cuando las personas del barrio Cerrito llamaron al 0800 de Provincia Net que figuraba en su ticket para quejarse, les aseguraron que no existía ningún centro de pago oficial en su barrio y, al ir a reclamar al local donde habían pagado los servicio, el mismo estaba cerrado.

El polirrubro de Fortunato de la Plaza al 4600 estuvo abierto por tan solo 10 días, tiempo en el que más de 150 personas que fueron a pagar sus servicios fueron estafadas.

Durante esos 10 días, nunca fue ningún camión de caudales a llevarse a la recaudación del día, pero sí se vio al hombre que atendía el comercio irse en taxi con una mochilla llena del dinero estafado a las víctimas.

El jueves hubo una catarata de denuncias formales. El fiscal Javier Pizzo solicitó a la comisaría quinta que entrevistara a cada uno de los manifestantes y, en la medida de lo posible, que calmara los ánimos de la gente.

Durante este viernes, otras 100 personas fueron hasta la comisaría quinta, ubicada en Puan 2251, y también denunciaron la estafa.

El fiscal Pizzo considera que se trató de “una clara maniobra fraudulenta” y, si bien la suma de dinero aún no puede ser determinada, sería superior al millón de pesos.

La investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos se centra en identificar a las personas responsables de la estafa, quienes firmaron un contrato para alquilar el local e incluso habrían ofrecido garantías.

Independientemente de la investigación penal, desde el Municipio invitaron a afectados que pueden realizar su denuncia en las oficinas de Belgrano 3467 (de lunes a viernes de 8.15 a 13.30), para lo cual deberán adjuntar el comprobante de los pagos cuestionados a fin de citar a la empresa y que informe la situación del comercio frente a dicha entidad.

Fuente:

Diario La Capital
http://www.lacapitalmdp.com/montaron-un-local-de-cobro-de-servicios-falso-y-estafaron-a-un-barrio/
Noticia relacionada:
http://www.lacapitalmdp.com/allanaron-el-local-donde-funciono-un-falso-centro-de-cobros-de-provincia-net/

Escándalo de corrupción policial en el Comando de Patrullas Mar del Plata

El silencio que rodeaba el reemplazo del jefe del Comando de Patrullas y a toda la cúpula del Comando Sur tenía una explicación: se los acusó de robar el dinero destinado al combustible de los móviles. Usaban un sofisticado método. Una vergüenza de corrupción que atentaba contra el patrullaje y la seguridad de los vecinos.

Seis policías de Mar del Plata del Comando de Patrullas, entre ellos el ex jefe Flavio Casas, permanecen desde hace algunos días desafectados por haberse confirmado que se adulteraban los cuentakilómetros de los móviles para robar el dinero del combustible.

Como es una marca registrada de la policía bonaerense de los últimos años, la información fue mantenida en secreto incluso pese a las consultas de este medio a la Jefatura Departamental para explicar días atrás la remoción de Casas y de toda la cúpula del Comando Sur.

“Estamos investigando esto que es un escándalo no solo por la malversación que puede advertirse sino porque lo que también creemos que sucedía es que los móviles adulterados salían a patrullar menos las calles para poder justificar la maniobra”, señaló el jefe de Asuntos Internos de la policía, Guillermo Berra en un diálogo exclusivo con LA CAPITAL.

Además de Casas fueron separados de sus funciones el subcomisario Alejandro Bravo, que era jefe del Comando de Patrulla Zona Sur, el capitán Cristian González, el oficial subinspector David Domínguez, el teniente Gustavo Fugas y la oficial subayudante Victoria Campana, encargada de Logística.

La investigación se inició semanas atrás por medio de una denuncia que desde Asuntos Internos calificaron como “anónima”. Suele suceder en casos de denuncias contra corrupción policial que quienes la impulsan son otros miembros de la fuerza pero que piden reserva de identidad. No se trata de un llamado “anónimo” sin mayor sustento.

Berra ordenó una auditoría preventiva el 26 de abril pasado en dos domicilios, uno la sede del Comando de Patrullas Sur, de calle 20 de septiembre entre Juan B. Justo y Vieytes, y otra en la vivienda de uno de los policías.

“En el domicilio particular –dijo Berra- vimos a través de un alambrado, a simple vista, que había dos motos del Comando Sur sin ninguna justificación, pero además a las que les faltaban los odómetros. En el Comando Sur descubrimos la máquina que servía para adulterarlos, además de otros elementos para hacer el fraude”.

Vale decir que Casas, como Jefe del Comando (agrupa los distritos Sur, Norte y Centro), tenía su base de operaciones y oficina en el propio Comando Sur.

Lo que pudieron reconstruir los investigadores de Asuntos Internos –en un informe que de inmediato pasaron a la Fiscalía General de Mar del Plata para iniciar la causa penal- es que Bravo, con conocimiento y por lo tanto “autorización” de Casas, tenía montado un sistema para robar las partidas de dinero asignado para la carga de combustible a los móviles.

La estructura administrativa para llenar los tanques de los vehículos –sean motocicletas, automóviles o camionetas- consiste en la utilización de una tarjeta por cada móvil, que tiene cupos de plata para ir reabasteciendo el combustible que se gasta. Como el único control que permite saber si ese combustible se consumió es el cuentakilómetros, lo que este grupo de policías se sospecha que hacía era modificar mecánicamente los instrumentos de medición.

Probablemente, las motos y otros móviles iban muy poco a las estaciones de servicio, ya que tampoco podían “cargar” de más. Mantenían la frecuencia de gastos de la tarjeta pero sin llenar el tanque, lo que redundaba, naturalmente, en un menor patrullaje.

Para que esta maniobra se pudiera completar se necesitaba imperiosamente de playeros de estaciones de servicios que entregaran facturas con cargas sin siquiera tocar los surtidores. Por el momento se mencionan a empleados de una estación de la petrolera Shell, pero se creen que puede haber hasta otras tres estaciones más involucradas. Los playeros no lo hacían gratis y parte del dinero que facturaban, acordaban quedárselo.

“Cuando hicimos las primeras declaraciones pudimos entender que Casas estaba al tanto y por eso es que, sin ser integrante del Comando Sur, fue desafectado también”, dijo Berra.

Durante las inspecciones y auditorías se secuestraron libros contables del Comando y ahora la Justicia deberá estudiar los movimientos de todo el parque automotor para saber el alcance de la defraudación. Eso también determinará durante cuánto tiempo se ejecutó la maniobra.

Además de los seis desafectados, también se investiga como parte de esta organización al comisario José María Gentile sobre quien pesa una investigación patrimonial en Asuntos Internos. Gentile hasta hace algunos meses ocupaba la jefatura de la comisaría quinta, una de las más importantes de la zona sur de Mar del Plata. Declaró un patrimonio de 10 millones de pesos, con una casa de 1.200.000, una chacra de 2600 metros cuadrados y en un edificio de esta ciudad tiene dos departamentos, cochera y depósito. También tiene una moto Honda de 340.000 mil pesos y una camioneta BMW X6 de 1.600.000 pesos. Gentile, que fue trasladado a Chascomús, tiene un sueldo de 46 mil pesos.

Fuente:
Diario La Capital:
http://www.lacapitalmdp.com/escandalo-de-corrupcion-policial-en-el-comando-de-patrullas-mar-del-plata/

Estafas: La Liga Inmobiliaria

La “liga inmobiliaria”: el martillero declaró que se “equivocó” en una subasta

Está imputado por “partícipe de estafa procesal”. El fiscal Javier Pizzo está a días de cerrar la instrucción y pedir la elevación a juicio por las transacciones ocurridas en torno al edificio Semar XI, en Arenales 2329.

El martillero que está imputado en el marco de la investigación por la compra fraudulenta de cocheras y departamentos en subastas judiciales del edificio Semar XI dijo que se “equivocó” en esas operaciones y que no actuó en connivencia con ninguno de los compradores. Una de esas operaciones irregulares motivó al fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló la transacción y expuso la actividad de una supuesta “liga de compradores” que actúa como mafia a la vista de todos en los remates judiciales realizados en la ciudad.

El martillero, imputado por “partícipe de estafa procesal” declaró este lunes en la Fiscalía de Delitos Económicos y deslindó cualquier tipo de intencionalidad en el hecho que se investiga.

Sin embargo, para el fiscal Javier Pizzo el martillero está involucrado en cinco transacciones ya que considera que “el resultado de las maniobras fue posible a raíz de la colaboración prestada por el martillero, quien incumplió los deberes que le incumbían en carácter de auxiliar de la justicia”.

Además, para el fiscal Pizzo el martillero “no respetó el procedimiento de la subasta como dice la normativa y de ese modo permitió que se consumaran las maniobras y resultaran como beneficiarios compradores del mismo grupo familiar”.

En los próximos días, el fiscal Pizzo dará por finalizada la instrucción y solicitará que tanto el martillero, como otras seis personas, van a juicio oral por el delito de “estafas procesales”

Cocheras a subastas judiciales

Estas estafas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.

Para el fiscal Javier Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas, con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.

Basándose en la hipótesis de “estafas procesales” que perjudican principalmente a los propietarios de los inmuebles, el fiscal imputó al mandatario del consorcio y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a dos compradores.

El rol de martillero

La actividad del martillero es fundamental en toda subasta. La hipótesis del fiscal es que, durante estos hechos investigados el martillero favorecía a los otros imputadosdurante las subastas judiciales y permitía que compraran las cocheras a un precio muy por debajo del valor de mercado.

Según consta en la causa, el martillero permitía visibles amenazas que realizaban algunas personas a otros compradores durante la subasta y, además, dejaba que algunas personas realizaran “ridículas” ofertas solo para aumentar el valor de una propiedad y ahuyentar oferentes, para finalmente retirarse de la misma.

De esta manera, una propiedad que era subastada y que había alcanzado un valor elevado, luego era rematada a un valor mucho menor, en una nueva subasta de la que sólo participaban los imputados.

Según explicó el fiscal Pizzo, la irregularidad es que, cuando un oferente que ganó una subasta luego retira la oferta, no se puede comenzar un nuevo remate sin la autorización de un juez, algo que demora algunos días.

Si bien para la hipótesis fiscal, el martillero actuó con intención de esta manera, el imputado declaró que sólo se “equivocó”.

La Liga

El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en el fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente y ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.

“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descripto, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales.

Fuente: Diario "La Capital"
http://www.lacapitalmdp.com/la-liga-inmobiliaria-el-martillero-declaro-que-se-equivoco-en-una-subasta/

Estafas PROCREAR - Sentencia

En el día de la fecha el Sr. Juez titular del Juzgado en lo Correccional N° 5 Dptal. dictó sentencia en el marco del Juicio Oral y Público llevado a cabo en dicha sede, y que tiene como acusados a Pablo Aquino y Natalia Vaccaro por estafas en el marco de la "Causa PROCREAR".

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