Importante cantidad de procesamientos por licencias de conducir falsas

En lo que va del año la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de los doctores Javier Pizzo y David Bruna procesó a más de 60 personas por el uso de licencias de conducir falsas provenientes de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, lo que representa un elevado promedio de imputaciones por esta modalidad delictiva.

En general los hechos son detectados cuando personal policial realiza controles viales de rutina en rutas y calles de la ciudad, circunstancias que ameritan que una vez detectada la falsedad el conductor del vehículo sea aprehendido y puesto a disposición de la fiscalía.

A aquellas personas que hicieron uso del documento falso se les imputó el delito de falsedad de documento público agravado por tratarse de registros que habilitan la circulación en vehículos, por lo que la pena podría ir de 3 a 8 años de prisión.

La particularidad que hace que estos delitos sean especialmente graves es que el uso de la licencia falsa indica que los conductores no han efectuado el trámite correspondiente ante los organismos de contralor y, por lo tanto, no han superado los exámenes físicos y teóricos que acreditan su idoneidad para el manejo de vehículos en las distintas categorías.

Esto conlleva un riesgo para toda la comunidad en cuanto a las responsabilidades derivadas de eventuales siniestros que pudieran ocurrir por vehículos conducidos por personas no aptas para el manejo, que incluye no sólo aquellas de naturaleza penal sino también civiles y administrativas frente a ocasionales víctimas.

Cabe recordar que la Fiscalía de Delitos Económicos logró en su momento desbaratar la organización delictiva que operaba en Mar del Plata y se dedicaba al otorgamiento de licencias falsas.

Fuente:

Prensa - Fiscalía General

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/search/label/Fiscal%C3%ADa%20Nro%2010%20-%20Delitos%20Econ%C3%B3micos

Requerimiento de elevación a juicio por Organizacion Criminal

Los agentes fiscales de Delitos Económicos Javier Pizzo y David Bruna solicitaron a la Jueza de Garantías Rosa Frende, la elevación a juicio con relación a 34 imputados (entre ellos 6 abogados; 2 escribanos; 1 funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble; 1 agrimensor, 1 imprentero, comerciantes y empresarios) en el marco de la importante causa en la que se desbarató una asociación ilícita dedicada a la transferencia ilegal de inmuebles.

 

La tarea investigativa se inició por la denuncia de un ciudadano que constató que en el certificado de domino de un bien propiedad de su familia surgía como titular un tercero desconocido. Posteriormente a esa denuncia se agregaron otras dos, formuladas por los jueces civiles del departamento judicial Mar del Plata Rodrigo Cataldo y Hernán Krzyszycha, quienes anoticiaban la presunta utilización de folios y sellos de su pertenencia en trámites que les resultaban ajenos.  

La pesquisa desplegada a la largo de un año por integrantes de la UFI 10 y que contó con la colaboración de Instructores Judiciales de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración y del Gabinete de delitos económicos de la DDI, permitió detectar que durante el período comprendido entre el 2014 y el 2016, fueron transferidas -mediante el uso de Folios de Seguridad y Sentencias judiciales falsos que se presentaban ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires- las titularidades de unos 50 inmuebles ubicados en las ciudades de Mar del Plata y Miramar. 

 

Considerando esa cifra, y teniendo en cuenta que el organismo provincial informó que en ese periodo ingresaron un total de 230 testimonios judiciales de subasta (Código 9) con relación a la Circunscripción de General Pueyrredon (045) y un total de 27 testimonios de subasta con relación al Partido de General Alvarado (033), puede concluirse que la organización intervino en aproximadamente el 20% del total de transferencias efectuadas.  

 

Asimismo y considerando las causas vinculadas (IPP 5124-15), se estima que el valor de los inmuebles transferidos o cuya titularidad pretendían obtener, alcanzaría la suma aproximada de 100 millones de pesos.

 

Para los Fiscales la organización criminal tenía su base en el Estudio Jurídico del abogado Adrian Bovati ubicado en la ciudad Miramar, y se dedicaba a la captación de interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaba información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas con el fin de tomar posesión de los mismos; esto es, principalmente inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello, o cuyos titulares registrales evidenciaban en organismos públicos desinterés en el inmueble mediante el incumplimiento del pago de impuestos o servicios, o aquellos en los cuales los titulares o adquirentes procuraban no informar la operación comercial ante los organismos fiscales, o bien poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.

 

En tanto que, para instrumentar las maniobras diseñadas, se elaboraban generalmente instrumentos públicos falsos consistentes en Folios de Seguridad utilizados por Organismos Jurisdiccionales, Testimonios y Oficios Judiciales y actuaciones notariales.

 

La investigación estableció la falsedad de firmas atribuidas a numerosos Jueces Civiles y secretarios del Departamento Judicial y de otros organismos, y de los sellos pertenecientes a los Juzgados a su cargo que se encontraban insertos en los documentos presentados al Registro en cada caso. Los soportes magnéticos empleados en la falsificación fueron secuestrados en el marco de los allanamientos efectuados durante el transcurso de la pesquisa.

 

Estos documentos simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien si existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en los obrados. En ellos, se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de Organismos Públicos y de Magistrados y Funcionarios Judiciales y Escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.

 

Una vez elaborados, los instrumentos falsos mediante los cuales los Jueces supuestamente ordenaban medidas que constituían, transmitían, declaraban, modificaban o extinguían derechos reales sobre inmuebles, o bien disponían el levantamiento o inscripción de medidas cautelares, eran presentados ante la sede principal de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires o sus delegaciones, con el fin que allí se efectuaran las inscripciones y las anotaciones necesarias para alterar la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y permitir que integrantes de la organización por sí o por interpuestas personas, o bien ocasionales cómplices convocados por otros miembros del grupo, obtuviesen su disponibilidad jurídica sin conocimiento de los legítimos propietarios, sus herederos, o el Fisco de la Provincia según el caso.

 

La presentación de la documentación falsa ante el Registro de la Propiedad Inmueble podía hacerla cualquiera de los integrantes del grupo, aunque generalmente para ello se utilizaban las labores del abogados o gestores con residencia en La Plata.

 

Medidas Cautelares: En relación a los imputados de Asociación Ilícita, el Juzgado interviniente decretó la prohibición de salida del país de todos ellos, y su inhibición general de bienes y, además, sobre los inmuebles transferidos de forma ilegítima pesan medidas cautelares ( medida de no innovar) que evitan su transferencia.

 

Asimismo y a partir de la detección de las irregularidades, las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble informaron a la Fiscalía que dispusieron un mecanismo interno de control obligatorio que permite constatar el eventual uso de folios falsos.

 

 

Fuente: Prensa Fiscalía General

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/2018/02/fiscalia-nro-10-delitos-economicos.html

 

 

Causa contra el SOEME en Mar del Plata

Afiliaciones compulsivas al SOEME: los antecedentes en Mar del Plata del gremio manejado por Marcelo Balcedo

Entre 2013 y 2014, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y de la Minoridad afilió con solicitudes falsas a 231 auxiliares docentes, a quienes les descontó cada mes sumas desde los 140 pesos. La misma maniobra se registró en toda la provincia de Buenos Aires.

 

 

La detención del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y de la Minoridad (SOEME), Marcelo Balcedo, en Uruguay visibilizó el lado más obsceno de la corrupción sindical: una mansión en Punta del Este, autos de lujo, armas, y fajos de billetes con cerca de 500 mil dólares.

 

Balcedo, quien es director del Diario Hoy de La Plata y está vinculado a empresas periodísticas como Emisiones Platenses y revista La Tecla, está acusado de lavado de dinero y evasión tributaria, se encuentra detenido y tiene sus bienes y cuentas inhibidas mientras avanza la investigación en su contra.

 

Marcelo Balcedo “heredó” el puesto de secretario general del SOEME en 2012 tras la muerte de su padre, Antonio Balcedo y a los pocos meses de estar al frente, el sindicato implementó una estrategia para sumar afiliado: registrar compulsivamente y con planillas falsas a trabajadores en la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

 

Según consta en una investigación judicial iniciada en Mar del Plata por el fiscal Javier Pizzo de la Fiscalía de Delitos Económico, sólo en la ciudad entre noviembre de 2013 y enero de 2014, el SOEME afilió con solicitudes falsas a 231 trabajadores de la ciudad, que fueron registrados en la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires – Delegación La Plata.

Los casos de estafas a auxiliares docentes comenzaron a los pocos meses que Marcelo Balcedo, detenido por lavado de dinero y evasión, ocupara el cargo de secretario general del SOEME.

De ese modo, el organismo autorizo y procedió a partir noviembre de 2013 a efectivizar -a través del Código 1830- descuentos en los sueldos de 231 auxiliares docentes, en el convencimiento que estos se habían afiliado al SOEME, girando posteriormente el dinero al sindicato, perjudicando el patrimonio de los trabajadores.

 

Para el fiscal Pizzo, la maniobra estaba encuadrada en el delito de “estafas reiteradas en concurso ideal con uso de Instrumento Privado Falso, en doscientos treinta y un hechos que concurren en forma real”.

 

En la denuncia iniciada por una trabajadora que se desempeñaba por auxiliar portera en la Escuela de Educación Media N°3, la mujer explicó al fiscal que ella, sin haberse afiliado nunca al SOEME, le estaban descontando $144,45 por mes por el código 1830.

 

Si bien esta víctima fue la que inició la denuncia, su caso es ejemplo de los otros 230 trabajadores que también sufrieron la misma estafa, el mismo descuento sin haberse afiliado al SOEME y sin haber recibido a cambio ningún tipo de servicio o prestación.

 

En algunas declaraciones testimoniales de víctimas que tuvieron acceso a las copias de las solicitudes de afiliación que se encuentran en la Dirección General en La Plata, aseguraron que las firmas utilizadas no eran de ellas y que en ningún momento habían tenido intención de afiliarse al sindicato.

 

“Ello permitió suponer la falsedad de las restantes solicitudes de afiliación al SOEME que fueran remitidas por este Sindicato a la Dirección General de Cultura y Educación, teniendo en cuenta el expreso desconocimiento formulado por los testigos en todas las importante cantidad de testimoniales recogidas en la pesquisa”, concluyó Pizzo durante la investigación.

 

En la documentación que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires aportó a la investigación, el fiscal Pizzo corroboró la existencia de estos descuentos sufridos por las víctimas a favor del sindicato.

En Mar del Plata el SOEME estafó a 231 trabajadores al afiliarlos de manera compulsiva y descontarles dinero de sus salarios. Estiman que en la provincia, en total, podrían ser 8000 las víctimas de estafas.

Ya con la investigación avanzada, en abril de 2014 se presentó en la Fiscalía de Delitos Económicos el apoderado del SOEME, Guillermo Chaves, quien aseguró en su momento que la entidad gremial “ha sido víctima de una defraudación por parte de delegados y/o empleados infieles”. Este hecho denunciado ante la Fiscalía N°11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta.

 

En la causa, el fiscal Pizzo consideró que pudo acreditarse -porque así la burocracia lo requiere- que el lugar de presentación de los documentos apócrifos fue la Subdirección de Subsidios, Certificaciones y Retenciones dependiente de la Dirección de Liquidaciones y Haberes y Retribuciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires ubicada en La Plata, que es la oficina encargada posteriormente de remitir la información a la Dirección Provincial de Tecnología con el objeto de efectivizar los descuentos supuestamente autorizados por los afiliados.

 

De esta manera, la conclusión es que los delitos de estafa investigados, con víctimas en Mar del Plata, fueron realizados La Plata, lugar donde se produce la presentación de la documentación apócrifa por parte de responsables del SOEME, que provocó el perjuicio patrimonial provocado por descuentos en los sueldos de los trabajadores, y posterior depósito de las sumas en las cuentas del sindicato.

 

Ante esta situación, de entender que si bien existen víctimas en Mar del Plata el delito se originó en La Plata, el fiscal Pizzo declinó competencia para que el fiscal platense Álvaro Garganta uniera las causas y se hiciera cargo él de la investigación.

 

Si bien Marcelo Balcedo no figura como imputado en la causa, todos los casos de estafa a trabajadores se dieron a los pocos meses que él ocupó el cargo de secretario general del SOEME y fue justamente bajo su conducción que el gremio comenzó a afiliar de manera irregular a auxiliares docentes.

 

Una estafa repetida en toda la provincia de Buenos Aires

La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a raíz de esta denuncia se comunicó a todas las asociaciones involucradas en la afiliación gremial correspondiente al SOEME y encontró que en diciembre de 2013 comenzaron a recibir reclamos de distintos distritos en los que los agentes aducían no haber prestado consentimiento para que se efectivicen los descuentos a favor del sindicato, retenidos a partir de sueldos de noviembre de 2013.

 

Finalmente, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos decidió suspender los descuentos que se les hacían a los trabajadores que por escrito habían dejado por sentado su reclamo sin tener una respuesta satisfactoria de parte del SOEME.

 

Según surge en informes del Sistema del Ministerio Público Fiscal, en 2014 comenzaron causas contra el SOEME por el mismo tipo de estafas en los departamentos judiciales de toda la provincia, como el de Pergamino, Mercedes, Dolores y Lomas de Zamora.

 

Si bien en Mar del Plata se registraron 231 casos, fuentes no oficiales estiman que fueron cerca de 8000 los auxiliares docentes afiliados de manera compulsiva en toda la provincia de Buenos Aires sin su consentimiento, a quienes les descontaron dinero de su sueldo que pasó a las cuentas del SOEME.

 

 

Fuente: Diario La Capital de Mar del Plata

http://www.lacapitalmdp.com/afiliaciones-compulsivas-al-soeme-los-antecedentes-en-mar-del-plata-del-gremio-manejado-por-marcelo-balcedo/

 

 

 

Alquileres de verano por Internet: qué hacer cuando se sufre una estafa

Alquileres de verano por Internet: qué hacer cuando se sufre una estafa

Desde Info-Lab, un organismo conformado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, la Universidad Fasta y la Municipalidad, realizaron una seria de recomendaciones a  tener en cuenta cuando se vive una situación de esas características.

Comenzó el verano y las estafas en los alquileres temporarios por Internet suelen incrementarse. Por ese motivo, desde Info-Lab, un organismo multidisciplinario conformado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de General Pueyrredon y la Universidad Fasta, dieron a conocer una serie de recomendaciones a tener en cuenta en caso de sufrir un hecho de esas características; así como también qué medidas tomar para evitarlo.

"Es un delito frecuente en verano, todos las temporadas se reitera", explicó en diálogo con 0223 Sabrina Lamperti, instructora judicial de la UFI de Delitos Económicos N°10, una de las unidades fiscales que nuclea las denuncias de este tipo de estafas económicas.

Una denuncia por estafa de alquiler temporario puede realizarse en cualquier comisaría o mediante un escrito a mano en la Fiscalía General. "Lo más importante es acompañar la denuncia con el dato de la publicación a través de la cual se tomó contacto con la persona", indicó Lamperti y aclaró que no hay que olvidarse añadir la URL de la página, por lo que se recomienda una captura de pantalla desde una computadora y no desde un celular, para su mejor lectura.

Además, el turista debe sumar el comprobante del depósito bancario o del envío de dinero, y "todos los mails o mensajes que haya intercambiado con el estafador".

Consejos para evitar una estafa

"Lo más importante para saber es que este tipo de delitos se puede evitar", explicó Lamperti a este diario digital. En ese sentido, desde Info-Lab realizaron una campaña de concientización con algunas recomendaciones.

El primer consejo es analizar quién hizo el anuncio de la propiedad, si es una inmobiliaria o una persona en particular; para luego rastrear la mayor cantidad de datos posible con ese nombre. 

El segundo, es buscar en Google Maps la dirección de la vivienda para comprobar su existencia. "Muchas veces hacen publicaciones con departamentos en alturas cerca del mar que no existen", sostuvo la investigadora de InfoLab.

Otra advertencia que señalan desde el organismo interdisciplinario es constatar que el nombre de la persona con la cual uno toma contacto coincida con aquel que uno va a depositar.

"También pedimos que no hagan depósitos muy grandes, por lo general más del 20% no es necesario", finalizó Lamperti, quien desde el año 2014 forma parte del organismo que busca combatir el cybercrimen y trabaja con todos los aspectos de los delitos relacionados con Internet. 

 

 

 

 

Fuente: 0223

https://www.0223.com.ar/nota/2017-12-30-20-30-0-alquileres-de-verano-por-internet-que-hacer-cuando-se-sufre-una-estafa

 

 

Casos "Cuentos del Tío"

 

Desde Fiscalía General se alerta a la ciudadanía de Mar del Plata y de localidades cercanas (en los que se han dado casos últimamente, como Miramar o Santa Clara del Mar) por la reiteración de hechos delictivos del tipo de Estafas, con una de las formas del conocido "Cuento del tío", que revisten características comunes, tales como:

• las víctimas son personas de avanzada edad, que frecuentemente viven solas y tienen ahorros en sus casas;
• reciben llamados al teléfono fijo, de parte de personas que (simulando algún resfrío o problemas del sonido en el teléfono) refieren ser hijos, sobrinos o nietos de la víctima, a quien le dicen que recibieron información bancaria de que: a) los billetes actualmente circulando deben ser cambiados por unos nuevos, por disposición del Banco o del Estado; b) se está por decretar una devaluación u otra medida económica grave y que hay que comprar (o vender) los dólares en forma urgente; c) hay que llevar los billetes al banco, por cualquier otro motivo, para cambiarlos por otros billetes o por otra moneda; o cuestiones de ese tipo;
• por ese motivo, el supuesto familiar que llama le dice al abuelo o a la abuela que va a pasar por su domicilio "el Contador", o bien "un empleado del Banco", o bien "un amigo que sabe de estas cosas"; de parte del sobrino o del hijo, para retirar el dinero, los billetes que tiene el abuelo o la abuela, y que se los entregue a él, indicándole incluso en qué auto va a concurrir y el nombre (obviamente falso) de la persona que ir, o a veces un número clave para que el abuelo recuerde;
• al poco tiempo se presenta la persona indicada, y el abuelo o la abuela hacen entrega confiada del dinero, según le haba dicho el falso hijo o sobrino; y
• en algunos casos, hasta se les dice al abuelo o a la abuela, con mucha precisión, qué sumas de dinero tiene, en qué lugares está, si tiene pesos y/o dólares, etc; incluso, se suele hacer referencia a nombres de familiares, o a circunstancias de la vida familiar (por ejemplo, viajes), para generar una mayor confianza; todo ello permite también considerar que los autores de este tipo de ilícitos acceden a cierta información de la familia y de la situación del abuelo o de la abuela.

 

La creciente cantidad de estos hechos obliga, mientras se continúa con la correspondiente tarea investigativa, a alertar a las familias, y sugerir que se tomen algunas medidas, tales como:

• advertir a sus familiares mas ancianos, explicándoles que nada de esto es verdadero;
• evitar que los abuelos tengan sus ahorros en sus casas;
• instruir a los abuelos, para que directamente no consientan ningún diálogo de esta clase; y 
• evitar, en lo posible, el uso del teléfono fijo, o bien gestionar a los abuelos un teléfono móvil para las comunicaciones familiares.

Ante cualquier llamado semejante, se aconseja cortar la llamada e inmediatamente dar aviso a la policía, que estará debidamente instruida para actuar en caso de reiterarse el intento.

 

 

Fuente: Prensa Fiscalía General

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/2018/02/fiscalia-general.html

 

 

Traslado del Dr. Berlingeri - Reasignación de investigaciones

INFORMAMOS

Que el Fiscal Fernando Berlingeri, ha sido designado para cumplir funciones en otra Unidad Fiscal, razón por la cual las investigaciones penales que lo tenían como titular (aproximadamente unas 700) serán reasignadas a los Fiscales Roberto Javier Pizzo y Carlos David Bruna.

A dicha tarea se debe sumar la de asumir la agenda de audiencias en juicio y etapa intermedia del Fiscal mencionado, y asimismo analizar y distribuir las investigaciones que ingresan mensualmente.

"El paradigma cambia y el sistema judicial todavía va a trote"

“Las carencias de recursos afectan directamente a la Justicia”

Así lo aseguró el fiscal de delitos económicos, Javier Pizzo, en un mano a mano en los estudios de Radio Mitre Mar del Plata. En este marco, reflejó las dificultades que presenta la falta de herramientas propicias para realizar las investigaciones.

 

 

El Fiscal de Delitos Económicos, Javier Pizzo, brindó un panorama de la actividad judicial en Mar del Plata y criticó la falta de recursos con las que cuenta el poder jurídico. Entre otras problemáticas, apuntó que las carencias presupuestarias y de infraestructura “afectan directamente a la Justicia”.

 

“Las estafas son múltiples, no es lo mismo una por internet, que una inmobiliaria o de automotores. Tenemos la carencia de recursos crónica conocida del Ministerio Público Fiscal. Esta competencia era abarcada por 6 fiscales, hoy somos 3, las obligaciones fueron en crescendo durante el tiempo. La dinámica social es más complejo y la necesidad de resultados de la gente es inmediata. El paradigma cambia y el sistema judicial todavía va a trote”, afirmó Pizzo en un mano a mano en los estudios de Radio Mitre Mar del Plata.

 

En este sentido, aseguró que se debe “poner arriba de la mesa los recursos que tiene una fiscalía para ver si es eficiente o no y evaluar si los objetivos se cumplen”, algo que “a veces al Poder Judicial no le gusta”.

 

Una de las problemáticas que tiene la fiscalía de delitos económicos es que “tiene una carga administrativa mayor” y pocos agentes. “Se atienden a 80 personas por día. Al mismo funcionario que está contestando una nulidad técnica, en una causa importante, después tengo que enviarlo a hacer un oficio o cartas por correo”, dijo el fiscal.

 

“Esto afecta directamente a la justicia. A las carencias que tenemos nosotros, que son muy importantes (falta de capacitación en algunos casos, no rendir cuentas) se suma a las carencias propias de una organización y a las otras presupuestarias”, aseveró Pizzo.

 

Asimismo, criticó las pocas herramientas con las que cuenta la Justicia:”Es necesario otorgarle recursos al poder judicial. En los delitos económicos tenemos un solo contador, que hace pericias contables (difícil explicarle a la gente que una pericia va a demanda un año)… A veces hago pasar a la gente que viene a reclamar para que mire, que conozca la dinámica, porque es difícil.  No podemos recoger pruebas por que sí, no es una serie americana”.

 

“La necesidad pasa por formar en gestión a los funcionarios y dinamizar las causas importantes. No podemos delegar en los cuerpos investigativos de la policía la investigación de funcionarios públicos, por lo que necesito mayor infraestrucutra”, detalló.

“Es imposible atender todos los casos”

En relación al trabajo cotidiano de la fiscalía, Javier Pizzo precisó que se enfocan en las organizaciones criminales, que son estructura que dañan más que las estafas. Además, apuntó que “es imposible que un operador judicial investigue 200 casos”.

 

“Lo que estamos tratando de hacer es dar respuesta a partir de organizaciones criminales. La fiscalía elevó a juicio a verdaderas organizaciones criminales, estructuras que dañan más que los 50 casos de la flagrancia que atendemos por fin de semana. El perjuicio económico de una defraudación es muchísimo mayor en las estafas. No podemos atender todos los casos, es literalmente imposible, siempre fue así. Hay muchas cosas que están ahí y es imposible que un operador judicial investigue 200 casos. Más en nosotros que no podemos delegar la investigación”, aclaró el fiscal.

 

Los delitos informáticos están en crecimiento y refleja distintos desafíos permanentes para el poder judicial. “Un francés compra en una tienda inglesa por internet con una tarjeta de un marplatense. Le gastan 1000 dólares y la investigación es más costosa que eso. Además, es difícil que terminemos arrestando al ciudadano francés”, ejemplificó.

 

“Nos preocupan las organizaciones. Que la gente sepa que si no puedo resolver el caso concreto, estoy detrás de una organización que puedo cortar un tema fuerte”, afirmó Pizzo y agregó que todo el tiempo tienen la mirada puesta sobre el funcionario público.

 

“Tenemos que hacer es ser prudentes cuando afectamos a cualquier ciudadanos. La mayoría de nuestros imputados son profesionales y tratamos de agilizar la causa en la medida de lo posible para que esa persona ejerza el derecho de defensa. Los intereses que promueven los delitos económicos también pueden ser políticos. Casi siempre son profesionales que aprovechan eso para ganar un beneficio, gente pensante, técnicamente preparada”, describió el fiscal.

Fuente:
https://elmarplatense.com/2017/11/14/las-carencias-de-recursos-afectan-directamente-a-la-justicia/